A comienzos de la década de 1950, la economía argentina atravesaba tensiones que ponían en riesgo los logros sociales alcanzados durante los primeros años del peronismo: pleno empleo, aumento del salario real, expansión de la industria nacional y ampliación de derechos laborales. El desafío era claro: contener la inflación sin volver atrás en materia de justicia social.
Lejos de aplicar las recetas clásicas del ajuste, Juan Domingo Perón impulsó un Plan de Estabilización Económica en 1952 que combinó medidas fiscales y monetarias ortodoxas con una profunda participación popular y una conducción política centralizada del proceso. El objetivo no era “enfriar la economía” sacrificando a los trabajadores, sino reordenar las cuentas nacionales preservando el poder adquisitivo y la estructura de bienestar conquistada.
Los antecedentes: planificación y control social del mercado
Desde el Consejo Nacional de Posguerra (CNP) creado en 1944, el peronismo había identificado a la inflación como un problema estructural vinculado al desequilibrio entre la producción y el consumo, y al comportamiento especulativo de ciertos sectores empresariales. Ya entonces se planteó la necesidad de regular los precios de los artículos de primera necesidad y garantizar el acceso a la alimentación popular.
A través de la Ley de Abastecimiento de 1939, reforzada por decretos posteriores, el Estado podía fijar precios máximos y sancionar con severidad a quienes especularan. También se avanzó en el control de los salarios y en la planificación general de la economía.
El Banco Central, nacionalizado en 1946, asumió el control del crédito y de la emisión monetaria, buscando mantener la estabilidad de la moneda y dirigir los recursos financieros hacia los sectores productivos. Sin embargo, la política expansiva de la primera etapa —necesaria para reconstruir la economía nacional, mejorar el nivel de vida y fomentar la industrialización— generó presiones inflacionarias hacia fines de la década de 1940.
El aumento de los precios mayoristas en 1949 mostraba el límite de la expansión sin una coordinación más estricta entre producción, salarios y consumo. Era el síntoma de una economía que crecía rápido, pero necesitaba equilibrio interno para sostenerlo en el tiempo.
El Plan de Estabilización de 1952: equilibrio sin ajuste
La caída de la producción agropecuaria por la sequía, la escasez de divisas y el deterioro de los términos del intercambio mundial obligaron al gobierno a tomar medidas más estructurales. A partir de 1952 se lanzó un plan de estabilización económica orientado a recuperar el superávit fiscal, equilibrar la balanza de pagos y detener el aumento de precios.
a) Política fiscal y monetaria: orden sin recesión
El gasto público se redujo en torno al 23% entre 1950 y 1952, principalmente a través de una racionalización administrativa, sin desmantelar los servicios sociales. Se impuso una política de crédito controlado y se limitó la expansión de los medios de pago. Lejos de un ajuste ciego, se buscó reordenar las finanzas del Estado sin afectar la inversión pública ni el empleo.
El resultado fue una contracción monetaria moderada, que permitió contener la inflación sin hundir la economía en la recesión. Al mismo tiempo, el gobierno impulsó el ahorro interno como práctica nacional. En lugar de endeudarse o buscar capitales extranjeros, el Estado apeló a la conciencia del pueblo para financiar el desarrollo con recursos propios.
b) Política de precios y salarios: concertación social
Se creó la Comisión Nacional de Precios y Salarios, encargada de coordinar los aumentos salariales con los niveles de productividad y controlar los márgenes de ganancia. Las paritarias se fijaron cada dos años, de modo de evitar el traslado automático de aumentos de sueldos a los precios.
A diferencia de los planes ortodoxos que buscan frenar la inflación mediante la caída del salario real, el peronismo apostó a mantener el equilibrio entre los ingresos del trabajo y los precios de la producción nacional. El Estado no renunció a su rol de árbitro, y los sindicatos tuvieron un papel activo en esa concertación.
c) Política agropecuaria: equilibrio entre campo e industria
El plan también corrigió distorsiones en el sector agropecuario. Durante los primeros años del peronismo, la transferencia de ingresos del agro a la industria había favorecido el desarrollo industrial y urbano, pero en 1952 se buscó un punto de equilibrio: mejorar los precios al productor sin encarecer los alimentos en el mercado interno.
Para ello, el Estado aplicó subsidios y políticas de precios sostén, garantizando la rentabilidad de los productores sin afectar el bolsillo popular. Esta política agroindustrial integrada fue una de las claves de la recuperación económica de 1953-1954.
Participación popular y conciencia económica
Más allá de las medidas técnicas, el éxito del plan se apoyó en un profundo componente político y cultural. Perón sabía que no bastaba con ajustar las variables macroeconómicas: era necesario convocar al pueblo a una campaña de austeridad, ahorro y responsabilidad colectiva.
Desde la tribuna y los medios estatales, el gobierno impulsó una pedagogía del consumo responsable. Las familias fueron llamadas a economizar, comprar solo lo necesario y denunciar los abusos comerciales. Se promovieron las cooperativas, mutuales y proveedurías sindicales como formas solidarias de acceso al consumo.
El ahorro pasó a ser una virtud patriótica. En palabras de Perón, “cada peso que no se derrocha es una inversión en la grandeza de la Nación”. Este llamado a la austeridad popular no fue solo una imposición: fue una movilización moral y política, donde el pueblo asumió su rol como sujeto consciente del destino económico nacional.
Un bloque histórico en el poder se mantiene siempre por un equilibrio entre hegemonía y fuerza. Esto es interesante para pensar los procesos de emergencia. Se suele decir que hay que construir «confianza», en general asociando esto en particular al mercado. El plan de ajuste de Milei, por ejemplo, se basa en generar confianza del mercado, ese es el centro del dispositivo de poder y su base de sustento real. Lo que esté por fuera de ese esquema es reprimido, en el margen de la legalidad. Las marchas e incluso referentes políticos y sociales han sido el objetivo del dispositivo represivo.
En el caso del peronismo, la base del poder está en el Estado, el mercado interno y la figura de Perón. Eso genera confianza. No la del mercado, sino la de las mayorías sociales. Los trabajadores saben que si bancan el plan de emergencia, después van a volver a recuperar ingresos y por eso lo hacen propio. Quedan en el foco de las medidas de corte más represivas un segmento de los empresarios que especulan y generan ganancias con este contexto.
El plan fue implacable con los empresarios que en este contexto buscaran renta extraordinarias por la escasez. En este sentido, fueron cerrados comercios y perseguidos empresarios que se beneficiaran por la especulación.
Resultados: inflación controlada, justicia social preservada
El Plan de Estabilización de 1952 logró detener la inflación sin destruir el tejido social.
Los resultados fueron contundentes:
- La inflación se redujo al 4% en 1953 y al 3% en 1954, manteniéndose por debajo del 10% anual durante tres años consecutivos.
- La economía volvió a crecer, impulsada por el aumento de la productividad y la recuperación del agro.
- El salario real no sufrió caídas significativas; hacia 1954 ya se había recuperado a los niveles de 1949.
- Se mantuvo la participación del trabajo en la distribución del ingreso y se preservó el pleno empleo.
El Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) consolidó esta línea de política económica: soberanía en la planificación, independencia financiera y justicia social como norte. Para el peronismo, la estabilidad no era un fin en sí mismo, sino una condición para el desarrollo nacional y el bienestar popular.
Una lección presente
El caso argentino de 1952 demuestra que la estabilidad económica puede lograrse sin sacrificar a los de abajo. La clave está en la conducción política, la planificación estatal y la participación consciente del pueblo.
Mientras las ortodoxias liberales suelen usar la inflación como argumento para ajustar salarios y debilitar al Estado, Perón demostró que es posible controlarla desde una perspectiva nacional y popular, donde la economía esté subordinada a la política y el trabajo prevalezca sobre la especulación.
En palabras de aquel tiempo, “la economía nunca puede estar por encima del bienestar del pueblo”.
Una verdad que, setenta años después, conserva plena vigencia.
Perón logró controlar la inflación sin sacrificar a los sectores populares, articulando disciplina fiscal y monetaria con participación social, planificación estatal y una ética colectiva de austeridad. Su política económica, lejos de los manuales liberales, combinó rigor técnico con conciencia nacional y justicia social.
Desde los años del Consejo Nacional de Posguerra (1944), el peronismo consideró la inflación un problema que debía enfrentarse sin romper el tejido social. El objetivo era claro: bajar los precios de los productos básicos y abaratar la alimentación popular, protegiendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Para eso, se aplicaron regulaciones de precios, controles salariales y un rol activo del Estado en la economía.
La Ley de Abastecimiento de 1939, reforzada por la acción del CNP, permitió fijar precios máximos y sancionar prácticas especulativas. En paralelo, el Banco Central nacionalizado en 1946 concentró el control de la emisión monetaria, condición necesaria para mantener la estabilidad. Sin embargo, la política expansiva de los primeros años –que impulsó el consumo, el empleo y la industrialización– terminó generando presiones inflacionarias hacia 1949.
Ante ese escenario, el gobierno decidió en 1952 un Plan de Estabilización Económica que, lejos de los tradicionales planes de ajuste, buscó equilibrar la economía sin afectar los ingresos populares.
El nuevo rumbo combinó una gestión fiscal y monetaria más austera con un fuerte llamado a la conciencia nacional. El gasto público se redujo un 23% entre 1950 y 1952 y se aplicaron restricciones crediticias para evitar el sobrecalentamiento de la economía. Al mismo tiempo, el Estado fomentó el ahorro interno como pilar del desarrollo y de la estabilidad.
En materia laboral, se creó la Comisión Nacional de Precios y Salarios, encargada de vincular los aumentos de sueldos con los niveles de productividad, evitando así la espiral inflacionaria. Las paritarias pasaron a ser bianuales y se priorizó la negociación colectiva ordenada, preservando el salario real.
El sector agropecuario, clave para las divisas, recibió un trato más equilibrado: se mejoraron los precios al productor y se utilizaron subsidios para sostener los precios internos bajos. Con esto, el Estado garantizaba tanto el abastecimiento popular como la rentabilidad rural.
Pero el elemento más singular del plan fue su dimensión popular. Perón impulsó una intensa campaña de austeridad y consumo responsable, en la que el pueblo fue protagonista. Las mujeres, organizadoras del hogar, fueron convocadas a cuidar cada peso, evitar el derroche y comprar en cooperativas o mutuales. Se apeló a la denuncia de los especuladores y al ahorro como virtud patriótica.
Lejos de ser una política de ajuste, esta fue una estrategia de autodisciplina social y solidaridad económica. El éxito fue evidente: la inflación, que había escalado a comienzos de la década, descendió al 4% en 1953 y al 3% en 1954, inaugurando un trienio de estabilidad con una inflación promedio inferior al 10%.
El salario real no cayó bruscamente y, hacia 1954, se había recuperado casi al nivel de 1949. El Segundo Plan Quinquenal, orientado a consolidar la independencia económica y la justicia social, continuó esta política de equilibrio dinámico entre crecimiento, estabilidad y bienestar.
La experiencia peronista mostró que la inflación puede controlarse sin sacrificar al pueblo, si el Estado asume la conducción, la sociedad participa conscientemente y la economía se ordena en función del trabajo y la producción, no de la especulación.
Perón lo resumía así: “Queremos una economía sana, fuerte, que sirva al pueblo, no al revés.”
En tiempos donde la inflación vuelve a ser excusa para el ajuste, recordar cómo el peronismo la enfrentó con organización popular y justicia social no es solo un ejercicio histórico: es una lección vigente sobre soberanía económica.
