Reseteo del gobierno.. o un poco de maquillaje
A pesar de las sugerencias internacionales para ampliar la base política, las decisiones recientes del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei confirman que el gobierno no adoptará una estructura de coalición. Por el contrario, se orienta a reforzar su identidad y mantener un estilo personalista, donde las incorporaciones externas funcionan más como cooptaciones que como alianzas formales. La apuesta es sostener un núcleo homogéneo, aun a costa de dificultar la negociación con otros actores.
El objetivo inmediato del Ejecutivo es normalizar precios, contener la inflación y regularizar tarifas para favorecer la inversión privada y el movimiento de la economía por impulso propio. Las reformas laboral y tributaria, previstas para sesiones extraordinarias en enero, serán el test decisivo de esta estrategia. El dilema es si un gobierno en minoría parlamentaria podrá avanzar con un shock de medidas o deberá retroceder hacia un gradualismo forzado por las negociaciones con otras fuerzas.
Los nombramientos recientes expresan con claridad la orientación elegida. Pablo Quirno, al frente de la Cancillería, refuerza la línea de un “gobierno economicista”, centrado en las finanzas y con eje en la relación con el Tesoro estadounidense. Su designación, además de mostrar la confianza de Karina Milei, implica un repliegue hacia la identidad propia. La llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete confirma esa lógica: se trata de una figura alineada con el estilo confrontativo del presidente, que refuerza la autoridad del entorno más cercano y desplaza a sectores más dialoguistas.
El caso de Diego Santilli en el Ministerio del Interior representa el ejemplo típico de cooptación. Su incorporación, pese a su pertenencia al PRO y su mala relación con Mauricio Macri, muestra la decisión de absorber figuras externas sin compartir poder político. Su vínculo fluido con Karina Milei y con la familia Menem refuerza su peso dentro del nuevo esquema.
Dentro del gobierno, las tensiones internas son evidentes. Se atribuyen a Santiago Caputo maniobras mediáticas contra funcionarios desplazados como Gerardo Werthein y Guillermo Francos, lo que habría precipitado sus salidas. Milei parece haber cerrado filas en torno a su hermana, consolidando su rol como figura decisiva en la definición de cargos y estrategias.
Santilli asume la responsabilidad de negociar con gobernadores y el Congreso, lo que le otorga un poder político clave en el armado futuro. La relación con Macri, sin embargo, está prácticamente rota. La salida de Francos, impulsor de un acercamiento con el expresidente, y la llegada de Santilli marcan un punto de no retorno. Aun así, la base electoral macrista mantiene una simpatía con el mileísmo que dificulta una ruptura abierta.
El Senado será otro campo de disputa, ya que allí deben aprobarse los nombramientos judiciales y la designación del Procurador General. Las negociaciones previas con el kirchnerismo, antes canalizadas por Sebastián Amerio, quedaron en suspenso tras la intervención de Karina Milei, lo que dejó ese frente sin conducción clara.
En el plano opositor, Cristina Fernández de Kirchner advirtió que el gobierno buscará “quebrar al peronismo”, y el perfil de Santilli —conocedor del conurbano y del aparato territorial— parece confirmar esa preocupación. El peronismo enfrenta el dilema de resistir las reformas laboral y fiscal o adaptarse a un nuevo escenario político.
En el vínculo con Estados Unidos, la llegada del embajador Peter Lamelas refuerza el canal formal entre Washington y Buenos Aires. Esto podría limitar la injerencia de Santiago Caputo, que hasta ahora intentaba controlar esa relación.
La configuración del gabinete puede pensarse como la reconstrucción de un castillo: en lugar de abrir el foso para recibir aliados, el constructor levanta muros altos y estrechos, ubicando a su familia y a unos pocos leales en los puntos estratégicos. La estructura garantiza cohesión interna y pureza doctrinaria, pero complica el acceso a los materiales necesarios para construir —las reformas—, ya que cada piedra dependerá de la negociación con los reinos vecinos, dispuestos a colaborar solo a cambio de una parte del tesoro fiscal.
Milei al gobierno, JP Morgan al poder
El gobierno de La Libertad Avanza se ha caracterizado por la fuerte presencia de ex-ejecutivos de JP Morgan en su estructura. Con la designación de Alejandro Leu como nuevo secretario de Finanzas, ya son siete los ex JP Morgan que integran el gabinete: Luis Caputo (Ministro de Economía), Santiago Bausili (Presidente del Banco Central), Pablo Quirno (Canciller), Vladimir Werning (Vicepresidente del Banco Central), José Luis Daza (Viceministro de Economía), Demian Reidel (Estratega de IA y temas nucleares) y el propio Leu. La influencia de Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, resulta visible: su visita a Buenos Aires, poco antes de las elecciones, incluyó encuentros con Milei y otros banqueros y empresarios, en un gesto interpretado como una señal de alineamiento político y financiero.
La conformación del gabinete refleja una estrategia geopolítica que vincula los intereses de Wall Street con la administración de Donald Trump. El objetivo regional es impulsar una reforma laboral que facilite un nuevo esquema productivo en el Cono Sur: un polo industrial de bajo valor agregado que sustituya parcialmente a China como proveedor de bienes a Estados Unidos. Este proyecto, que combina la lógica del libre mercado con la de una “maquila regional”, busca reposicionar a América del Sur como zona de producción dependiente del capital estadounidense.
La llegada del nuevo embajador Peter Lamelas, amigo personal de Trump, refuerza esta estrategia. Su tarea, según trascendió, es recorrer las provincias argentinas y negociar directamente con los gobernadores para limitar la influencia de empresas chinas en los territorios con recursos naturales. Lamelas fue uno de los artífices del apoyo financiero del Tesoro estadounidense a la campaña de Milei, un respaldo que habría estado condicionado a su triunfo electoral.
La reforma laboral constituye el eje de esta articulación entre Washington y Buenos Aires. La propuesta apunta al 40 % de la población económicamente activa que hoy vive en la informalidad o el trabajo precario. Los defensores de la flexibilización sostienen que permitirá “modernizar” el empleo y fomentar la “mentalidad emprendedora”, argumentando que cualquier mejora representaría un nuevo derecho para quienes no tienen ninguno. Sin embargo, la evidencia empírica muestra lo contrario.
Durante el menemismo, las leyes de empleo de 1991, los nuevos regímenes de convenio colectivo de 1995, el Monotributo de 1998 y la Ley Banelco de 2000 incrementaron la informalidad hasta casi el 50 %. En el presente, el sector de la construcción, que ya opera con un sistema flexible —el fondo de cese laboral de la UOCRA, que reemplaza las indemnizaciones—, muestra que más de tres de cada cuatro trabajadores se desempeñan en negro. La volatilidad del empleo en ese sector también demuestra que la flexibilidad no garantiza estabilidad. Asimismo, las empresas de empleo temporario evidencian que, en contextos de recesión, no solo se pierden puestos, sino que los trabajadores contratados reducen sus horas; si todo el mercado laboral funcionara bajo esa lógica de “usar y tirar”, el empleo se volvería abiertamente procíclico.
En el frente financiero, la aparente euforia inicial —con el Merval en dólares subiendo un 45 % tras la elección— convive con una fuerte fragilidad macroeconómica. La fuga de capitales alcanzó niveles récord: en septiembre, las personas físicas compraron 1.080 millones de dólares, la cifra más alta desde 2018. Considerando la formación de activos externos, el monto llegó a 6.570 millones, el registro mensual más elevado desde 2002. En lo que va del año, la fuga acumula 24.500 millones de dólares, casi el doble de lo desembolsado por el FMI en su primer rescate.
Frente a la presión cambiaria, el gobierno aplicó un torniquete monetario con tasas de interés por encima del 150 %, que en el caso de los adelantos en cuenta corriente llegaron al 170 %, muy por encima de la inflación. Este esquema encarece el crédito, funde empresas y personas endeudadas y seca la plaza de pesos: el circulante como proporción del PBI se encuentra por debajo del 3 %, cuando históricamente requeriría una inyección de 25.000 millones de dólares para recuperar niveles normales de liquidez. Es de esperar que en el nuevo escenario post electoral la tasa empiece a bajar, aunque habrá que ver la respuesta del conjunto de la economía al modelo libertario insustentable.
En paralelo, crece el debate sobre la dolarización. Un sector del gran capital argentino —coincidente con los intereses de la administración Trump— impulsa la adopción del dólar como moneda de curso legal, una política que, según el Financial Times, busca limitar la influencia de China en la región. Domingo Cavallo propuso incluso una convertibilidad con tipo de cambio flotante, asegurando que el dólar ayudaría a remonetizar la economía y expandir el crédito.
Así, el gobierno argentino aparece hoy como un laboratorio de ensayo para el nuevo orden financiero del hemisferio, donde la convergencia entre Wall Street, la Casa Blanca y el gabinete “Morgan” define no solo la política económica, sino también la orientación geopolítica del país.
El presupuesto de la Provincia de Buenos Aires
La Provincia de Buenos Aires transita una situación económica verdaderamente grave, con recesión sostenida y profundización de la crisis. Según el ministro Pablo López, la actividad económica bonaerense se encuentra aproximadamente seis puntos por debajo del nivel de 2023 (excluyendo el efecto de la sequía agropecuaria). La industria cae 10 puntos, el comercio casi 8 puntos y la construcción una estrepitosa 25 puntos — la construcción hoy es un cuarto más pequeña que en 2023. Desde diciembre de 2023 se registró una constante destrucción empresarial y laboral: se cerraron 18.000 empresas en Argentina, de las cuales 5.000 pertenecían a la provincia; la provincia suma 172.000 nuevos desocupados y perdió 40.000 empleos registrados privados, mientras que en construcción la caída supera los 90.000 puestos de trabajo. La crisis afecta todas las regiones bonaerenses y todos los bloques industriales de la provincia, que por sí sola explica el 50 % de la actividad industrial del país.
La administración atribuye esta situación a las políticas nacionales de ajuste y mengua del Estado desde diciembre de 2023. La inversión en obra pública nacional en la provincia se redujo más del 80 %, con alrededor de 1.000 obras frenas-das. El Estado nacional retiene el 70 % de la recaudación total, dejando sólo el 30 % para las provincias, mientras que la provincia aporta el 38 % de la recaudación nacional y recibe menos del 7 % de esos recursos. Además, el Gobierno provincial denuncia una deuda de casi 13 billones de pesos por parte de la Nación, incluyendo casi 2 billones de pesos vinculados a fondos previsionales (IPS / ANSES). Se reclama el Fondo Compensador para Transporte, el Fondo para Jubilaciones y el Fond o de Incentivo Docente, entre otros.
Pese a la pérdida de más de 3 billones de pesos en recursos tributarios entre 2024 y 2025 y las deudas nacionales, el gobierno bonaerense actúa como “escudo y red” para amortiguar el impacto de la crisis: ha generado más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos a través de inversión pública en 2024-25; ha destinado más de 400.000 millones de pesos a alimentos para la asistencia social (incluyendo el SAE y la Mesa Bonaerense) y alimenta diariamente a 4 millones de personas sólo entre comedores provinciales y el SAE. Además, la provincia asumió funciones nacionales abandonadas: provisión de medicamentos oncológicos y postrasplante, reactivación de viviendas y obras universitarias paralizadas, suplencia de faltantes de vacunas (como dengue) e insumos de seguridad.
Para 2026, el proyecto de presupuesto plantea sostenibilidad fiscal y recursos asegurados para las políticas esenciales. El gasto estimado total asciende a 17,341 billones de pesos, con un gasto primario de 17,088 billones. El gasto de capital previsto es de 3,434 billones, mientras que los gastos corrientes alcanzan 13,654 billones, de los cuales las remuneraciones del personal representan el 41,3 % (unos 7,155 billones). En cuanto a finalidades, los servicios sociales tienen el 61,7 % del presupuesto: educación un 20 % (3,469 billones), salud un 16,5 % (2,861 billones), promoción y acción social un 9,3 % (1,616 billones), seguridad un 15 % (2,605 billones) del total. La inversión en transporte es de 1,025 billones (5,9 % del total) y el costo por deuda pública se estima en 253 mil millones (1,5 % del total). En el plano impositivo, se prevé no aumentar la carga tributaria sobre los sectores productivos: no se modifican las alícuotas de Ingresos Brutos, pero se actualizan los montos de facturación para que más PyMEs accedan a alícuotas reducidas; se busca mayor equidad en la tributación patrimonial. En materia de endeudamiento, la provincia redujo su deuda del 9 % al 6 % del Producto Bruto Geográfico (PBG) y los intereses de la deuda del 8 % al menos del 3 % del presupuesto; solicita ahora autorización para endeudarse por el equivalente a USD 1.900 millones para afrontar vencimientos en 2026 (~$2.500 millones) y crea un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
El gobernador Axel Kicillof lanzó un llamado político en el que reclama que el Gobierno Nacional deje de agredir al federalismo y reconozca a los 17 millones de bonaerenses. Definió a la PBA como la provincia más austera del país, la que menos gasta por habitante y la que tiene menos trabajadores del Estado por habitante (junto con Córdoba), producto de una estructura de distribución de recursos históricamente adversa. Remarcó que la provincia está de pie, trabajando para compensar la “indiferencia de crueldad” de la Nación, que pareciera disfrutar la crisis y el cierre de empresas mientras impulsa un modelo productivo de baja absorción laboral.
Este escenario presupuestario bonaerense evidencia la doble tensión: por un lado, una provincia golpeada por la contracción económica y por la concentración de recursos nacionales; por otro, un gobierno provincial que intenta asumir funciones compensatorias y asegurar inversión social y productiva en un marco fiscal restrictivo.
Reforma laboral: la ofensiva regresiva y la respuesta sindical
El gobierno nacional impulsa una profunda regresión laboral, bajo el eufemismo de un “modo laboral moderno”, que busca desarticular la negociación colectiva y debilitar el poder sindical. Las declaraciones de sus funcionarios, entre ellos Federico Sturzenegger, exhiben un desconocimiento supino de la legislación laboral y del funcionamiento del Estado. La intención oficial es reemplazar la negociación sindical por acuerdos por empresa, pero los convenios por empresa ya existen en Argentina: sólo pueden aplicarse si mejoran el convenio de actividad, si derivan del convenio colectivo y si abarcan actividades específicas no contempladas. El caso Toyota es ejemplo de ello, firmado por el sindicato con personería gremial. Lo que el gobierno busca, en realidad, es quebrar la representación sindical y forzar negociaciones con comisiones internas aisladas.
La orientación es idéntica a la de los ciclos neoliberales de Menem, la Alianza y Macri, caracterizados por la quita lisa y llana de derechos. En esos períodos se modificaron o suprimieron 31 normas laborales, eliminando la ultractividad, el principio de irrenunciabilidad de derechos, los aportes patronales y promoviendo convenios individuales. El argumento actual es que los cambios normativos permitirían incorporar trabajadores informales, pero la experiencia histórica desmiente esa idea. Entre 2002 y 2015, bajo el mismo marco legal vigente, se crearon 233.000 empresas y casi 4 millones de empleos, de los cuales 2,5 millones provinieron del sector privado. Las leyes no impiden el empleo: lo hacen las políticas económicas. Por el contrario, cuando se aplicaron reformas regresivas, la desocupación se disparó: más del 18 % con Menem, más del 21 % con De la Rúa y Macri duplicó el desempleo heredado de Cristina Kirchner.
Otro frente de conflicto es el ataque a las obras sociales y al financiamiento sindical. El gobierno pretende quitarles a los gremios la administración de las obras sociales, lo que generaría un colapso en el sistema público de salud, incapaz de absorber esa demanda. Se trata además de una intromisión en la libertad de elección del trabajador, ya garantizada incluso para optar por prepagas (Resolución 1/2025 del Ministerio de Salud). El verdadero objetivo, advierte el sindicalismo, es debilitar el poder económico y político de las organizaciones que pueden discutirle poder al Ejecutivo.
Frente a la ofensiva, sectores de la CGT, la CTA y otros actores gremiales proponen discutir una reducción de la jornada laboral para repartir mejor el trabajo y generar más empleo, siguiendo la tendencia internacional —España avanza hacia las 6 horas diarias—. También impulsa la regulación del trabajo en plataformas digitales, un sector cuyo empleo creció 289 % en pocos años, y que requiere un piso mínimo de derechos: obra social, seguro, vacaciones y un código ético de uso de algoritmos. En el Congreso, los diputados de Unión por la Patria presentaron casi 300 proyectos entre 2024 y 2025 para modernizar la legislación laboral sin eliminar derechos, pero la comisión de trabajo los bloqueó.
La paradoja es que el proyecto libertario que circula —atribuido a Romina Diez— excluye justamente a los sectores que dice querer incorporar: trabajadores públicos, de casas particulares, agrarios y de plataformas. Esos grupos representan la mayoría del empleo no registrado. Si la iniciativa avanza, quedará claro que la meta no es la inclusión sino la eliminación de derechos.
El paquete de reformas propone convenios por empresa, la eliminación de la ultractividad, el fin del principio de irrenunciabilidad, cambios en vacaciones, licencias y enfermedades, el concepto de “salario dinámico” y el pago de indemnizaciones judiciales en hasta 12 cuotas. Los gremios anticipan que si el gobierno insiste con este esquema, habrá alta conflictividad. El salario dinámico, sostienen, sólo puede entenderse en el marco del Artículo 14 bis de la Constitución, que establece la participación de los trabajadores en las ganancias y la negociación colectiva como forma legítima de fijación salarial.
La disputa por la reforma laboral expresa algo más profundo: un intento de reconfigurar la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Mientras el gobierno busca disciplinar a los sindicatos y flexibilizar el empleo, el movimiento obrero responde con organización, propuestas y una advertencia clara: nadie va a quedarse con los brazos cruzados.
Golpe político a Trump
El reciente resultado electoral en Nueva York, donde Donald Trump fue barrido y aplastado, tiene una incidencia local fuerte en la política argentina. Trump es visto como el “padre político de Milei”, el principal sostén simbólico e ideológico del gobierno argentino. Si el magnate pierde el poder, el andamiaje de respaldo internacional que sostiene el plan económico local podría derrumbarse. No sólo se trata de afinidad ideológica: se señala que el entorno de Trump, a través de figuras como Scott Bessent, habría aportado fondos “constantes y sonantes” en un momento crítico de falta de reservas, permitiendo que Milei llegara con aire al proceso electoral.
Sin embargo, Trump atraviesa una fase de debilidad política. Su imagen negativa alcanza el 55%, con una caída sostenida en la percepción sobre su capacidad para conducir la economía y enfrentar la inflación. En ese contexto, Argentina parece haber quedado atada a un callejón que lleva su nombre, una dependencia que podría volverse insostenible si el trumpismo se desmorona.
El contrapeso ideológico emergió en la misma elección neoyorquina, con el triunfo del socialista Zohran Mamdani, un joven de 34 años, inmigrante musulmán nacido en Uganda. Su victoria fue categórica: “aplastó” al candidato republicano con una agenda que representa todo lo que el libertarismo detesta. En su discurso de victoria, Mamdani se presentó sin rodeos: “Soy joven, soy musulmán, soy un socialista democrático y no me voy a disculpar por eso”, y se dirigió a Trump invitándolo a “subir el volumen”.
Su plataforma incluyó subir el salario mínimo, congelar alquileres, garantizar transporte público gratuito y ampliar derechos para inmigrantes, mujeres y la comunidad trans. Su programa se financia con un impuesto marginal a los ricos, de apenas 20.000 dólares anuales para quienes ganan más de un millón, un gesto que, más que económico, es filosófico y político: una disputa cultural sobre la distribución de la riqueza. Mamdani afirmó que su candidatura representa una “amenaza existencial para los multimillonarios” que creen que pueden comprar la democracia.
La reacción libertaria no tardó. Desde Argentina, diputados como Bertie Venegas Lynch y Agustín Romo lo calificaron de “comunista musulmán” y alertaron que su modelo convertiría a Nueva York en “Formosa”. Romo llegó a afirmar que el multiculturalismo y la inmigración son el cáncer de Occidente, confirmando que la batalla cultural trasciende fronteras. Pero los resultados en EE. UU. —incluido un referéndum en Colorado que aumentó impuestos a los ricos para financiar comedores escolares— muestran que esa batalla cultural no parece rendirle frutos al eje Milei-Trump.
La crítica final apunta al Congreso argentino, que reclama más recursos para sectores vulnerables —como discapacidad—, pero evita tocar los intereses de los más ricos. No se anima a proponer restaurar el impuesto a la riqueza o a los bienes personales, derogados por el actual gobierno. En ese gesto de omisión, se sintetiza una contradicción profunda: la defensa del gasto social sin voluntad de enfrentar a los poderosos.
El caso neoyorquino ilumina una grieta global: de un lado, la concentración de riqueza y el autoritarismo financiero; del otro, la emergencia de nuevos liderazgos que, desde los márgenes, se atreven a disputar sentido, justicia y poder.
