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Aspectos políticos
Intervención integral de Estados Unidos en Argentina
La reciente intervención de Estados Unidos comprando pesos argentinos constituye un hecho excepcional en el escenario financiero internacional y, en algunos aspectos, directamente inédito. Hay solo cuatro antecedentes históricos de participación norteamericana en el mercado cambiario de otros países: en Japón en 1985, 1998 y 2011, y durante la crisis del euro en el año 2000. Sin embargo, el caso argentino inaugura una novedad absoluta: es la primera vez que Estados Unidos interviene para sostener una moneda que no pertenece al conjunto de divisas fuertes del sistema financiero internacional. Todas las intervenciones anteriores habían involucrado al yen y al euro. El peso argentino, en cambio, está lejos de ocupar ese lugar, lo que evidencia que la motivación principal de esta maniobra excede con mucho el razonamiento económico tradicional.
El verdadero motor de la intervención estadounidense es de naturaleza geopolítica. El Tesoro de Estados Unidos no lo oculta: a través de Scott Bessent, referente directo de la política económica trumpista, lo expresó sin rodeos al afirmar que Estados Unidos está dispuesto a asistir financieramente a la Argentina, pero condiciona dicha ayuda a desplazar la influencia china en el país. Antes, el esquema era inverso: Washington exigía reformas sin poner recursos, mientras Pekín ofrecía financiamiento sin imponer alineamientos políticos. La administración Trump decidió revertir esa relación de fuerzas y ahora utiliza la asistencia financiera como instrumento explícito de competencia estratégica.
China, como en su momento hizo Estados Unidos luego de la caída del patrón oro, viene desplegando swaps de monedas para internacionalizar el yuan y disputarle al dólar el lugar de moneda hegemónica. Argentina forma parte de esa estrategia a través del swap con el Banco Popular de China por 18.000 millones de dólares, de los cuales solo 5.000 millones están efectivamente disponibles como reservas activas. La intervención norteamericana se inscribe en ese tablero de disputa global por el poder monetario. Aunque desde Washington afirman que no buscan desactivar el swap con China, el nivel de opacidad de la negociación impide descartar cualquier hipótesis.
Los movimientos norteamericanos apuntan particularmente a sectores estratégicos. Washington pretende limitar la penetración china en inversiones clave vinculadas a energía, minería y tierras raras, alentando la instalación de empresas estadounidenses en esos mismos rubros bajo condiciones regulatorias preferenciales. Apunta directamente contra la presencia china en telecomunicaciones –especialmente el 5G y la expansión de Huawei–, también contra el avance chino en infraestructura energética y ferroviaria, y ya hizo saber al gobierno argentino que no tolera proyectos sensibles como la base espacial china ubicada en Neuquén ni el proyecto científico en San Juan. Este giro podría consolidarse a través de un tratado de libre comercio que incluya un régimen de inversiones semejante al RIGI, diseñado para beneficiar a grandes capitales extranjeros. También hay un plano comercial regional: mientras Estados Unidos toleraría que Argentina mantenga exportaciones hacia China, ve como una amenaza la creciente dependencia de importaciones industriales chinas en la región. El objetivo estratégico es utilizar a Argentina como plataforma de contención económica de China en América del Sur, algo que podría proyectarse también sobre otros países del Mercosur y eventualmente sobre Chile si se produce allí un cambio de gobierno.
Apunta directamente contra su presencia en telecomunicaciones –especialmente el 5G y la expansión de Huawei–, también contra el avance chino en infraestructura energética y ferroviaria, y ya hizo saber al gobierno argentino que no tolera proyectos sensibles como la base espacial china ubicada en Neuquén ni el proyecto científico en San Juan.
En términos macroeconómicos, el programa de La Libertad Avanza ya necesitó dos salvatajes en apenas seis meses: el primero del Fondo Monetario Internacional en abril, el segundo de Estados Unidos en octubre. A esto habría que sumar los dólares del campo, del blanqueo, REPOs y otras herramientas que CEPA estima en aproximadamente 80 mil millones de dólares de ingresos a las arcas públicas en un año. Más allá del número exacto, esto revela que el programa económico del gobierno es estructuralmente inconsistente y depende de un endeudamiento creciente para evitar crisis de corto plazo. Además aparece un dato político-económico de fondo: ser auxiliado por un competidor directo es mala noticia. La economía estadounidense compite con la argentina en múltiples sectores productivos, lo que anticipa que cualquier estabilización promovida desde Washington buscará consolidar la primacía de sus empresas y limitar capacidades locales de desarrollo.
A esto se suma la contradicción entre diagnósticos de Washington y del Fondo Monetario. Mientras Scott Bessent sostiene que el peso está subvaluado y que el fondo de estabilización cambiaria no tendrá pérdidas, Kristalina Georgieva afirma que la intervención permitirá acumular reservas. Ambas posiciones se contradicen, pero es posible que termine imponiéndose la mirada del Tesoro estadounidense. También queda en evidencia que la intervención desmiente la fortaleza del sistema de bandas cambiarias en estos rangos, ya que si este fuera consistente no hubiese sido necesaria una maniobra de rescate.
Los efectos sectoriales son heterogéneos. La medida favorece al gobierno en términos políticos inmediatos, pero abre conflictos hacia adentro del bloque social que lo sostiene. Un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos beneficiaría a sectores muy concentrados, como una de las principales exportadoras de acero del país. En cambio, los productores de soja y el agro pampeano no esperen ventajas: Washington ha sido explícito en que no apoyará reducciones de retenciones en un sector que compite directamente con el agro estadounidense. En la industria farmacéutica también habrá tensiones, porque la exigencia norteamericana para endurecer el régimen de patentes afectará a laboratorios locales. Y la industria automotriz enfrenta un riesgo adicional: Estados Unidos busca relocalizar empleos del sector en Detroit, lo que podría golpear a provincias argentinas como Córdoba y Santa Fe. Por su lado, China está instalando fábricas automotrices en Brasil, nuestro aliado en la materia.
Desde el punto de vista político, el acuerdo con Estados Unidos constituye un respaldo decisivo para Milei, que estaba en una situación absolutamente crítica. La lógica del entendimiento es clara: si el gobierno devalúa, pierde las elecciones; y si las pierde, vuelve una orientación política que reabra las puertas a China. Estados Unidos prefiere garantizar estabilidad cambiaria antes que enfrentar un giro geopolítico contrario a sus intereses. Al intervenir, redujo sustancialmente las chances de una corrida previa al 26 de octubre y estabilizó el dólar para evitar que la crisis económica altere el escenario electoral. El auxilio llegó además en un momento político crítico para el oficialismo, inmediatamente después de la derrota en la provincia de Buenos Aires. No obstante, esta estabilización no resuelve la vida material del votante común: evita la catástrofe cambiaria pero no abarata el asado ni frena la recesión.
La cuestión sigue abierta: cómo el gobierno va traducir un ajuste fiscal extremo en un proyecto con capacidad electoral. La propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, explicitó de manera cruel que el desafío del gobierno será combinar ajuste con futuro político. Ese dilema se expresa con más crudeza en las regiones urbanas industriales del país. El Conurbano Bonaerense, el Gran Córdoba, el Gran Rosario y Santa Fe llevan más de un año de deterioro laboral. Por el contrario, un acuerdo profundo con Washington podría agravar la desindustrialización. En paralelo, el factor China sigue siendo decisivo. Para Estados Unidos, un retorno del kirchnerismo en 2027 implicaría la consolidación del eje estratégico entre Argentina y China, lo que convierte a nuestro país en un campo de disputa global cada vez más explícito.
La dependencia del gobierno respecto de la ayuda estadounidense es tan intensa que la operación geoeconómica vino acompañada de una intervención directa en la política interna. Incluso generó tensiones dentro del oficialismo respecto de a quién debían atribuirse los méritos del salvataje: si al ala formal y diplomática vinculada a Oxenford y Werthein o al círculo libertario encabezado por Santiago Caputo, con una frontera cada vez más difusa entre lo público y lo privado, en sintonía con la estrategia habitual de Trump de utilizar operadores informales como canales paralelos de diplomacia. Prueba de ello es la aparición en escena de Barry Bennett, lobbista privado del Partido Republicano y asesor de Tactic Global, quien no integra la estructura estatal norteamericana pero actúa como emisario político de Trump. Mientras Toto Caputo negociaba en Washington, Bennett se reunió en Buenos Aires con diputados dialoguistas como Ritondo, De Loredo y Pichetto, en nombre del “gobierno de Estados Unidos”. No solo gestionó acuerdos financieros sino que intervino directamente en el armado político interno. El mensaje fue inequívoco: la ayuda dependerá de la sustentabilidad política del gobierno. Se exige construir acuerdos parlamentarios, ordenar la coalición oficialista y potenciar la figura de Santiago Caputo, eventual candidato a jefe de gabinete.
Con esta operación, el nuevo orden político argentino comienza a mostrar contornos diferentes: intervención financiera del Tesoro comprando pesos, garantía estatal norteamericana para emisiones de deuda argentina y direccionamiento de la política doméstica a través de operadores extranjeros.
La intervención de Estados Unidos alejó el riesgo de un estallido cambiario antes de las elecciones, pero el horizonte económico sigue lleno de incógnitas. Persisten fricciones entre el Fondo Monetario y el Tesoro norteamericano sobre los lineamientos del programa. Nadie sabe qué pasará con el régimen cambiario después del 26 de octubre. El gobierno podría sostener un dólar atrasado para llegar competitivo a las elecciones en un esquema de “plan platita cambiario”, pero para sostenerlo luego necesitaría reformas profundas de carácter tributario, laboral y previsional que reduzcan costos internos. Eso exige construir no solo gobernabilidad sino un bloque de poder estable con capacidad legislativa.
Reunión con Trump y… el gobierno se vino sin nada
La expectativa generada alrededor de la visita oficial ayer a la Casa Blanca se desinfló con rapidez. El encuentro bilateral no arrojó los anuncios que el gobierno argentino había sugerido o dejado trascender: no hubo confirmación concreta del swap con la Reserva Federal, ni acuerdos comerciales nuevos, ni desembolsos de inversión privada estadounidense. Pese a la espectacularidad con la que se comunicó el viaje, el resultado concreto fue prácticamente nulo y dejó tras de sí un clima de confusión política y económica.
La confusión se agravó por dos factores. El primero estuvo marcado por las declaraciones de Donald Trump, quien dijo que tienen que ganar las elecciones y desde el gobierno nacional quisieron explicar que era sobre el 2027. El mismo Trump los cortó en seco publicando a las horas una publicación en su red personal donde explicitó que se refiere a las de medio término. Su mensaje dejó en evidencia que su apoyo es condicional y explícitamente electoral: el respaldo financiero dependerá de que Milei gane las próximas elecciones para que su programa continúe. El segundo factor de ruido lo introdujo Federico Sturzenegger, quien durante una conferencia dio a entender que, después del 26 de octubre, el gobierno abandonaría el esquema de bandas cambiarias. La reacción fue inmediata: Luis Caputo intervino de urgencia para evitar un temblor financiero y obligó a Sturzenegger a “aclarar” que el sistema de bandas no desaparecerá sino que está diseñado para “abrirse” gradualmente, con un piso que baja y un techo que sube un punto mensual, preparando la transición hacia algún tipo de flotación administrada.
Todo esto no significa que no pueda «reencauzarse» la situación, hoy ya salió Bessent a decir que el salvataje va a ser por ¡40 mil millones! y volvió a intervenir en el mercado cambiario. Es probable que con eso suba la bolsa, las acciones recuperen. Lo que es claro es que el gobierno argentino está regalado y que tiene un modelo económico insostenible. También que somos un papel en el aire, que puede subir y bajar por vientos ajenos. En el medio, grandes negocios para los que manejan la «inside information». Son todos timberos
Lejos de proyectar fortaleza, la visita a Washington dejó expuesta la extrema dependencia del gobierno argentino respecto de Estados Unidos. Para diversas fuentes consultadas, la bilateral fue más un gesto de subordinación que una negociación soberana. Hoy la política económica argentina aparece condicionada por el Tesoro norteamericano mediante Scott Bessent, mientras la estrategia política y las alianzas legislativas del oficialismo comienzan a ser tuteladas por Barry Bennett, un operador republicano que ni siquiera forma parte del gobierno de Trump pero funciona como pieza clave del dispositivo de injerencia norteamericana en Argentina.
La discusión financiera ya no gira en torno a si habrá o no bandas cambiarias después del 26 de octubre. La pregunta real es a qué precio se moverán el piso y el techo de esas bandas. Nadie en los mercados confía en la actual gestión para ejecutar un salto cambiario acompañado de medidas impopulares, recorte de gastos y nuevos ajustes mientras intenta construir consensos con una base social que se achica y una estructura política que todavía no existe.
Todo esto ocurre en medio de una paradoja económica evidente: China es uno de los mayores compradores de soja argentina y el proveedor de insumos baratos que, gracias a sus importaciones, contribuye a frenar la inflación en los sectores populares. Aun así, Estados Unidos avanza, porque lo que está en disputa no es solo comercio sino poder. La intervención financiera fue el primer paso; lo que viene es un proceso de alineamiento que pretende reconfigurar la estructura económica argentina alrededor de los intereses estratégicos de Washington.
With a little help from my friends
La polémica en torno al posible rescate financiero de Estados Unidos a Argentina abrió un debate incómodo en Washington: ¿se trata realmente de una asistencia económica o de un caso de política exterior usada para favorecer a amigos e inversores financieros? Las acusaciones alcanzan al secretario del Tesoro Scott Bessent y señalan una red de relaciones que conecta a millonarios de Wall Street, el trumpismo global y el presidente argentino Javier Milei.
La denuncia más fuerte provino de la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien advirtió que el eventual paquete de 20.000 millones de dólares impulsado por Donald Trump no responde a criterios macroeconómicos sino políticos. Según Warren, el envío de fondos a Argentina busca beneficiar a “un amigo político” de Trump en plena campaña electoral y, al mismo tiempo, a un fondo de inversión del que participa el propio Scott Bessent. “Trump está usando la política exterior de Estados Unidos para ayudar a sí mismo y a sus amigos multimillonarios”, sentenció.
La prensa también reveló irregularidades potenciales. The New York Times publicó el artículo “El rescate de Estados Unidos a Argentina podría beneficiar a grandes inversores internacionales”, donde analiza cómo distintos fondos –entre ellos BlackRock, Fidelity y Pimco– quedarían en posición de ganar con la intervención estadounidense. Sin embargo, el foco se desplazó hacia inversores menos visibles pero más influyentes, como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone, ambos con vínculos históricos con Bessent desde la época en que los tres operaban bajo el paraguas financiero de George Soros.
Dentro de este entramado, el nombre que más se repite es el de Robert Citrone, fundador de Discovery Capital Management. Definido en Wall Street como “amigo personal y socio financiero de Scott Bessent”, su papel resulta clave para entender la trama.
- Un vínculo de negocios de décadas
Citrone y Bessent trabajaron juntos en el equipo de inversión de George Soros. Citrone fue quien convenció a Bessent de apostar contra el yen japonés y a favor del dólar, una jugada que generó miles de millones de dólares de ganancia. - Exposición récord en Argentina
Según declaró a Bloomberg, Argentina es hoy su principal apuesta en América Latina, representando el 60% de su portafolio regional. Pocas veces un fondo global tomó una posición tan grande en la economía argentina. - Conexión política directa con Milei y la derecha internacional
Citrone es un actor relevante dentro del dispositivo político internacional del trumpismo, particularmente en el universo neoconservador articulado en torno a la CPAC.
Además, mantiene contacto directo con Javier Milei:
- El 14 de abril viajó a Argentina en paralelo con Scott Bessent y se fotografió con Milei en la Casa Rosada.
- Participó también del primer viaje de Milei a Estados Unidos, donde se reunió con Trump y mantuvo otro encuentro reservado con Citrone.
- El 14 de abril viajó a Argentina en paralelo con Scott Bessent y se fotografió con Milei en la Casa Rosada.
El economista Paul Krugman, premio Nobel, aportó una mirada crítica: sostuvo que Citrone “fue uno de los principales promotores de la intervención de Bessent a favor de Argentina” y señaló un dato sugestivo: Citrone habría ampliado su compra de activos argentinos poco antes del anuncio de intervención de Estados Unidos. Es decir, habría actuado con información privilegiada o, cuanto menos, anticipada.
Aspectos económicos
Tasas por los aires
La intervención coordinada entre el Tesoro de Estados Unidos y el Tesoro argentino en el mercado cambiario fue presentada por el gobierno como un movimiento técnico destinado a estabilizar el dólar dentro del esquema de bandas. Sin embargo, su impacto inmediato fue otro: un violento apretón monetario que secó la plaza financiera local y empujó las tasas de interés a niveles extremos.
La escasez de pesos se volvió el dato dominante del sistema financiero. Para sostener la intervención cambiaria y evitar que la emisión se volcara al dólar, el Banco Central profundizó la absorción monetaria. El resultado fue una suba exponencial de las tasas de muy corto plazo. La tasa de caución —referencia central para el apalancamiento bursátil— llegó a tocar picos del 145%, cerrando en 129%, mientras que la caución a un día llegó al 73% TNA antes de retroceder al 50% TNA. El resto de las tasas acompañaron esta escalada: la TAMAR (tasa de pases pasivos) alcanzó 53,75% nominal anual y 69,08% efectiva, su quinto aumento consecutivo. Al mismo tiempo, la tasa repo saltó del 38,6% al 72,6% TNA en pocos días. No se trató de un movimiento marginal: fue un shock contractivo deliberado que marcó la temperatura del ajuste en curso. Distintas consultoras ya anticipan que la economía ingresó en recesión técnica en el tercer trimestre.
La intervención estadounidense logró, al menos en el corto plazo, aliviar la presión sobre el dólar oficial. En el mercado de futuros ROFEX, el dólar A3500 bajó 7,2% hasta $1.347,7, mientras que el tipo de cambio spot cayó 5% y se ubicó en $1.349, muy por debajo del techo de la banda cambiaria de $1.487,1. A pesar del feriado en Estados Unidos, el volumen negociado en futuros alcanzó USD 1.910 millones, el máximo de octubre, señal de la intensidad operativa detrás del sostenimiento cambiario.
Pero el trasfondo de este movimiento fue político. La maniobra se produjo mientras ganaba expectativa el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Washington, en el marco del alineamiento diplomático del gobierno argentino con la derecha estadounidense. Los operadores financieros interpretaron la jugada como parte de una negociación más amplia que incluiría respaldo directo a través de intervenciones cambiarias coordinadas, participación en el mercado de futuros y el acceso a una línea swap por USD 20.000 millones para cubrir vencimientos de deuda y fortalecer la posición del Tesoro. El mensaje al mercado fue claro: el programa económico se sostiene en la gobernabilidad que habilita la relación bilateral con Estados Unidos.
En paralelo, el Ministerio de Economía enfrenta uno de los desafíos financieros más delicados del año: vencimientos por casi $4 billones ($3,86 billones, en su mayoría en manos del sector privado) en una licitación que pondrá a prueba la capacidad de refinanciamiento del gobierno. La Secretaría de Finanzas, conducida por Pablo Quirno, lanzó nuevas series de Lecaps y Boncaps con vencimientos hasta enero de 2026, junto con instrumentos dollar linked. Sin embargo, la señal que llega desde los bancos es menos favorable de lo esperado: según Wise Capital, no se renovará la totalidad de los vencimientos porque las entidades priorizan liquidez para cumplir con encajes bancarios. El resultado más probable es un rollover inferior al 100%. Paradójicamente, si el Tesoro consigue refinanciar menos de lo previsto, se liberarían pesos y disminuiría la presión sobre tasas, pero si renueva casi todo, el mercado de pesos seguirá ahogado y los rendimientos permanecerán elevados.
Aun en este clima de tasas desbordadas y volatilidad, los bonos en pesos ofrecieron mejoras marginales. Pero la incertidumbre domina. El presidente de IDEA, Santiago Mignone, señaló que el mercado reaccionó de manera “sobrerreaccionada” al encuentro Milei–Trump. Una lectura parcial: en realidad, el mercado no sobrerreaccionó sino que expuso la fragilidad estructural de un esquema financiero que depende de definiciones políticas externas. Las declaraciones ambiguas de Trump funcionaron como recordatorio de esa dependencia: basta un gesto condicionado desde Washington para que suban los dólares financieros, se desplomen bonistas y acciones, y el riesgo país vuelva a superar los 1.000 puntos. Con una economía sometida a una lógica binaria entre «rescate» y «crisis», la dolarización política del país se vuelve un factor de inestabilidad permanente.
El respaldo geopolítico de Estados Unidos, lejos de estabilizar, reconfigura el mapa financiero local en un sentido regresivo. Refuerza la especulación en dólares, ahoga el crédito productivo, castiga el consumo y disciplina a la política doméstica mediante la tasa de interés como instrumento de coerción económica. Un programa de estabilización que depende de intervenciones externas y acuerdos opacos con fondos de inversión no es un programa económico: es una cesión de soberanía financiera.
Ni las grandes bancas lo bancan: Barclays y Morgan Stanley
La intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino no sólo despertó cuestionamientos políticos internos y tensiones geopolíticas, sino también dudas en el propio sistema financiero internacional. Ni siquiera las grandes bancas de inversión, usualmente alineadas con programas de ajuste ortodoxo, convalidan sin reservas el experimento económico de Javier Milei. Morgan Stanley y Barclays —dos actores clave del mundo financiero anglosajón— ensayaron diagnósticos recientes que muestran entusiasmos condicionados, advertencias explícitas y un dato central: el programa económico argentino depende menos de sus supuestos “fundamentos técnicos” que de su capacidad de producir poder político.
Morgan Stanley elaboró un reporte donde proyecta tres posibles trayectorias económicas, todas subordinadas al resultado electoral de 2025. El banco parte de un supuesto que revela la fragilidad del modelo: la economía no se ordena por reformas sino por correlación de fuerzas. En el escenario “optimista” —en el que La Libertad Avanza obtendría entre 35% y 40% de los votos— Morgan Stanley imagina un sendero relativamente estable. El dólar podría ubicarse cerca de los $1.700 en diciembre de 2025, dentro de un esquema de bandas actualizado y con desinflación gradual. El Producto Bruto Interno repuntaría un 2,5% en 2026, impulsado por un leve regreso de la inversión privada y una recomposición parcial del consumo. La inflación caería al 32% anual en 2025 y las cuentas públicas cerrarían con balance fiscal cero, con un superávit del 0,2% en 2026. Pero ese cuadro relativamente ordenado depende de un requisito político: continuidad de las reformas estructurales y control del frente legislativo.
Este punto es revelador: aun para Wall Street, la continuidad del programa no depende de su eficacia económica, sino de la capacidad de Milei para sostener poder político. Tal es la incertidumbre que, ante el riesgo de una corrida poselectoral, el Banco Central ya anticipó que aplicará feriados bancarios y cambiarios durante 96 horas después de las elecciones, en lo que constituye una admisión preventiva de vulnerabilidad: un blindaje institucional para contener la transición si el resultado electoral no satisface a los mercados.
Barclays, el banco inglés que saludó el llamado “efecto Bessent” como una ayuda “casi sin precedentes” de Estados Unidos a un país emergente, también bajó el pulgar al optimismo oficial. Aunque reconoce que la intervención del Tesoro norteamericano alivió presiones cambiarias y evitó un salto inflacionario inmediato, alerta que todo podría convertirse en un “truco de campaña” sin continuidad real. Su reporte identifica cuatro nudos de riesgo que ponen en duda la sostenibilidad del esquema.
El primero es político: la operación financiera tiene olor a maniobra electoral y, si Milei sufre un retroceso en octubre, quedará expuesta la fragilidad de un acuerdo que depende de la voluntad de Washington. El segundo riesgo es macroeconómico: un dólar atrasado para contener precios y construir clima electoral sólo acumula tensiones que desembocarán en una corrección violenta. El tercero es estratégico: si el Gobierno no convierte el auxilio externo en capital político propio, perderá rápidamente la capacidad de negociación y quedará sometido a chantajes renovados. El cuarto es institucional: el propio Barclays anticipa que, ante la escasez de reservas y la presión dolarizadora, el Gobierno podría verse obligado a reinstalar controles cambiarios temporales. Traducido: incluso la gran banca global reconoce que el libre mercado que promete Milei es inviable en la realidad argentina.
No es casual que el análisis de Barclays converja con la posición reciente del Fondo Monetario Internacional. El FMI reclama “ampliar la base de apoyo político” y “construir acuerdos” que garanticen gobernabilidad para sostener el ajuste. En otras palabras: advierte que el rumbo económico es políticamente inviable tal como está, y que la agenda de reformas necesita legitimación social y política, algo que el oficialismo no está en condiciones de construir porque concibe la política como enemiga y la intermediación social como un obstáculo a destruir.
Los reportes de Morgan Stanley y Barclays exponen el núcleo del problema: aun con tutela financiera externa, respaldo explícito de Estados Unidos, disciplina monetaria extrema y recesión como método, el programa económico argentino sigue sin construir confianza duradera. Porque la confianza no se decreta: se produce políticamente. Y el experimento libertario carece de puntos de apoyo sólidos en la estructura económica local, en el sistema político y en el mundo financiero. Si ni siquiera las grandes bancas que promueven el ajuste confían plenamente, la pregunta no es si este modelo es sostenible, sino cuánto tiempo puede prolongarse un régimen financiero sin estabilidad, sin dólares y sin mayoría social.
Aspectos judiciales
Narcofinanciamiento: el caso Fred Machado–Bullrich
El proyecto de recolonización financiera que hoy avanza sobre la Argentina no sólo se apoya en bancos de inversión, fondos especulativos y think tanks conservadores. También necesita un dispositivo de control social interno, una arquitectura represiva capaz de garantizar el ajuste y desarticular resistencias populares. Allí se inscribe el rol político de Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad y una de las operadoras centrales del gobierno en materia de disciplinamiento social. Pero en paralelo a esta función estratégica emergió un escándalo que abre grietas profundas en su legitimidad pública: la investigación por narcofinanciamiento que involucra al empresario del crimen organizado Fred Machado y Lácteos Vidal, aportante clave de la campaña presidencial de Bullrich en 2023.
La trama es directa y comprometedora. Lácteos Vidal no es una empresa más. Se trata de un emblema del discurso antisindical, antiobreros y “antipiquetes”, protagonista de un largo conflicto gremial donde no dudó en impulsar causas judiciales contra trabajadores y criminalizar la organización sindical. Bajo la fachada de “pyme productiva” defendida por el establishment mediático, Lácteos Vidal fue una usina ideológica del macrismo y luego del mileísmo, un laboratorio del proyecto de demolición de derechos laborales.
Lo que la investigación judicial revela ahora es el origen de parte de sus recursos financieros. Lácteos Vidal aportó más de 200 millones de pesos a la campaña de Patricia Bullrich. Pero esos fondos no provenían íntegramente de su actividad productiva: la empresa había recibido previamente millones de dólares del narcotraficante Fred Machado, actualmente detenido con pedido de extradición y con causas abiertas por lavado de dinero y narcotráfico internacional. El circuito es brutal en su simplicidad: dinero narco hacia Lácteos Vidal; Lácteos Vidal hacia la campaña de Patricia Bullrich. Narco capital blanqueado en política mediante una empresa “antiobrera” usada como intermediaria.
La defensa de Bullrich intenta instalar la narrativa de la “ingenuidad” o la “distancia” respecto del origen de los fondos. Pero esta nave se hunde rápido. Como ministra de Seguridad —antes y ahora— tenía pleno conocimiento de la causa judicial en curso y del prontuario de Fred Machado. Ignorar este hecho no la exculpa; al contrario, la compromete todavía más: la omisión en materia de seguridad ante un delito federal es complicidad. Más aún cuando la misma ministra fue implacable a la hora de montar persecuciones contra dirigentes sindicales, militantes sociales o trabajadores organizados, pero guardó silencio absoluto frente a una red de financiamiento electoral proveniente del narcotráfico.
El caso se vuelve aún más espeso con un dato: directivos de Lácteos Vidal visitaron oficialmente el Ministerio de Seguridad en el mismo período en que se activaron allanamientos vinculados a la investigación. No fue una relación accidental: hubo interlocución política. Hubo, en los hechos, una zona de protección. El discurso de la “lucha contra el narco” se revela, una vez más, como un relato selectivo que criminaliza la pobreza pero convive con el narcocapital cuando financia campañas de la derecha.
El escándalo no es aislado. Expone la matriz real de poder que sostiene al gobierno: ajuste económico para el pueblo, blindaje financiero para especuladores y blindaje legal para narcoempresarios aliados. El narco no es un problema externo a la política: se ha vuelto su financista. Y lo más grave es que se convierte en socio orgánico del proyecto de restauración oligárquica en Argentina.
Aspectos sociales
Ajuste, represión y resistencia social
El programa económico del gobierno ha dejado una huella profunda en la sociedad argentina, aun cuando la estabilidad cambiaria se sostiene gracias al auxilio extranjero. La percepción popular es clara: el dólar está “barato” y no caro, evidencia que se refleja en el furor de compras en Chile, mientras el tipo de cambio atrasado mantiene artificialmente el poder adquisitivo, un “plan platita cambiario” sostenido por la ancla estadounidense. Sin embargo, esta estabilidad es frágil y tiene un costo inmediato en la economía real. En septiembre, el consumo minorista cayó un 4,2% interanual, confirmando la continuidad de una recesión que se intensificó después del rescate del FMI en abril. Los ingresos de los trabajadores y jubilados se desplomaron, con una pérdida de poder adquisitivo de 34% para estatales, 31% para docentes universitarios y 12% para jubilados que incluso recibieron bonos.
La tensión social se manifestó con crudeza en Villa Río Bermejito, Chaco, una pequeña localidad de predominancia indígena de menos de diez mil habitantes, que vivió una verdadera pueblada el 14 de octubre de 2025. La protesta, motivada por el ajuste aplicado a pensiones no contributivas y recortes en asistencia social, derivó en una batalla campal donde la policía terminó refugiada en la comisaría, superada en número por los manifestantes. La población Quom de la región, afectada por la suspensión arbitraria de pensiones para personas con discapacidad y ancianos, así como por recortes en ayuda alimentaria a familias numerosas y comedores, respondió con fuerza ante la ausencia de soluciones gubernamentales durante tres meses de reclamos sin respuesta. El retiro de pensiones está vinculado a un escándalo de corrupción en ANDiS, donde se descubrió el cobro de coimas con fondos destinados a personas con discapacidad, un episodio que quedó opacado frente a otros escándalos políticos recientes.
El gobierno provincial de Zdero, aliado de Milei, eligió la represión por sobre el diálogo, activando de inmediato un protocolo antipiquetes inspirado en la gestión de Patricia Bullrich. El saldo oficial reportó más de cuarenta policías lesionados, mientras que testimonios de la comunidad relatan decenas de heridos, incluidos ancianos y mujeres indígenas. Cinco detenidos fueron liberados esa misma tarde-noche, y muchos heridos no recibieron atención médica por la falta de hospitales habilitados o por temor a represalias. Esta explosión social recuerda a los estallidos provinciales de los años noventa, como el Santiagueñazo o los conflictos de Cutral Co y Mosconi-Tartagal, marcando la continuidad histórica de la resistencia popular frente a ajustes y políticas represivas.
La conflictividad social se extendió a los ámbitos urbanos y laborales. El 14 de octubre, la CTERA realizó un paro nacional y una movilización masiva frente al Palacio Pizzurno, en defensa de la educación pública, los salarios docentes y los derechos laborales. La jornada exigió la restitución del FONID, la convocatoria urgente a la paritaria nacional, fondos para infraestructura escolar y la defensa del financiamiento educativo. Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA, dejó en claro que no permitirán que se siga ajustando sobre la escuela pública ni los salarios docentes. La movilización contó con miles de participantes de todo el país, incluyendo delegaciones provinciales, representantes estudiantiles y organizaciones sociales, y se enmarcó en la campaña internacional de la Internacional de la Educación “¡Por la Pública! Creamos Escuela”, una lucha global contra las políticas de ajuste y privatización de la educación.
El cuadro completo revela que, aunque la intervención estadounidense ha logrado contener la volatilidad cambiaria y estabilizar el tipo de cambio, el ajuste del gobierno y la caída del poder adquisitivo provocan conflictos sociales crecientes y respuestas contundentes de la población, desde las comunidades indígenas del Chaco hasta los docentes urbanos. La combinación de ajuste económico, intervención extranjera y represión social marca un patrón de gobernabilidad basado en la estabilidad financiera para sectores privilegiados, mientras se profundizan las desigualdades y se criminaliza la protesta social, consolidando un escenario de alta conflictividad estructural y resistencia popular.
Internacionales
Paz en Gaza: que Israel rinda cuentas por el genocidio y Palestina tenga justicia y tierra.
El contexto internacional muestra la espectacular irrupción de Donald Trump en Medio Oriente, en un momento en que el liderazgo de Estados Unidos se ve desafiado por China. La negociación de rehenes, llevada a cabo por figuras paraestatales como Jared Kushner y Steve Witkoff, revela un estilo personalista y directo en la política exterior estadounidense. El brutal ataque del 7 de octubre de 2023, posiblemente haya buscado dinamitar los Acuerdos de Abraham, pero las negociaciones actuales parecen estar con el foco en un posible conflicto posterior con China, en Taiwan, donde Irán puede jugar un papel estratégico a través del bloque BRICS.
El acuerdo de paz anunciado por Trump el 14 de octubre de 2025 desde Egipto, presentado como el inicio de una “era dorada de Medio Oriente”, no parece tener bases sólidas. La declaración de Trump, titulada «Una paz y prosperidad duraderas”, fue firmada por Trump, Abdel Fattah Al-Sisi, Recep Tayyip Erdoğan y Tamim bin Hamad al-Thani, mientras que ni Israel ni Hamas estuvieron presentes. El plan parece buscar salvar la posición de Netanyahu en medio del creciente aislamiento internacional de Israel, un aislamiento generado por las movilizaciones globales que repudian el genocidio y exigen responsabilizar a los genocidas y sus cómplices.
El plan de 20 puntos, que propone un protectorado internacional en Gaza, incluye una tregua con alto al fuego, la liberación de rehenes y de casi 2.000 prisioneros palestinos, la retirada parcial del ejército sionista y la entrada de ayuda humanitaria. La gestión estaría a cargo de un comité internacional con técnicos palestinos, presidido por Tony Blair, con Trump como consultor a distancia. El plan da marcha atrás en la expulsión masiva de palestinos y plantea la idea de un futuro estado palestino.
La motivación económica es evidente: la “reconstrucción de Gaza” se concibe como un fideicomiso de diez años dirigido por Estados Unidos, con beneficios para inversores cercanos a Trump, como Kushner y Witkoff, financiados por monarquías petroleras árabes. Hay que estar alerta que este “negocio millonario” pueda convertir la paz en un instrumento de lucro más que en una solución política real.
El cuarto informe de la ONU (A/80/337) de la Comisión Internacional Independiente sobre el Territorio Palestino Ocupado e Israel concluye que las fuerzas israelíes han cometido actos constitutivos de genocidio en Gaza, incluyendo asesinatos, lesiones graves, sometimiento a condiciones de existencia diseñadas para la destrucción del grupo y medidas que impiden los nacimientos. La intención de destruir total o parcialmente al grupo palestino se evidencia en el elevado número de muertos y heridos, los ataques deliberados a niños, la hambruna, la destrucción de hospitales y la negativa a permitir la salida de civiles de Gaza. Declaraciones de autoridades israelíes como Netanyahu y Herzog constituyen instigación directa a cometer genocidio.
Desde octubre de 2023, Israel ha buscado establecer un control militar permanente sobre Gaza, fragmentando el territorio mediante corredores militares que abarcan alrededor del 75% de la Franja, prohibiendo la residencia y el acceso a civiles. La destrucción de infraestructura alcanzó el 90% de los edificios en la zona de amortiguación y afectó más de 120 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, privando deliberadamente a la población de alimentos y recursos vitales. Las políticas de anexión y los intentos de migración forzada constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental, Israel ha acelerado la construcción de asentamientos, promovido la violencia de colonos con la aquiescencia militar y desplazado forzosamente a más de 33.000 personas, destruyendo más de mil viviendas. En Israel, los palestinos con ciudadanía enfrentan segregación, discriminación territorial y demolición de viviendas, especialmente en el Néguev y Galilea, mientras los asentamientos judíos se expanden.
La Comisión identifica como responsables a Yoav Gallant, Israel Katz, Bezalel Smotrich, Orit Strock, Itamar Ben-Gvir y al Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Recomienda que Israel detenga de inmediato el genocidio, finalice la ocupación, retire asentamientos y colonos, revierta políticas discriminatorias y garantice el retorno de los desplazados. Además, insta a todos los Estados miembros a cumplir sus obligaciones internacionales de prevenir y castigar el genocidio, cortar todo apoyo a Israel en violaciones del derecho internacional y exigir responsabilidades a los autores de crímenes internacionales.
La conclusión es clara: no habrá paz ni justicia hasta que Israel rinda cuentas por el genocidio, cese la ocupación y Palestina recupere su tierra, soberanía y dignidad. La movilización global y el boicot internacional se presentan como herramientas imprescindibles para avanzar hacia esa justicia histórica.
OpenAI ¿Un proyecto estratégico o un poco más de humo para la campaña?
El anuncio de OpenAI para humo. Mucho humo. Lo único que hay es una carta de intención, ningún plan de desarrollo, ningún financiamiento. En fin..
La expansión global de la infraestructura de inteligencia artificial (IA) abrió una nueva fase del capitalismo: un extractivismo digital intensivo en energía, agua y territorio, conducido por un puñado de corporaciones –Amazon, Google, Microsoft, Meta, Oracle y ahora OpenAI– que buscan controlar la arquitectura material del futuro tecnológico. Lejos del relato de innovación limpia y progreso, la IA se reveló como una industria pesada, con fuerte huella ecológica, baja generación de empleo, impactos sociales directos y captura corporativa del Estado. No es una economía del conocimiento; es economía de enclave digital.
La IA no funciona en el aire: requiere centros de datos masivos y redes eléctricas sobredimensionadas. Este despliegue avanza sin control público, bajo acuerdos confidenciales entre gobiernos locales y Big Tech. No existe registro público global sobre cuánta energía consumen, cuánta agua utilizan ni qué impacto tienen en las comunidades. La regla es la opacidad, amparada en cláusulas de confidencialidad y lobby empresarial.
Estos centros se instalan en territorios “competitivos”: energía barata, exenciones fiscales y Estados débiles. No es casual su concentración en zonas rurales empobrecidas o periferias urbanas. Los territorios se transforman en zonas de sacrificio digital: inversiones gigantes para beneficio externo y degradación social local.
El mito de que la “nube” es inmaterial cayó definitivamente. Cada consulta a un modelo de IA consume electricidad y agua. Un mega centro de datos puede gastar tanta energía como una ciudad mediana y millones de litros diarios de agua potable. Para 2028, solo en Estados Unidos, la IA podría demandar el 12% del total de la electricidad del país. Este consumo ya está forzando el regreso del carbón y la construcción de nuevas plantas de gas. La IA acelera la crisis climática, no la resuelve.
La presión hídrica es igual de grave: los servidores funcionan con sistemas intensivos de enfriamiento que consumen agua dulce. Esto genera conflictos con comunidades que sufren escasez hídrica. En regiones como Oregón o Arizona, escuelas y familias debieron limitar su consumo mientras Google o Meta recibían prioridad de abastecimiento.
El negocio se sostiene con transferencia de riqueza desde abajo hacia arriba. Las megacorporaciones reciben subsidios energéticos, infraestructura financiada con fondos públicos y contratos preferenciales. Pero el costo lo pagan los usuarios: aumentos tarifarios para financiar obras destinadas exclusivamente a centros de datos, incluso cuando el consumo familiar disminuye. Este mecanismo convierte a la población en financiadora indirecta del crecimiento de Big Tech.
La ecuación es clara: se privatizan ganancias mientras se socializan costos. Las empresas casi no generan empleo: una inversión de miles de millones deja entre 50 y 150 puestos de trabajo permanentes. El discurso del “desarrollo tecnológico” es marketing para justificar una nueva forma de extractivismo energético.
Lejos de ser celebrada, la expansión de la infraestructura de IA enfrenta resistencias sociales crecientes. En Estados Unidos, 140 movimientos comunitarios frenaron o demoraron 64.000 millones de dólares en proyectos de centros de datos. En Países Bajos, una movilización popular obligó a declarar moratoria a nuevos centros hiperescala. En México, Chile, Sudáfrica y Estados Unidos hubo litigios por agua, ruido, daños ambientales y falta de consulta pública. El patrón es el mismo: ocupación territorial sin reglas, opacidad y despojo de bienes comunes.
Esta disputa se vuelve geopolítica con el proyecto Stargate, impulsado por OpenAI y financiado junto a SoftBank, Microsoft, Oracle, Nvidia, JPMorgan y el aval político de la Casa Blanca. Se trata de la construcción de la mayor red de centros de datos del mundo, con una inversión proyectada de 500.000 millones de dólares. Su objetivo estratégico es explícito: garantizar que la IA responda a los “intereses nacionales de EE.UU. y sus aliados”. No es un emprendimiento comercial: es infraestructura de dominio.
El primer nodo ya se construye en Abilene (Texas): 875 acres expropiados, consumo proyectado de 1,2 gigavatios y solo 57 empleos permanentes. Es un laboratorio del modelo que EE.UU. quiere exportar al mundo: enclaves digitales con seguridad jurídica privada, consumo energético descomunal y subordinación territorial.
En ese marco se inscribe el supuesto desembarco de OpenAI con Stargate Argentina en la Patagonia. Presentado como “la mayor inversión tecnológica de la historia del país”, es -en el mejor de los casos- una operación clásica del colonialismo económico: control extranjero de infraestructura crítica, captura energética y exenciones impositivas por décadas mediante el RIGI.
¿Que viene a buscar OpenAI? No talento argentino. No innovación local. No desarrollo. Busca cómputo, es decir: energía. La Patagonia ofrece clima frío, gas de Vaca Muerta y eólica barata. La corporación no compite por ideas: compite por megavatios. Y el RIGI le garantiza operar sin obligaciones públicas ni control estatal, con libre giro de divisas, importaciones sin arancel y estabilidad legal por 30 años. Un país dentro del país.
El socio local, Sur Energy, es apenas un vehículo financiero para facilitar el control del territorio. No hay transferencia tecnológica ni estrategia de industria nacional. El modelo es repetido: enclave, privatización del excedente y despojo energético. Sur Energy, por cierto, es una empresa de una opacidad tal que en cualquier país del mundo sería bloqueada la maniobra. Es peligroso que en gobierno que convive con la corrupción y el narco de forma orgánica manejen de esta forma la ingeniería financiera.
La experiencia internacional es contundente: donde se permite instalar centros de datos sin regulación, suben las tarifas, colapsan las redes eléctricas, se profundiza el extractivismo y se pierde soberanía sobre infraestructura crítica. Argentina ya vivió este libreto con la megaminería y el petróleo. Ahora vuelve en clave digital.
El interrogante político es central:
¿Quién controla la infraestructura del futuro: el pueblo argentino o un consorcio corporativo transnacional?
Aceptar Stargate sin reglas sería entregar soberanía energética, territorio patagónico y recursos estratégicos al nuevo colonialismo tecnológico. El desafío es construir una agenda de soberanía digital basada en planificación pública, regulación ambiental y control democrático sobre la infraestructura crítica. Lo que está en juego no es solo internet más rápida o IA más potente: es la independencia tecnológica y energética del país.
