Viento Sur¿Cuánto vale la cultura? La idea de un piso para el presupuesto cultural
El presupuesto cultural depende de la voluntad de cada gobierno, y cuando hay ajuste es lo primero que se recorta. ¿Y si tuviera un piso por ley?
En la Argentina, el presupuesto de cultura no tiene ningún piso legal. Cada gobierno decide cuánto asigna, y cuando llega un ajuste, la cultura suele ser la primera en perder. Según datos del CEPA, entre enero y julio de 2026 la Secretaría de Cultura ejecutó un 58 % menos en términos reales que en 2023, mientras el gasto total del Estado nacional cayó 32 %. La pregunta es si tiene sentido que un sector clave para el empleo, la economía y la identidad dependa tanto de la coyuntura.
Cómo funciona hoy
El financiamiento cultural combina partidas del Tesoro, que se discuten cada año, con algunos recursos propios de ciertos sectores. El cine es el ejemplo más conocido: se financia en parte con asignaciones específicas, como el impuesto a las entradas. Pero incluso esos mecanismos tienen fecha de vencimiento: las asignaciones específicas del INCAA se extinguen en enero de 2028.
El peso de la cultura en el presupuesto nacional siempre fue bajo. En 2014, por ejemplo, rondaba el 0,59 %, según un chequeo de Chequeado, que también recoge la referencia, muy citada, de destinar al menos el 1 % del presupuesto a cultura.
Qué se discute en otros lados
Ese 1 % funciona en muchos países como una meta política. En Chile, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric se comprometió en 2024 a acercarse a ese porcentaje durante su mandato.
La idea de un piso por ley va un paso más allá: no depender de la voluntad de un gobierno, sino fijar un mínimo protegido, con una progresividad que permita alcanzarlo de a poco. Podría combinar aportes del Tesoro con recursos propios del sector, como gravámenes audiovisuales o eventuales cánones sobre nuevas tecnologías, sin que unos reemplacen a los otros.
Las complejidades
La propuesta tiene tensiones. Los pisos presupuestarios suman rigidez: en un país con crisis recurrentes, ¿cómo se protege un porcentaje sin desfinanciar otras áreas? ¿Cómo se distribuye ese dinero entre la Nación y las provincias, para que no se concentre en el centro? ¿Qué controles garantizan que un piso no termine siendo un techo, o una partida que se ejecuta mal? Y una más política: ¿cómo se construye el consenso para que una ley así sobreviva a los cambios de gobierno?
Son preguntas abiertas. Pero discutirlas es también discutir qué lugar le damos a la cultura: si es un gasto que se recorta cuando aprieta, o una inversión que el país decide proteger.
