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Aspectos económicos
El presupuesto como promesa vacía
El resultado electoral reciente fue leído como un mensaje claro de la sociedad: el voto sirve, sigue siendo un límite efectivo y un llamado a que el gobierno corrija su rumbo. El presidente respondió con un discurso de quince minutos y medio en cadena nacional, en el que intentó mostrarse por primera vez como un dirigente «razonable» y «normal», en contraste con su estilo habitual. Prometió jerarquizar áreas sensibles como educación, jubilaciones y discapacidad, reconociendo los puntos débiles que marcaron sus focus groups. Sin embargo, en lugar de anunciar medidas inmediatas que alivien los bolsillos, presentó el presupuesto para 2026, basado en proyecciones económicas que resultan irreales.
El eje del mensaje fue la defensa del equilibrio fiscal como pilar no negociable del programa de gobierno, bajo la promesa de un crecimiento “inimaginable” si se mantiene esa senda. El presupuesto proyecta un crecimiento del PBI de 4,5% para el próximo año, en un contexto en el que la economía se encuentra casi paralizada. Estima una inflación de entre 7% y 12% anual para 2026 y prevé una recaudación tributaria con un salto del 22%, lo que contradice la caída actual de los ingresos fiscales producto de la recesión. En materia cambiaria, las proyecciones son directamente inverosímiles: fija un dólar promedio más barato que el actual y cifras a futuro que ya quedaron superadas por la realidad, con un oficial que cerró en $1475 al momento del anuncio, mientras el presupuesto estipula $1325 para fines de 2025 y $1423 para 2026.
Mercados, deuda y FMI en tensión
La reacción de los mercados es contradictoria. Quieren mantener un rumbo neoliberal en el gobierno pero saben del peligro que este modelo les implica y la necesidad de reconstruir el bloque de poder. El dólar futuro se disparó por encima del techo de la banda pactada con el FMI, mostrando la expectativa de una devaluación tras las elecciones. En paralelo, la dinámica de la deuda pública se vuelve cada vez más explosiva: los títulos de corto plazo (Lecaps) ya equivalen al 10% de la deuda bruta total. De aquí a 2027, Argentina enfrenta vencimientos por 95.500 millones de dólares, incluyendo nueva deuda generada por la actual gestión.
El Fondo Monetario Internacional observa con preocupación. Un mensaje ambiguo de su directora adjunta para el Hemisferio Occidental Julie Cusack fue interpretado como respaldo condicionado y dejó entrever sugerencias de devaluación y eventuales cambios en el Ministerio de Economía, con la posibilidad de diversos perfiles como reemplazo de Luis Caputo. En abril el organismo otorgó un préstamo extraordinario que excedió los límites de sus estatutos y que el gobierno ya incumplió metas de acumulación de reservas.
Ajuste para las mayorías, beneficios para pocos
El presupuesto 2026, que el Ejecutivo envió al Congreso, se presenta como un dibujo con ajustes y beneficios concentrados en los sectores de mayores recursos. Prevé un déficit comercial creciente: 2.400 millones de dólares negativos este año, 5.700 millones en 2026 y casi 9.000 millones en 2028, lo que plantea dudas sobre cómo financiar la economía en un esquema de desindustrialización y apertura importadora. El gasto social anunciado resulta insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada: se prometió un 5% de incremento en jubilaciones, 17% en salud y 8% en educación, cuando las universidades reclaman 7,2 billones de pesos frente a los 4,8 billones presupuestados. Además, la letra chica elimina metas históricas como el 6% del PBI para educación y el Fondef destinado a escuelas técnicas.
En términos impositivos, se redujo de manera drástica el tributo sobre Bienes Personales del 2,5% al 0,5%, alivio que beneficia exclusivamente a los más ricos. En paralelo, se expandieron beneficios fiscales para la economía del conocimiento, con impacto directo en grandes jugadores como Mercado Libre. El propio presupuesto reconoce que, si los números no cierran, habrá más ajuste: el gasto nacional en relación al PBI es el más bajo de los últimos treinta años y, de ser necesario, se recortarán partidas para sostener el equilibrio fiscal.
El cuadro general es de un gobierno que prometió ajuste solo para la “casta” pero lo descargó sobre jubilados, provincias y obra pública; que aseguró una recuperación rápida que nunca llegó y que ahora presenta un plan económico sostenido en supuestos improbables. En este marco, el voto popular reaparece como un recordatorio de que la democracia también sirve para frenar políticas que castigan a las mayorías.
Aspectos políticos
Fin del “fenómeno Milei”
Lo más importante que ocurrió tras la elección del 7 de septiembre en Buenos Aires es un cambio intangible pero fundamental: se rompió la percepción de excepcionalidad de Milei. Se terminó el fenómeno pop. Hasta ese momento, se había instalado la idea de que Argentina había entrado en una realidad nueva, una física política distinta en la que a Milei se le toleraban ajustes que a otros no. La derrota electoral disipó ese espejismo y demostró que Milei es de carne y hueso, su gobierno es un gobierno como todos los gobiernos: puede perder y puede ganar elecciones, y el ajuste se resiste.
Aunque el resultado de octubre no está definido, esta nueva percepción cambia el escenario político y económico. Gobernadores, sindicalistas, empresarios y opositores comienzan a ver un gobierno vulnerable y, en consecuencia, a jugar sus propias cartas.
Reconfiguración de las bases electorales
La base electoral de Milei en el conurbano bonaerense muestra una transformación clara. En términos socioeconómicos, La Libertad Avanza concentra cerca del 80% de apoyo en los sectores más ricos (countries, barrios cerrados), mientras que en los más pobres (villas de emergencia) el respaldo cae por debajo del 10%. El peronismo exhibe el patrón inverso.
Desde 2023, el peronismo mantuvo una estructura de voto relativamente estable, mientras que la alianza de Milei con el PRO se transformó por completo. Perdió apoyo en los sectores populares y en la clase media baja, donde en 2023 competía en paridad con el peronismo, y ganó peso en los sectores acomodados. La transversalidad inicial desapareció: hoy la fuerza oficialista se configura como una derecha clásica tipo PRO.
El doble plebiscito del 7 de septiembre reflejó una pérdida rotunda de votos para LLA y Juntos por el Cambio, frente a una recuperación significativa de Fuerza Patria. La apatía, la desmovilización y la falta de entusiasmo fueron patrimonio del bloque oficialista y sus aliados. Esto no debe relajarnos sobre nuestra hipótesis de la crisis de representatividad que estamos transitando, pero sí poner en primer lugar la posibilidad de reencauzar la voluntad popular con políticas correctas.
En este proceso también pesa el desencanto juvenil: el gobierno perdió 20 puntos de aprobación entre los jóvenes desde enero, un sector que había sido central en la consolidación inicial de Milei.
Un oficialismo aún competitivo
A pesar de la dura derrota, el oficialismo aún podría imponerse a nivel nacional en las elecciones de medio término con alrededor de un tercio de los votos, ya que no existe otra fuerza con representación homogénea. El panorama es distinto en la Provincia de Buenos Aires, donde el triunfo del 7 de septiembre dejó al peronismo en posición competitiva.
En octubre, las figuras nacionales tendrán más peso que las provinciales, lo que podría limitar la movilización territorial. Axel Kicillof ya activó el Movimiento Derecho al Futuro, poniendo en juego su capital político personal sin especulaciones, en función del proceso político general.
El margen del gobierno para revertir la situación parece mínimo: la economía no muestra signos de mejora en el corto plazo y las respuestas frente al escándalo de corrupción —como eventuales despidos— llegarían demasiado tarde.
Aspecto sociales
Movilización universitaria y conflicto social
Conflictos y movilizaciones activas marcaron las últimas semanas y profundizan el clima social adverso al gobierno. La marcha federal docente y universitaria convocada contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario concentra en el Congreso, con la participación de docentes, estudiantes, no docentes y sindicatos como la CGT y la CTA. La protesta se replica en todo el país, con ejemplos como la movilización en Salta. A esto se suma la toma de colegios secundarios de la UBA, como el Carlos Pellegrini, en rechazo a la situación presupuestaria y salarial. El malestar también se expresa en el sector industrial, con conflictos en San Nicolás, Campana y Ramallo, donde el alto horno paralizado refleja la crisis “tremenda” de la metalurgia. En paralelo, los gobernadores reclaman fondos adeudados: a la provincia de Buenos Aires se le deben 1,2 billones de pesos por obras paralizadas, seguridad, jubilaciones e incentivo docente.
Las causas del malestar social se vinculan directamente al deterioro económico. Desde la asunción de Milei, las jubilaciones cayeron 14%, las pensiones por discapacidad 19% y el presupuesto universitario 31%. Los docentes universitarios han perdido más del 30% de su poder adquisitivo y, pese a la antigüedad y formación, sus salarios rondan el millón de pesos, lo que los obliga al pluriempleo: el fenómeno del “docente taxi”. La recesión profundiza la caída del consumo: el de carne está en su peor nivel en 100 años y el de leche también se desploma. Empresas como Molinos reportan apenas una recuperación lenta del consumo masivo, afectado por la pérdida de ingresos de jubilados y beneficiarios de programas sociales.
El impacto social se agrava con una crisis alimentaria en los barrios populares, donde muchos niños dependen de la escuela para comer. El cierre de comercios se multiplica y en la industria se habla ya de un “industricidio”.
La marcha universitaria de hoy visibiliza esta situación. En Buenos Aires, las columnas parten desde distintos puntos: la Facultad de Sociales desde Constitución a las 13 hs, la CGT y la CTA desde Avenida de Mayo y San José a las 14 hs. Se montó un escenario en la Plaza de los Dos Congresos para las intervenciones de autoridades universitarias y estudiantes. El carácter es federal, con réplicas en distintas provincias y un símbolo común: asistir con los colores de Argentina en defensa de la educación pública. También participa el Hospital Garrahan, sumando el reclamo por la salud pediátrica.
El contexto político agrega tensión: en Diputados se discute el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica. El resultado es incierto porque para ratificar una ley vetada la oposición necesita dos tercios de los votos presentes. El oficialismo apuesta a dividir y debilitar esa mayoría. Mientras tanto, el gobierno insiste en auditar las universidades, aunque mantiene prácticamente paralizada a la Auditoría General de la Nación, que cuenta con apenas un auditor de los siete necesarios.
La polémica se extiende al terreno de los salarios universitarios: el ministro Caputo acusó al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, de ganar 18 millones de pesos. Sin embargo, el propio Yacobitti mostró su recibo: 1.800.000 pesos como vicerrector y menos de 500.000 como docente.
El deterioro económico golpea también a las empresas. De cada diez firmas que cotizan en bolsa, solo una mejoró sus resultados; la mitad tuvo pérdidas y el resto redujo ganancias. La destrucción del empleo industrial pyme alcanza el 11%, un nivel comparable a la crisis de 2018 bajo Macri (12%) y superior a las recesiones de 2012 y 2014.
En este marco, la cadena nacional de Milei desaprovechó la oportunidad de ofrecer anuncios que pudieran modificar la realidad cotidiana. El descontento social ya no se limita a los indicadores: se expresa en las calles, en las universidades, en las fábricas y en la vida diaria de millones de argentinos.
