Papeles de coyuntura
Aspectos económicos
Deuda con el tesoro
Argentina atraviesa un momento bisagra: lo que se discute ya no es el rumbo económico coyuntural, sino la entrega lisa y llana de la soberanía nacional. Bajo el esquema Milei–Caputo, el país ha quedado atado a un plan diseñado desde Washington, que gira alrededor de las órdenes que Scott Bessent —secretario del Tesoro de Donald Trump— dicta por redes sociales. Lo que en Buenos Aires se presenta como “rescate” no es otra cosa que una hipoteca de futuro.
Como si la historia se repitiese dos veces, como si lo hiciese como tragedia y después como parodia, el plan Trump–Milei nos lleva a tiempos del tratado Roca-Runciman y el estatuto legal del coloniaje. Prevé que Estados Unidos compre bonos argentinos que implica un poder de desestabilización inmediato sobre la economía nacional. Al mismo tiempo, ofrece un nuevo crédito standby que suma más deuda en dólares, comprometiendo las reservas y el margen de acción del país. A esto se añade la presión para reemplazar el swap con China por un acuerdo exclusivo con la Reserva Federal, lo que significa transferir a Washington el control absoluto de la estabilidad cambiaria.
Las condiciones son secretas, pero es claro que las exigencias será muchas: desde la publicación del tuit de Trump (a ese nivel nos estamos manejando) llegaron varias medidas, por ejemplo el fin de las retenciones cero, medida que había beneficiado coyunturalmente a la soja argentina frente a la estadounidense, lo que generó protestas entre los farmers del medio oeste gringo. La política fiscal argentina, en definitiva, empieza a definirse en función de las necesidades de los productores norteamericanos.
El trasfondo es más amplio: el Comando Sur ya dejó en claro que los recursos estratégicos de la región —litio, petróleo, oro, cobre y agua dulce— son considerados un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. La visita de Milei a Ushuaia para recibir a la generala Richardson fue la escenificación de esa entrega. En paralelo, el nuevo embajador Peter Lamelas anticipó que recorrerá provincias para impedir acuerdos con China, respaldar electoralmente a Milei y garantizar que “Cristina reciba la justicia que se merece”. En este marco, no es descabellado pensar en la instalación de una base de la OTAN en la Patagonia como parte de este esquema de control territorial. Como botón de muestra, ayer, 30 de septiembre, Milei autorizó el desembarco de tropas extranjeras por decreto 697/2025.
Tanto Bessent como la propia conducción del FMI ya condicionaron el apoyo financiero a un “resultado electoral positivo” en las legislativas de octubre. La disyuntiva se presenta con crudeza: entre una Argentina soberana o un protectorado estadounidense.
Energía nuclear a la venta
El sector nuclear argentino es uno de los logros más significativos de la política de Estado en ciencia y tecnología. Durante más de siete décadas, el país construyó capacidad propia en diseño de reactores, producción de combustible y formación de recursos humanos de excelencia, lo que le valió prestigio internacional. La energía nuclear, además de ser una fuente limpia y continua de generación eléctrica, cumple un rol decisivo en la medicina, en la investigación y en la proyección estratégica del país.
Ese entramado hoy está bajo ataque. El gobierno nacional impulsa un proceso de vaciamiento y privatización que incluye la venta de Nucleoeléctrica Argentina y el freno deliberado de proyectos centrales como el reactor CAREM, único en el mundo por sus características y con un avance del 70%. La fuga de cerebros se convirtió en la principal herramienta de desmantelamiento: salarios miserables empujan a ingenieros y técnicos a emigrar hacia empresas estadounidenses y canadienses, que absorben el capital humano formado en instituciones públicas. En apenas un año y medio, decenas de trabajadores solicitaron licencia sin goce de sueldo y cientos fueron contratados en el exterior.
El decreto que oficializa la privatización parcial de Nucleoeléctrica ya fue publicado: un 44% de la empresa saldrá a licitación en bloque y otro 5% se asignará bajo un programa de propiedad participada. Décadas de inversión estatal quedan a merced de intereses extranjeros, con el agregado de que la sustitución tecnológica parece apuntar a beneficiar a una firma privada sin trayectoria comprobada en el sector, Maersk, que se nutre de los mismos cuadros que la política de Milei expulsa.
Se trata de un despojo sistemático: desfinanciar al Estado, degradar los salarios, paralizar proyectos soberanos y transferir know how y capacidades estratégicas a corporaciones extranjeras bajo el pretexto de modernización.
La estafa de la baja de retenciones
La rebaja a cero de las retenciones por 48 horas fue presentada como un gesto para dinamizar al agro, pero en realidad se trató de una maniobra en favor de las grandes exportadoras. Apenas anunciado el decreto, las multinacionales declararon operaciones por 7.000 millones de dólares para asegurarse el beneficio, sin haber comprado aún los granos a los productores. Cuando el cupo se cerró, el precio volvió al nivel con retenciones: las empresas pagarán al productor un valor más bajo y embolsarán la diferencia, lo que implica una transferencia extraordinaria de unos 1.500 millones de dólares a su favor.
El costo fiscal fue enorme. Solo en esas jornadas se resignaron más de 1.500 millones de dólares, cifra que asciende a casi 3.000 millones si se consideran rebajas anteriores. Ese dinero hubiera alcanzado, por ejemplo, para cubrir la emergencia en discapacidad que el mismo gobierno vetó. El beneficio quedó concentrado en un puñado de gigantes: Cargill, Dreyfus, Aceitera General Deheza, entre otros, que absorbieron el 90% de las operaciones.
La paradoja es que, lejos de fortalecer las reservas, el Banco Central apenas pudo retener una fracción de esos dólares. La mayor parte se desvió a pagos de deuda o se evaporó en la dolarización de privados. Pese a la liquidación récord, las reservas siguieron cayendo. Y como telón de fondo, la medida generó fricciones con los farmers estadounidenses, que denunciaron que el gobierno de Trump apoya a Milei mientras perjudica a sus propios productores.
La supuesta política de apertura terminó siendo una estafa: perjudicó a los productores locales y favoreció a las exportadoras.
Milei en el país de las maravillas
El gobierno celebra cifras que anuncian una baja en la pobreza. Se desploma el consumo en general, particularmente en carnes y leche la cosa es un desastre. La producción no encuentra demanda. Salarios bajos. Clase media vendiendo dólares. Extraño país en que todos los indicadores económicos muestran crisis pero la pobreza baja. Los números, en principio, esconden trampas metodológicas. La canasta básica con la que se mide el umbral de pobreza sigue utilizando ponderadores de hace dos décadas, cuando los gastos en vivienda y servicios eran muy inferiores a los actuales. Eso genera una línea de pobreza artificialmente baja: menos personas caen bajo ella en las estadísticas, aunque en la realidad los ingresos no alcancen.
Además, el INDEC perfeccionó la captación de ingresos, incorporando transferencias como la Tarjeta Alimentar, que antes no estaban bien registradas. El resultado es una mejora técnica en la medición, no en la vida concreta de las familias. Así se explica parte de la supuesta baja en los índices, mientras otras mediciones alternativas ubican la pobreza real en torno al 36-38%, similar al nivel previo a la llegada de Milei.
Este es el momento en el que el gobierno podrá mostrar sus mejores estadísticas oficiales. Frente a una nueva devaluación o ajuste tarifario, los ingresos populares volverán a caer y los números exhibirán la crudeza de un esquema económico que se sostiene sólo sobre espejismos.
La crisis no termina, el barril sin fondo
El gobierno culpa al Congreso por el aumento del riesgo país, acusando a la oposición de tener una vocación destructiva, pero el motivo es la inconsistencia de la propia política económica: los dólares que entraron por la cosecha, por blanqueos y por medidas excepcionales se regalaron en lugar de fortalecer las reservas. En paralelo, se acumuló una montaña de deuda en pesos y en dólares impagable.
El supuesto “salvataje gringo” apenas duró unos días: el riesgo país volvió a subir, el dólar siguió su escalada y la confianza de los acreedores se vuelve desplomar. Lo que se presenta como orden macroeconómico es en realidad un castillo de naipes sostenido por la esperanza de que la próxima elección garantice continuidad política.
El gobierno volvió a endurecer las restricciones a la compra de dólares, en un cepo de facto que dejó fuera de juego a las billeteras virtuales. El caso más resonante fue el de Cocos, dirigida por Ariel Sbdar, que debió interrumpir la venta de dólar oficial tras la presión de su banco proveedor —presumiblemente el Banco Industrial— en lo que el mercado interpretó como una orden indirecta del Banco Central. La autoridad monetaria, bajo la conducción de Santiago Bausili, intentó despegarse del episodio asegurando que no había cambios normativos, pero aclarando que solo los bancos y casas de cambio están habilitados para ofrecer divisas, lo que en la práctica significó una nueva vuelta de tuerca al cepo.
El telón de fondo fueron unas jornadas de fuerte corrida cambiaria: el dólar en todas sus cotizaciones trepó, el riesgo país se disparó hasta los 1.230 puntos y los activos argentinos sufrieron caídas generalizadas. El dólar pisa 1450$. Para contener la presión, el Banco Central debió desprenderse de más de 700 millones de dólares, hoy entre 300 y 400, con una pérdida neta de reservas brutas de 748 millones, que cerraron en 40.374 millones. Lo más preocupante es que esta intervención se produjo en pleno cierre de la liquidación del agro, cuando se esperaba recomposición de divisas. El resultado expuso la extrema fragilidad de la economía: incluso con un flujo excepcional de dólares, el gobierno no logra acumular reservas y se ve obligado a defenderse vendiendo lo poco que tiene.
Axel como alternativa al infierno
Mientras Milei ofrece sumisión a cambio de dólares, Axel Kicillof consolidó en Nueva York un posicionamiento internacional que recupera la tradición de la tercera posición: autodeterminación de los pueblos, fortalecimiento del bloque regional y apuesta por un mundo multipolar. Allí compartió agenda con Gabriel Boric (Chile), Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Pedro Sánchez (España) en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El contraste es evidente. De un lado, la entrega de soberanía y recursos como moneda de cambio para garantizar gobernabilidad a un proyecto de ajuste sin fin. Del otro, la construcción de una alternativa que plantea recuperar la política como herramienta de integración, desarrollo y dignidad para los pueblos de la región.
Aspectos políticos
Espert y el narco
La causa que vincula a José Luis Espert con el financiamiento narco ha puesto en crisis al oficialismo libertario. Un registro contable de la organización de Fred Machado en un expediente federal en Texas revela una transferencia de al menos doscientos mil dólares a nombre de Espert en febrero de 2020. Lo decisivo es que esa fecha corresponde a un período posterior a la campaña electoral de 2019, lo que sugiere que Espert no fue solo beneficiario de un aporte, sino partícipe activo de la trama criminal. De hecho, el IRS estadounidense catalogó a los beneficiarios de esas transferencias como “cómplices”.
La relación con Machado se refleja en el crecimiento patrimonial de Espert: un aumento de casi 800% en poco más de dos años, acompañado de la adquisición de propiedades y vehículos de lujo. No se trata de un dato menor en un país donde los funcionarios suelen justificar fortunas con discursos de austeridad y transparencia.
El vínculo con la red se hace aún más evidente en el uso de bienes proporcionados por la organización. Espert se trasladaba en avionetas pertenecientes a Machado, entre ellas la matrícula N28FM, que en un trayecto desde Florida apagó su transpondedor en México antes de aterrizar en Rosario, un procedimiento típico de vuelos narcos. También se movía en un auto blindado propiedad de la misma red, vehículo en el que sufrió un tiroteo que no puede explicarse como un mero ataque político sino como un enfrentamiento mafioso. En audios filtrados, incluso Lilia Lemoine dejó entrever que el episodio estuvo relacionado con un conflicto por dinero de campaña proveniente del narcotráfico.
El entorno que rodea al economista se proyecta sobre todo el oficialismo. Lorena Villaverde, candidata de La Libertad Avanza en Río Negro, estuvo presa en Estados Unidos por narcotráfico y hoy ocupa una banca en el Congreso. Su pareja, el empresario minero Cicarelli, es señalado como testaferro de Machado. Aporta la mansión en Viedma donde el capo cumple prisión domiciliaria y fue propietario del blindado en el que viajaba Espert. Además, Cicarelli aparece como facilitador del lavado de activos a través de su empresa minera, un canal para blanquear capitales de la red narco con contactos políticos en Buenos Aires.
La cercanía entre Machado, Espert y el propio Milei también se evidencia en la trama judicial. El abogado Oneto, defensor de Machado, es a su vez abogado de Milei, y socio de Diego Spagnuolo, otro de los hombres de confianza del presidente, salpicado en el escándalo de las coimas del ANDIS. Según testimonios, fue el propio Espert quien introdujo a Milei en ese círculo de abogados.
La Corte Suprema retuvo durante casi novecientos días el pedido de extradición de Machado a Texas, una demora sin precedentes que parece haber tenido el objetivo de evitar que el narco declare en Estados Unidos sobre sus vínculos políticos. Frente a esta situación, la respuesta del presidente fue descalificar las denuncias como una “operación kirchnerista”, sin refutar ni uno solo de los hechos: la transferencia de dinero, la avioneta, el blindado. En fin, cuando solo se repite la palabra “operación” y no se ofrece ninguna prueba en contrario, la conclusión es evidente: “hay algo que esconder”.
El rol de Cicarelli sintetiza la gravedad del entramado. Empresario minero, pareja de una diputada ligada al narcotráfico, testaferro de Machado, proveedor de mansiones y blindados a políticos libertarios. Su figura permite dibujar el mapa de un entorno narco que rodea a Milei y a su espacio político, un patrón que se repite y que golpea de lleno la legitimidad del oficialismo. No sorprende que incluso voces cercanas al gobierno, como periodistas de su propio círculo o figuras legislativas como Marcela Pagano o Patricia Bullrich, exijan a Espert explicaciones públicas. Por ahora, la única respuesta ha sido un silencio inquietante, acompañado de acusaciones genéricas contra sus adversarios.
Milei no puede caminar por Tierra del Fuego
El presidente ha iniciado una serie de giras por el país con un carácter abiertamente electoral, financiadas con recursos del Estado. Sin embargo, más que un jefe de Estado, Milei se comporta como un candidato que nunca dejó de estar en campaña, rehuyendo el diálogo con gobernadores e intendentes y buscando mostrarse en recorridas que no logran escapar de la confrontación con la realidad.
Su paso por Tierra del Fuego lo dejó en evidencia. Allí intentó acercarse al mundo productivo visitando por media hora la planta de Newsan en Ushuaia, algo inusual para un dirigente que suele denostar la industria local. La movida respondió a las presiones internas de su candidato a senador en la provincia, preocupado por el descontento de los trabajadores del régimen de promoción industrial que el propio Milei puso en jaque al reducir aranceles y abrir importaciones. El gesto no alcanzó. Apenas terminado el acto, intentó una caminata por las calles que debió interrumpir en pocos minutos ante las protestas. Terminó refugiándose en un pequeño grupo, hablando con megáfono, como un candidato acorralado más que como un presidente.
La otra señal de contradicción vino del ministro Caputo, que debió anunciar la reactivación de una obra pública en la cuenca del río Salado, paralizada por el mismo gobierno hace dos años. El dragado en 9 de Julio es vital para evitar inundaciones en zonas productivas, pero había sido suspendido en nombre del ajuste. Ahora, tras el enojo del sector agropecuario por la estafa de las retenciones cero, el gobierno intenta recomponer el vínculo con una promesa que expone la improvisación de su política.
El ideologicismo de Milei choca con la realidad: un presidente que prometió destruir el Estado recurre a la obra pública para calmar a sus aliados, y un enemigo declarado de la industria que posa en una fábrica intentando recuperar terreno electoral. En su intento de sostener la narrativa de “nueva política”, queda atrapado en las contradicciones del pragmatismo más banal, al tiempo que el malestar social le recuerda que ya no puede caminar con tranquilidad ni siquiera en los rincones más australes del país.
Aspectos sociales
La imagen de Milei sigue en picada
El clima social muestra un deterioro constante para el gobierno. La percepción sobre la situación económica es mayoritariamente negativa: más de la mitad de la población considera que la situación nacional es mala o muy mala, y que el próximo año será peor. El pesimismo se agudiza en la provincia de Buenos Aires, donde casi seis de cada diez creen que sus condiciones empeorarán en uno o dos años.
A nivel familiar, las expectativas son algo menos dramáticas: un sector sostiene que podría mejorar su situación personal en el corto plazo, aunque hoy más del 60% describe su economía como difícil o mala y un 80% modificó sus hábitos de consumo. La mitad directamente no logra cubrir sus gastos mensuales.
El malestar se refleja en la evaluación del presidente. La desaprobación ya supera el 53% a nivel nacional y trepa al 62% en la provincia de Buenos Aires, el distrito clave. Su imagen positiva ronda apenas el 37%, con un índice de confianza en el gobierno en mínimos históricos. La caída se profundiza por los escándalos de corrupción, en particular el caso Spagnuolo, y por el malestar en torno al veto al presupuesto de hospitales, discapacidad y universidades.
En contraposición, la gestión de Axel Kicillof aparece más equilibrada, con una imagen positiva cercana al 50% en la provincia y una tendencia ascendente a nivel nacional. El gobernador logra instalarse como figura con proyección, superando incluso a referentes históricos del peronismo.
En el plano electoral, los sondeos muestran un escenario polarizado: a nivel nacional, La Libertad Avanza-PRO y Fuerza Patria compiten voto a voto. En Buenos Aires, sin embargo, la ventaja se inclina hacia la oposición, con Jorge Taiana como principal candidato a diputado y Espert como representante libertario debilitado por los escándalos.
La agenda pública refleja este clima de deterioro. La corrupción se instala como el principal problema del país, seguida de la inseguridad y la crisis económica. El rechazo al veto de Milei al financiamiento del Garrahan y de las universidades aparece como un signo de hasta qué punto las decisiones de gobierno erosionan su capital político.
El triple femicidio y el narco
El país entero quedó sacudido por el espantoso crimen narco de esta semana, un triple femicidio que muestra hasta qué punto la ausencia estatal -que, por cierto, viene hace muchos años y ya era muy limitada- abre paso al avance de organizaciones criminales. Lejos de replegarse, el narco ocupa funciones, provee servicios y teje una red capilar en los barrios populares.
La banda implicada pertenece a una “nueva generación de narcos”, con métodos distintos a los tradicionales: especializados en la producción de drogas sintéticas como el tusi, sin control territorial estable, violentos hasta lo sádico y con un discurso de ostentación ligado a la estética urbana, narco global y las redes sociales. Su forma de operar combina la construcción de poder simbólico con la más brutal violencia mafiosa.
El triple femicidio fue grabado y difundido como un acto ejemplificador: “esto le va a pasar a los que me roban”, dijo el líder en un video que circuló como amenaza. El crimen estaba planificado para quedar impune: los cuerpos fueron enterrados en pozos cavados de antemano.
La investigación logró avances gracias al cruce de antenas de celulares y cámaras de seguridad, que permitieron identificar la camioneta y la casa donde sucedieron los hechos. Seis personas fueron detenidas y otras seis permanecen prófugas, entre ellas miembros claves de la banda.
El trasfondo es alarmante. La desfinanciación de la seguridad provincial, el recorte de 11 mil millones de dólares por parte del gobierno nacional y la falta de coordinación entre jurisdicciones dejan un terreno fértil para que el narco se expanda. Allí donde se retira el Estado, avanza la economía del crimen. El problema es más profundo: la falta de futuro y de empleo en los barrios hace que “ser narco” aparezca como aspiración posible para los jóvenes. Sin políticas integrales que combinen persecución del dinero sucio y generación de trabajo, la violencia no hará más que multiplicarse.
El ranking de universidades: el ajuste sigue destruyendo nuestro futuro
El ataque del gobierno contra el sistema universitario sumó un nuevo capítulo con las declaraciones del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien acusó a la UBA de “pagar” para figurar en los rankings internacionales. La desmentida fue inmediata y categórica: la propia dirección de Quacquarelli Symonds (QS), responsable de uno de los rankings más prestigiosos, aclaró que no hay manera de comprar posiciones y que las acusaciones carecen de sustento.
Más allá de la polémica, el ranking QS de 2025 confirmó la fortaleza académica de la UBA, ubicada en el puesto 10 de América Latina, y la presencia de otras once universidades argentinas entre las 100 mejores de la región. Sin embargo, el informe advierte sobre una caída en la producción científica y la creciente precarización docente e investigativa, resultado directo del ajuste presupuestario.
La advertencia del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, fue clara: el desfinanciamiento empieza a mostrar consecuencias. Los recortes no solo afectan la calidad académica, sino que deterioran las posibilidades de investigación, limitan el ingreso de nuevos docentes y empujan al sistema a un círculo de precarización creciente. Mientras Milei acusa a las universidades de ser “cuevas de adoctrinamiento”, el país corre el riesgo de perder uno de los pocos ámbitos reconocidos mundialmente por su excelencia.
Nuevas quiebras, nuevas luchas
El cierre de plantas industriales se multiplica, con consecuencias devastadoras para las economías locales. En Chascomús, la planta de Tía Maruca dejó 27 trabajadores en la calle sin indemnización legal, mientras la empresa intentaba desmantelar la fábrica en plena negociación. En Tres Arroyos, en pocos días se cerraron tres empresas: el frigorífico Anselmo, con más de 90 años de historia y más de 100 empleos perdidos; la metalúrgica Mustad, que fabricaba herraduras y empleaba a 55 personas; y la agencia de neumáticos Vulcamoia.
El impacto social es demoledor. Comercios que no reciben clientes en todo el día, ciudades donde la municipalidad es el único empleador estable, trabajadores que reclaman lo básico: indemnización, aguinaldos, sueldos atrasados.
Estos cierres no son hechos aislados, sino parte de un proceso más amplio de destrucción del entramado productivo. Cada fábrica que cierra es un golpe no solo para los trabajadores directos, sino para toda la red de proveedores, transportistas, comerciantes y familias que dependen de esa actividad. La lucha por sostener empleos, frenar el vaciamiento y enfrentar al ajuste se vuelve un horizonte compartido en cada territorio donde el capital se retira dejando tierra arrasada.
Internacionales
Gaza y la flotilla Sumud
El drama humanitario en Gaza ha alcanzado un punto límite. La combinación de bombardeos masivos sobre zonas residenciales, la destrucción sistemática de viviendas, hospitales, clínicas de fertilidad, fábricas de alimentos y redes de agua, junto con el bloqueo total de combustibles y suministros, conforma un escenario donde el hambre se instala como arma de guerra. Informes del IPC, sumados a los relevamientos de organizaciones como Human Rights Watch, Amnesty International y B’Tselem, advierten que ya existe una situación de hambruna en la ciudad de Gaza y su periferia, con riesgo de expansión inmediata al resto del enclave. La Comisión de la ONU documenta discursos, órdenes y políticas de autoridades israelíes genocidas: no se trata de daños colaterales, sino de un patrón deliberado que busca imposibilitar la vida.
En este marco crítico surge la Global Sumud Flotilla, una de las expediciones civiles más grandes de los últimos años. Más de 50 barcos y alrededor de 2.000 participantes de 44 países decidieron navegar por el Mediterráneo con el objetivo de romper el bloqueo israelí y llevar toneladas de alimentos, medicinas y suministros esenciales a la población cercada. El nombre elegido, Sumud, significa “resistencia” en árabe, y condensa el espíritu de la misión: afirmar la vida frente a la destrucción planificada.
A bordo viajan activistas, parlamentarios europeos, médicos, periodistas y documentalistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg y el mexicano Carlos Pérez Osorio, quien relata desde el mar la tensión creciente del viaje. El trayecto no ha sido sencillo: tormentas, sabotajes y ataques ya pusieron a prueba la determinación de la tripulación. El mayor riesgo comienza ahora, al atravesar la “línea naranja” de las 150 millas náuticas, cuando la flotilla pierde la escolta naval y queda expuesta a la amenaza israelí de interceptar, atacar y detener a todos sus integrantes.
La postura de Italia sintetiza la hipocresía de ciertos actores europeos. Tras haber escoltado a la flotilla durante parte del trayecto, Roma exige ahora que se detenga, alegando que la expedición pone en peligro un plan para Gaza impulsado por Estados Unidos. Los tripulantes responden con dureza: ven en la maniobra italiana la intención de despejar el camino para que Israel actúe sin testigos incómodos.
Los próximos días serán decisivos. En juego no está solamente la posibilidad de que la ayuda humanitaria llegue a destino, sino también el mensaje que la flotilla intenta instalar en el mundo: que no puede haber indiferencia frente a un genocidio transmitido en tiempo real. La travesía Sumud es, al mismo tiempo, gesto de solidaridad concreta y denuncia política global.
Desde las organizaciones que impulsan la expedición se convoca a difundir las noticias, relatar el viaje y amplificar las cuentas oficiales de la flotilla. La presión internacional es quizá el único resguardo frente a la violencia de un Estado que ha declarado su decisión de impedir por todos los medios que el pueblo de Gaza reciba alivio. La consigna es simple: que nadie pueda decir mañana que no sabía.
NOTA URGENTE: LA FLOTILLA HA SIDO INTERCEPTADA POR EL ESTADO DE ISRAEL Y SUS TRIPULANTES ARRESTADOS.
