En 1986, en medio de una crisis económica profunda, condicionamientos externos asfixiantes y un sistema democrático todavía frágil, la Confederación General del Trabajo presentó los llamados 26 puntos. No fueron un pliego sectorial ni una lista de reclamos corporativos. Fueron, en rigor, un programa integral de país. Un intento de sintetizar, en clave democrática, una estrategia de reconstrucción nacional frente a la deuda, la desindustrialización, la subordinación financiera y el deterioro social.
Hoy, cuatro décadas después, su lectura vuelve a interpelarnos. No como pieza de museo ni como nostalgia doctrinaria, sino como experiencia política concreta de articulación del campo nacional-popular.
Un programa para ordenar la Nación
Los 26 puntos partían de una premisa clara: sin soberanía económica no hay democracia plena. Por eso abrían con la cuestión de la deuda externa, proponiendo moratoria, revisión de su legitimidad en el Congreso y rechazo a cualquier cesión de jurisdicción. En un contexto en el que el endeudamiento volvía a condicionar cada decisión estratégica, el movimiento obrero colocaba el problema en el centro del debate político.
Pero el texto no se agotaba en la deuda. Planteaba el reordenamiento del sistema financiero, la nacionalización de los depósitos bancarios, una reforma tributaria productiva, la movilización de la capacidad ociosa, un plan de vivienda popular, una estrategia exportadora con valor agregado, sustitución de importaciones y defensa de la industria de base y de punta.
Era, en términos estrictos, un programa de desarrollo nacional.
A la vez, incorporaba una dimensión institucional decisiva: la defensa de las facultades del Congreso en materia económica, el respeto al orden constitucional y la caducidad de las normas dictatoriales que seguían vigentes. En otras palabras, proponía articular soberanía económica con legalidad democrática.
El movimiento obrero como articulador
Lo más relevante de los 26 puntos no fue solo su contenido, sino su sujeto. La CGT no hablaba únicamente en nombre de los trabajadores sindicalizados. Se colocaba como articulador de un bloque social amplio: industria nacional, provincias, empresas públicas, jubilados, sistema educativo, cultura, mercado interno.
Ese gesto político es el que hoy resulta estratégico recuperar.
En los 26 puntos, el salario no era una variable de ajuste sino el motor de la reactivación. Las empresas del Estado no eran “gasto” sino instrumentos de soberanía. Las provincias no eran administraciones subalternas sino actores del federalismo económico. La educación y la cultura no eran partidas marginales sino pilares de una conciencia nacional independiente.
El documento lograba algo que hoy escasea: integrar agenda social, productiva, institucional y cultural en un mismo horizonte estratégico.
Un antecedente del campo nacional-popular en democracia
En la transición democrática, el campo nacional-popular se encontraba fragmentado: tensiones partidarias, disputas sindicales, crisis económica, presión de los organismos financieros internacionales. Los 26 puntos funcionaron como un marco programático común, capaz de ordenar debates y fijar límites.
No era un programa electoral, pero operaba como referencia política. No era una plataforma partidaria, pero estructuraba un consenso dentro del movimiento obrero y más allá de él.
La experiencia demuestra que el campo nacional-popular solo se fortalece cuando logra traducir sus demandas históricas —soberanía, justicia social, desarrollo industrial, federalismo— en propuestas programáticas coherentes y comunicables.
Actualidad de una experiencia
La etapa actual presenta diferencias evidentes con la de los años ochenta: mayor financiarización global, transformación tecnológica acelerada, reconfiguración del trabajo, concentración mediática y nuevas formas de dependencia. Sin embargo, las preguntas de fondo persisten:
¿Quién orienta el crédito?
¿Para qué se endeuda el Estado?
¿Qué lugar ocupa la industria nacional?
¿Es el salario un costo o un motor?
¿Qué rol cumplen las empresas públicas?
¿Quién define la estrategia exportadora?
La potencia de los 26 puntos reside en que no respondían con consignas abstractas sino con lineamientos concretos de política económica y social.
Recuperar esa experiencia no implica repetir mecánicamente cada formulación. Implica retomar su método: construir programa, articular actores, fijar prioridades nacionales y colocar la soberanía económica como condición de cualquier proyecto democrático.
Programa, sujeto y horizonte
El campo nacional-popular atraviesa hoy una doble dificultad: dispersión organizativa y fragmentación programática. Sin programa común, la unidad se vuelve puramente electoral. Sin sujeto articulador, el programa queda en declaración testimonial.
La experiencia de los 26 puntos muestra que el movimiento obrero organizado puede —y debe— desempeñar un papel central en esa síntesis. No como actor excluyente, sino como columna vertebral de un proyecto que incluya producción, ciencia, tecnología, cultura, pymes, economía social y provincias.
Volver sobre ese documento es volver a una pregunta estratégica: ¿cómo se construye mayoría política con base en un programa de desarrollo soberano?
En tiempos de crisis recurrentes, endeudamiento estructural y ofensivas de desregulación, la respuesta no puede limitarse a la resistencia. Requiere propuesta.
Los 26 puntos de la CGT siguen ofreciendo una lección vigente: el campo nacional-popular se fortalece cuando logra transformar la defensa de derechos en un proyecto integral de Nación. Recuperar esa experiencia —actualizarla, discutirla, ampliarla— es una tarea urgente para la etapa que atravesamos.
Los 26 puntos de la CGT
DEUDA EXTERNA
- Establecer una moratoria para el pago de los servicios de la pretendida deuda externa, en razón de la necesidad vital de aplicar los recursos nacionales a la inmediata reactivación de la economía nacional.
- Someter al Congreso Nacional, como lo establece la Constitución, la decisión sobre la naturaleza y legitimidad de la pretendida deuda externa y sobre los compromisos y plazos a negociar una vez superada la actual emergencia nacional, excluyendo terminantemente toda fórmula que implique la renuncia a la inmunidad soberana, admita jurisdicción judicial extranjera y coloque al Estado como garante total y solidario por la devolución de créditos contraídos o en gestión.
- No contraer nuevas obligaciones para pagar servicios ni admitir el crecimiento usurario de la pretendida deuda externa por recargo de intereses bancarios.
REORDENAMIENTO FINANCIERO
- Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aún por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concertación del crédito.
NACIONALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS
- Reimplantar la nacionalización de los depósitos bancarios, que son el resultado del ahorro público, para que esos recursos genuinamente argentinos sean empleados para impulsar la producción y los servicios de interés primordial del pueblo y de la Nación, a través de normas y pautas crediticias decididas por el Banco Central con participación de los sectores de la producción y el trabajo. De esta forma el sistema bancario oficial y privado será la palanca esencial de la reactivación económica.
REFORMULACIÓN TRIBUTARIA
- Impulsar una reforma impositiva que estimule la producción, libere el trabajo y desaliente la especulación.
MOVILIZACIÓN PRODUCTIVA
- Movilizar el alto margen de capacidad ociosa mediante medidas de inmediato apoyo fiscal y crediticio, condicionadas a planes efectivos de mayor producción y de preservación y aumento de los niveles de ocupación, con control de su cumplimiento.
VIVIENDA POPULAR
- Poner inmediatamente en marcha planes de construcción de viviendas mediante crédito ágil, que actúen como fuerte multiplicador de la ocupación y complementen la política de reactivación.
EXPORTACIONES
- Promover estímulos que permitan organizar corrientes sostenidas de exportaciones con alto valor agregado, consolidando la actividad económica y privilegiando el trabajo nacional.
- Impulsar un proceso de sustitución de importaciones congruente con la reactivación del aparato productivo nacional.
- Recuperar la paridad en la asignación de fletes navales y terrestres de nuestro comercio exterior, evitando la evaporación de divisas.
- Organizar la perspectiva exportadora como una estrategia nacional permanente, y no como liquidación forzada de stocks para pagar la deuda.
INVERSIÓN PÚBLICA REACTIVADORA
- Revalorizar la inversión pública con un estricto orden de prioridades para aumentar la capacidad productiva nacional y de exportación de bienes y tecnología.
ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO
- Defender el fortalecimiento y desarrollo de las empresas estructurales del Estado, destinadas a la explotación de riquezas naturales y servicios públicos, indispensables para consolidar la independencia económica y la soberanía nacional, promoviendo la participación de los trabajadores en la conducción y contralor.
DEFENSA Y RECUPERACIÓN INDUSTRIAL
- Defender y recuperar el nivel alcanzado por la Argentina en sus industrias de base y de punta, pilares fundamentales de un crecimiento económico y tecnológico nacional.
FEDERALISMO ECONÓMICO
- Asegurar la legítima, equitativa y efectiva asignación de la coparticipación de los recursos tributarios, garantizando el papel fundamental de las provincias en el desarrollo armónico de la Nación y evitando el paternalismo administrativo del gobierno nacional.
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
- Promover el apoyo al esfuerzo inversor mediante reglas claras y estables, dentro de un modelo de desarrollo nacional explícito.
ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL
- Defender el orden democrático y republicano y las facultades reservadas al Congreso Nacional en materia de signo monetario, deuda externa y presupuesto, evitando excesos de autoridad económica en negociaciones con el exterior.
LEGALIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
- Declarar la caducidad de las disposiciones dictatoriales que anularon leyes democráticas de organización sindical, contrato de trabajo y convenios colectivos, y volver al pleno imperio de las leyes democráticamente sancionadas.
- Garantizar en la práctica los derechos del trabajador establecidos por la Constitución Nacional y el funcionamiento de las convenciones colectivas.
- Preservar las obras sociales del deterioro económico-financiero producido por la caída del salario y la mora empresaria.
- Defender el sistema de obras sociales del absorcionismo oficial y propender a su recuperación mediante el cese de intervenciones.
- Normalizar el Instituto Nacional de Obras Sociales con participación de la CGT en su conducción.
- Elevar el salario de trabajadores y jubilados para asegurar una retribución justa y reactivar el consumo interno.
REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL
- Redefinir globalmente el sistema jubilatorio, reconociendo que sus recursos son salarios diferidos de los trabajadores, garantizando la participación directa de trabajadores activos y pasivos en la conducción, y exigiendo la movilidad de los haberes jubilatorios en relación con los salarios en actividad.
EDUCACIÓN Y CULTURA
- Promover una urgente reforma educativa en todos los niveles, orientada a la formación de una conciencia nacional independiente, con integración federal. Reclamar el aumento del presupuesto educativo, revalorizar la función de los trabajadores de la educación y defender los valores culturales propios, asegurando trabajo para creadores y artistas en los medios masivos de difusión cultural.
