Aspectos políticos
Corrupción y descontrol libertario
Los acontecimientos de las últimas semanas muestran con crudeza la doble cara del actual gobierno: una trama extendida de corrupción que involucra a funcionarios y empresarios cercanos al poder, y una ofensiva contra la libertad de expresión para intentar tapar el escándalo.
El gobierno impulsó una denuncia penal contra periodistas del canal de streaming Carnaval y procuró imponer una mordaza judicial para impedir la difusión de audios de Karina Milei. Se trató de un intento flagrante de censura previa, repudiado como un “atropello gravísimo contra la libertad de expresión”. Lejos de silenciar la polémica, el episodio fijó en el debate público la consigna del “3% de Karina”.
Los hechos de corrupción emergen en múltiples frentes. Están documentadas denuncias en distintos medios sobre la Agencia Nacional de Discapacidad, con la hermana del presidente, Karina Milei, directamente involucrada; el PAMI, con sobreprecios escandalosos en la compra de lentes intraoculares, con pagos de hasta seis veces el valor de mercado; y la obra social de los peones rurales (UATRE), con contrataciones vinculadas a Martín Menem. Todo esto se suma a antecedentes como el caso $Libra, que ya había puesto en evidencia la opacidad de las redes financieras ligadas al oficialismo.
La complicidad empresarial aparece en el accionar de los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, que resistieron durante 14 horas un allanamiento judicial y se negaron a entregar claves de acceso a información clave. Sus vínculos políticos quedaron expuestos en imágenes públicas, como la de un partido de pádel con Mauricio Macri.
Peritajes contables señalan diversas hipótesis sobre cómo la empresa podría haber generado el dinero negro con el que se pagaban sobornos: manipulación de “gastos de comercialización”, alteración en la “valuación de inventarios”, uso del “resultado financiero” o retiros de utilidades. Según denuncias judiciales, los pagos a Karina Milei habrían alcanzado los 800.000 dólares mensuales.
La maniobra oficial para silenciar a la prensa recuerda experiencias previas en la historia argentina. En 1990, la jueza María Servini de Cubría intentó censurar al humorista Tato Bores para impedirle hablar del “Yomagate”, escándalo que involucraba a la cuñada del presidente Carlos Menem. La reacción del periodismo y de la sociedad democrática fue unánime en defensa de la libertad de expresión, lo que fortaleció aún más la denuncia pública.
En la misma línea, el oficialismo buscó prohibir la difusión de audios comprometedores y llegó a solicitar el allanamiento de los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, junto con el del dueño del medio. Se trata de una reedición de aquella historia: un gobierno que intenta acallar a la prensa para encubrir la corrupción.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó justificar estas medidas con un relato conspirativo: habló de una operación internacional conducida por “ex servicios de inteligencia rusos” y Venezuela para desestabilizar al gobierno. Delirante. La propia ministra osciló entre acusar a espías extranjeros y admitir que “no sabemos quién fue”.
La cautelar que prohibió difundir los audios fue dictada por Alejandro Marianello, juez del fuero civil con un historial preocupante: acumula ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual a empleadas. La elección de un magistrado con semejante prontuario para una medida de censura revela la precariedad y el descrédito de la estrategia oficial.
Opinión pública, confianza y caída de imagen tras el escándalo
El impacto del caso de corrupción atravesó de manera inmediata la conversación pública y reconfiguró la percepción social sobre el gobierno. Según AdHoc, durante agosto trece de los quince temas más discutidos en torno a Javier Milei en redes sociales estuvieron vinculados a las coimas. El intento oficial de encuadrar la situación como una “operación del kirchnerismo” fracasó estrepitosamente: el 99% de las menciones se centró en la palabra “coimas” y apenas un 1% en la idea de conspiración. Este clima se trasladó al terreno político, con abucheos y protestas contra Milei y su hermana en actos de campaña en Lomas de Zamora y Corrientes.
Las encuestas reflejan con nitidez este deterioro. Un estudio de Hugo Haime muestra que, tras el estallido del escándalo, la aprobación presidencial cayó a 38%, tres puntos menos que en julio, mientras la desaprobación trepó al 58%. En la Casa Rosada admiten en privado una pérdida de entre cinco y ocho puntos de imagen positiva. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) marcó en agosto 2,12 puntos, el nivel más bajo de todo el mandato y un retroceso de 13,6% respecto al mes anterior. En comparación con agosto de 2024, la caída es del 16,5%. El promedio de confianza en los veinte meses de gestión de Milei se ubica en 2,48 puntos, apenas por debajo del registro de Mauricio Macri en el mismo período.
La evaluación de la gestión nacional acompañó esta tendencia: entre julio y agosto la valoración positiva cayó más de ocho puntos, hasta ubicarse en el 39,9%, mientras que la negativa ascendió al 57%. Los cinco componentes del ICG retrocedieron de manera simultánea: se desplomó la percepción de que el gobierno se preocupa por el interés general, disminuyó la confianza en su capacidad para resolver los problemas del país y cayó la evaluación de la honestidad de los funcionarios, con una baja cercana al 10%.
La figura de Milei arrastra también un marcado desgaste. Su imagen negativa alcanza ya el 58,5%, contra un 39,8% de positiva, con un diferencial adverso de casi veinte puntos. El rechazo es mayor entre mujeres, en los segmentos de edad de 30 a 49 años y en quienes tienen educación universitaria. Karina Milei presenta un cuadro aún más crítico: su imagen negativa supera el 61% y trepa hasta 72% entre los universitarios, con un diferencial negativo de casi treinta puntos. La responsabilidad por el “caso Spagnuolo” recae directamente sobre ambos: el 58% de la población considera responsable al presidente y el 59% a su hermana. En total, más de ocho de cada diez encuestados les asignan “mucha” o “alguna” responsabilidad en el escándalo.
En paralelo, Axel se consolidó como la figura con mejor imagen en el país.
Los indicadores económicos y sociales de confianza completan este panorama adverso. El Índice de Confianza del Consumidor cayó en agosto un 13,9% respecto al mes anterior y retrocedió un 3,6% en la comparación interanual. La percepción sobre la situación macroeconómica se deterioró aún más, con una baja mensual del 13,7% y una interanual del 18,4%, arrastrada por la caída en las expectativas de corto plazo. Más de la mitad de los encuestados declara que el escándalo modifica su confianza en la gestión nacional, y casi un 50% afirma que lo hace de manera “muy significativa”. Ocho de cada diez sostienen que Milei debería dar una respuesta pública sobre lo sucedido, y seis de cada diez reclaman que lo haga de inmediato. Incluso dentro de la base propia, el 15% de votantes de La Libertad Avanza admite que, a raíz de este caso, dejará de apoyar al espacio.
Aspectos económicos
Volatilidad y crisis de confianza
La crisis de corrupción que golpea al oficialismo se entrelaza con una situación económica cada vez más frágil. En los últimos días, la atención pública se desplazó también hacia el frente financiero, donde la volatilidad se convirtió en el signo dominante. Los mercados observan con creciente inquietud una política económica que se percibe errática, marcada por medidas desesperadas y contradicciones en el propio discurso oficial.
Incluso figuras a las que Javier Milei había reivindicado como referentes, como Domingo Cavallo, cuestionaron con dureza la orientación actual. Cavallo describió la gestión como un entramado de “controles e intervenciones casuísticas” que alimentaron la inflación, paralizaron la actividad productiva y acentuaron la incertidumbre. Con un diagnóstico implacable, sostuvo que el verdadero problema no es el “riesgo Kuka”, sino el “riesgo Caputo” y el “riesgo Milei”. A esta crítica se sumó Ricardo Arriazu, hasta hace poco un defensor del plan, que ahora lo da por fracasado.
El gobierno ensayó en los últimos días una serie de maniobras para contener el dólar que, lejos de estabilizar la situación, reforzaron la percepción de improvisación. Se implementaron encajes preventivos a los bancos, se convalidó una tasa del 76% para la compra de LECAPs, el Banco Central intervino adquiriendo títulos y se multiplicaron las operaciones en el mercado de futuros. La última medida fue publicada por Pablo Quirno -Secretario de Finanzas- e implica el definitivo entierro del dogma liberal. El gobierno va a intervenir en el mercado cambiario vendiendo dólares. La venta de 300 millones de dólares del Tesoro, la “bala de plata”. El hecho de que se intentara ocultar el origen de esas divisas —rompiendo la promesa de no intervenir en el mercado cambiario hasta alcanzar el techo de la banda— generó un fuerte deterioro en la credibilidad de la política económica. La posterior confirmación de la maniobra, sumada al mal resultado electoral de La Libertad Avanza el fin de semana, derivó en un salto inmediato del dólar que pudo ser controlado con venta de 100 millones de dólares en un día. El cambio de política, en pleno proceso electoral, demuestra que el gobierno está desesperado, se está quedando sin herramientas. La falta de planificación en la intervención es aparte oneroso, porque “el mercado” no confía y sale a comprar aún más. El esquema, a mediano plazo, se ve desastroso.
La presión cambiaria se ve agravada por una fuga de capitales de magnitud inédita. Desde la liberación del cepo para personas físicas en abril, la compra neta de dólares por parte de individuos ya suma casi 15.000 millones, una cifra que supera incluso el desembolso del Fondo Monetario Internacional en el mismo período. Si se contabilizan además pagos de deuda y gastos de turismo, la pérdida de divisas asciende a más de 30.000 millones de dólares. Solo en julio, los argentinos destinaron 3.500 millones a la compra de dólares para atesoramiento, un volumen calificado como “escalofriante”. Este drenaje constante en un contexto de reservas negativas vuelve insostenible el esquema cambiario y desnuda el agotamiento de un modelo que se sostenía en base a expectativas que ya se quebraron.
Aspectos sociales
El industricidio y el quiebre del pacto social
El Día de la Industria dejó en claro el desolador estado del aparato productivo argentino. Con la mitad de la capacidad instalada detenida y caídas en casi todos los rubros, salvo el petróleo, el panorama se resume en la frase repetida en el acto de Axel en San Martín por la efeméride: “hay poco para festejar”. En 2025 la producción industrial promedia dos puntos por debajo de un 2024 que ya había sido considerado un año calamitoso. La combinación de caída de ventas, apertura de importaciones, aumento de costos y recortes presupuestarios a instituciones clave como el INTA, el INTI y la degradada Secretaría de Industria compone un verdadero “industricidio”.
El golpe se siente en todos los sectores. La metalurgia atraviesa despidos masivos en fábricas históricas como Acindar y Acerbrag, con epicentros de conflicto en Villa Constitución y San Nicolás. La industria automotriz aplica suspensiones en terminales como Scania y Toyota. El textil se derrumba en polos tradicionales de Mar del Plata, Catamarca y La Rioja. A su vez, la apertura de importaciones impacta de lleno en el papelero y el forestal, mientras empresas de materiales de construcción y químicas emblemáticas como Ferrum, Clariant o Petroquímica Río Tercero paralizan líneas de producción. En apenas unos meses se perdieron casi 40.000 puestos de trabajo industriales y desaparecieron más de mil empresas. El silencio de buena parte de la dirigencia empresarial frente a esta destrucción contrasta con la magnitud de la crisis, y se expresó simbólicamente en la decisión de no invitar a Milei al acto central.
El deterioro productivo se traduce en un impacto social devastador. Los salarios se desploman frente a la inflación y las familias recurren al endeudamiento para llegar a mitad de mes. El consumo financiado, que por años sostuvo a la clase media, prácticamente desapareció: las tradicionales 18 cuotas sin interés se redujeron a planes cortos con tasas elevadas, lo que frena las ventas en rubros clave. Los jubilados son los más golpeados: con aumentos vetados por el Ejecutivo y recortes en prestaciones del PAMI, millones deben elegir entre alimentos, alquiler o medicamentos. La pobreza en este sector, históricamente baja, se disparó en paralelo a escándalos de corrupción en la misma obra social. A la vez, el sistema público de salud sufre un proceso de desguace y las personas con discapacidad denuncian haber sido “ajustadas y humilladas” por políticas de recorte brutal.
Este escenario económico y social había sido tolerado, en parte, bajo la promesa oficial de que los sacrificios respondían a la construcción de un país diferente, sin casta y sin corrupción. El estallido del caso de las coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad dinamitó ese relato. La idea de que los recursos sustraídos estaban destinados a los sectores más vulnerables —niños con autismo que quedaron sin tratamiento, jubilados que no acceden a medicación— genera una indignación transversal que atraviesa clases sociales y pertenencias políticas.
El malestar se expresa en protestas espontáneas, abucheos en actos oficiales y hasta en estadios de fútbol. Se ha convertido en una marca de oposición popular, no partidaria, que emerge como reflejo directo del quiebre de un pacto social: la certeza de que el ajuste no solo es injusto, sino que además está atravesado por la corrupción.
