Aspectos económicos
La economía argentina atraviesa un momento de máxima tensión, con una estructura de financiamiento al borde del colapso y una dependencia inédita del Tesoro de los Estados Unidos, que interviene directamente en el mercado cambiario local. Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, se ha convertido en una figura determinante del tipo de cambio argentino: la venta de hasta 1.000 millones de dólares semanales sostiene un valor artificial del peso, bautizado por los operadores como el “dólar del tío Scott”. El tio Scott, un tio de esos que ni querés cruzarte en navidad porque te da escalofríos pensar sus pensamientos íntimos. Los Milei, una familia muy normal. En fin, Bessent se transformó en ministro de economía de argentina, comprando pesos de forma directa en el mercado local y complementando la intervención con un swap de USD 20.000 millones, que busca evitar un salto abrupto del tipo de cambio antes de las elecciones legislativas, aunque su efecto real es transitorio: las reservas netas siguen en caída y la dolarización de carteras continúa, a pesar del control y la inyección de divisas.
La economía se sostiene en una ancla inflacionaria insostenible. La inflación minorista de septiembre fue del 2,1%, pero la mayorista ascendió al 3,7%, reflejando una compresión de márgenes empresariales y un deterioro del ingreso real. El “dólar planchado” permite exhibir un alivio estadístico, pero traslada el ajuste a la rentabilidad y al salario. El crédito casi ha desaparecido: las tasas reales superan el 75%, y algunos instrumentos de corto plazo alcanzan el 160% anualizado, volviendo inviable cualquier inversión productiva. El consumo se contrae y las familias buscan refugio en el dólar o el trueque.
Los datos de actividad son alarmantes. Las previsiones de crecimiento del PBI se deshacen en el aire, con una recesión extendida en industria, comercio y construcción. La obra pública se paralizó y las pymes, sin crédito ni mercado, acumulan cierres. El desempleo en la Provincia de Buenos Aires se acerca a las dos cifras, siendo particularmente el desempleo juvenil donde la cifra casi llega al 20%. La inflación reprimida por el atraso cambiario anticipa un nuevo salto de precios post-electoral. En los hechos, el “dólar barato sin dólares” es la síntesis del modelo vigente.
La volatilidad financiera se refleja en la montaña rusa de esta semana de los bonos soberanos, especialmente el AL30, y en el aumento del riesgo país que a pesar de las intervenciones de Estados Unidos no baja. Los anuncios de Trump o de funcionarios norteamericanos provocan oscilaciones diarias en el valor de los activos argentinos. La recompra de deuda a cargo de JP Morgan apenas contiene la desconfianza: los flujos especulativos entran y salen con una velocidad incompatible con cualquier proyecto de estabilización duradera.
Aspectos políticos
El oficialismo llega a las elecciones legislativas del 26 de octubre con un liderazgo presidencial golpeado y un oficialismo fragmentado. Las disputas internas —entre Caputo, Karina Milei y el clan Menem, entre otros— erosionan la capacidad de gobierno. La pérdida del “invicto” electoral en Buenos Aires y las dificultades para conformar mayoría en el Congreso limitan la posibilidad de avanzar con las reformas estructurales prometidas.
El alineamiento con Estados Unidos define la política exterior y condiciona la política interna. Trump ha declarado abiertamente que el apoyo financiero continuará solo si Milei gana las legislativas, en una injerencia directa sobre la soberanía argentina. Washington busca consolidar una posición estratégica frente a China y Brasil, y Argentina aparece como laboratorio político y financiero de esa disputa global. Este tutelaje externo genera tensiones en sectores del propio oficialismo y refuerza la percepción de fragilidad institucional. El oficialismo libertario busca consolidar un tercio parlamentario de bloqueo, que le permita vetar mayorías especiales y preservar la agenda presidencial. La tensión con el PRO, debilitado numéricamente, complejiza cualquier coalición estable, aunque todo parece indicar que después del proceso electoral se darán un marco de alianza estratégico. Los gringos lo piden y la gobernabilidad mínima lo impone. Hablaría muy mal de sectores democráticos -sean del PRO, del radicalismo, gobernadores u otras fuerzas menores- que olviden estos dos meses de basureo público, con políticas públicas excluyentes, autoritarias y retardatarias.
El debate por el Presupuesto 2026 cristaliza el conflicto: mientras el gobierno insiste en el equilibrio fiscal absoluto, una amplia oposición exige cumplir las leyes aprobadas —como la Emergencia en Discapacidad o los refuerzos presupuestarios a universidades y hospitales públicos—. La calle también marca el pulso: la suspensión de esas partidas provocó movilizaciones masivas y el pedido de interpelación pública de ministros. La estrategia del Ejecutivo de negociar fuera de las comisiones formales busca ganar tiempo hasta después de los comicios, pero la conflictividad política se expande hacia todos los niveles institucionales.
El escenario político está atravesado por una crisis de representación transversal. Ningún bloque logra expresar el malestar social en forma consistente, y el sistema de partidos se desarticula en medio de la polarización y la incertidumbre económica. El resultado electoral, cualquiera sea, no resolverá el dilema central: cómo gobernar un país en recesión, con tutelaje externo y legitimidad menguante.
Aspectos sociales
En el plano social, la situación se degrada con rapidez. El 80% de la población percibe ingresos por debajo de la canasta básica, estimada en $1.160.780 en septiembre para una familia tipo. El salario mínimo equivale a menos de un tercio de ese valor. El 21,6% de los trabajadores ocupados se encuentra bajo la línea de pobreza, proporción que asciende al 40,5% entre los no registrados. En las provincias del norte y el sur, donde el Estado es el principal empleador, la desocupación y la precariedad alcanzan niveles críticos.
El salario real perdió en promedio 2,1 meses de ingresos en dos años. En el sector público nacional la caída interanual es del 35%, en los provinciales del 12%, y en los jubilados del 9%. Solo los privados formales lograron empatar el nivel de 2023, sin recuperar lo perdido. El pluriempleo y la sobreocupación son ya parte del paisaje: un tercio de los trabajadores tiene más de un empleo y trabaja más de 45 horas semanales para sostener el nivel de vida.
La pobreza infantil alcanza al 45,4% de los menores de 14 años, y la indigencia avanza incluso entre hogares con ingresos regulares. Las transferencias sociales, como la Asignación Universal, apenas logran evitar la indigencia, sin recuperar poder de compra. El 10% más rico concentra más de un tercio de los ingresos totales, consolidando una estructura de desigualdad que se profundiza con cada ajuste.
La crisis de los servicios esenciales golpea el entramado urbano y rural: aumentos de hasta 600% en tarifas y la caída de la calidad en salud, educación y transporte multiplican la conflictividad. Las movilizaciones de esta semana de trabajadores del Garrahan, docentes universitarios y del nivel escolar, jubilados y organizaciones de discapacidad expresan un malestar transversal que desborda los canales sindicales tradicionales. La emergencia en discapacidad, aún sin reglamentar, se convirtió en símbolo de la ausencia estatal y el abandono social.
El humor público se mueve entre la frustración económica y la desconfianza política. La expectativa de que el “ajuste” sería un sacrificio breve se agotó, y la promesa de recuperación se desvanece. Se consolida una percepción extendida de estafa y fatiga social, donde la resistencia cotidiana se organiza desde abajo, entre redes solidarias, comedores y colectivos autogestionados que suplen las funciones del Estado.
Otros aspectos: tecnología, soberanía y geopolítica
La dependencia tecnológica es otro reflejo de la subordinación estructural. El colapso reciente de Amazon Web Services (AWS) —que paralizó servicios financieros, bancarios y de comunicación en Argentina— demostró que el país opera como una provincia digital de Estados Unidos. El 30% del mercado global de nube pertenece a Amazon, el resto se reparte entre Microsoft y Google. La soberanía tecnológica nacional es nula: sin infraestructura propia, el Estado depende de corporaciones extranjeras incluso para funciones críticas.
Este episodio reabre el debate sobre la autonomía en datos, plataformas y software. Sin desarrollo local y sin inversión en infraestructura digital soberana, la independencia económica es ilusoria. El contraste con China —que construyó su propio ecosistema tecnológico— muestra el grado de dependencia estructural que condiciona la política nacional. La disyuntiva ya no es ideológica, sino estratégica: sin control sobre la tecnología, no hay soberanía posible.
En el plano geopolítico, el alineamiento total con Washington se interpreta como parte de una estrategia de contención del bloque chino. La Casa Blanca busca evitar que Argentina derive hacia una órbita de influencia multipolar, incluso a costa de legitimar un modelo de tutela directa sobre la política económica local. Esta relación asimétrica, más que respaldo, proyecta una dependencia sin horizonte de autonomía.
