Contenido
Aspectos políticos
Espert y la narcopolítica avanzan
La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional marcó un punto de inflexión en el escenario político argentino. La caída de La Libertad Avanza en las encuestas bonaerenses fue un punto relevante para la decisión -que ya mostraban un retroceso de más de quince puntos-, la definición muestra un entramado mucho más denso. La retirada de Espert expuso vínculos directos con estructuras del narcotráfico, encarnadas en la figura de Fred Machado, y abrió interrogantes sobre la relación entre el poder político y una red criminal que opera cada vez más con la lógica de un Estado paralelo.
La trama comenzó a mostrar los vínculos de Machado, un narco de alcance continental, con empresarios como Cicarelli, su primo, y con la candidata libertaria rionegrina Villaverde, sorprendida en flagrancia con medio kilo de droga. Todo parece indicar que Cicarelli, conviviente de Villaverde, compartía patrimonio con ella y utilizó un esquema ya probado en Guatemala: pagarle a Espert -por lo menos- doscientos mil dólares por orden de Machado. Se sospecha que hubo más transferencias encubiertas y que la investigación judicial no debería detenerse con la renuncia del dirigente libertario. El círculo se cerraba con un detalle llamativo: Cicarelli tenía la cédula azul del auto blindado que usaba Espert, una señal de confianza y cercanía que excede lo político para adentrarse en la complicidad personal y operativa.
El modus operandi en investigación: los narcos apostaban políticamente para obtener protección, colocaban a sus aliados en lugares estratégicos y utilizaban la minería como fachada para el lavado de dinero. Esa capacidad de influir en la estructura económica les permitió a los narcos transitar de actores clandestinos a operadores con peso creciente en instancias de la vida pública, articulando negocios ilegales con instancias de poder formal.
La conexión se vuelve más grave cuando aparece el nombre de Oneto, abogado de Machado y al mismo tiempo del presidente Javier Milei. Oneto no solo representó al mandatario en causas contra periodistas o el caso Libra, También fue candidato a vicegobernador por La Libertad Avanza. El hecho de que el letrado de un narcotraficante sea, a la vez, el defensor legal del jefe de Estado, plantea un conflicto de intereses de magnitud institucional. La sombra se proyecta directamente sobre la figura presidencial y erosiona la legitimidad de su entorno inmediato.
El frente judicial suma otro capítulo decisivo: la extradición de Machado a Estados Unidos lleva más de novecientos días trabada desde la firma del procurador Casal. Oneto, otra vez, fue protagonista logrando retrasar el proceso. La dilación no parece un simple tecnicismo sino un reflejo del poder de lobby que mantiene el abogado en su doble rol de defensor de narcos y del presidente. A esto se agregan conexiones inquietantes, como el vuelo registrado de Espert y Machado a Trujillo, una base de operaciones del cartel. De manera espantosa se dan cruces de otra índole, como la simpatía libertaria de “Pequeño J”, implicado en un triple narcofemicidio, que fue encontrado en Trujillo.
Espert, un síntoma de la degradación general
La situación también roza al círculo más íntimo del poder. En la causa Libra hubo testimonios que señalaban a Karina Milei, pero nunca se secuestraron sus dispositivos electrónicos pese a que, como Secretaria General de la Presidencia, no cuenta con inmunidad. Las dudas se multiplican, y la sensación de impunidad gana terreno. A este panorama se suma el riesgo de que la desregulación sanitaria impulsada por el gobierno facilite la entrada de drogas duras como el fentanilo, con consecuencias que podrían ser devastadoras en términos sociales.
La dimensión política del escándalo va más allá de Espert. Su narrativa deshumanizante, instalada desde 2019, sirvió de antesala al ascenso de Milei, quien ha declarado sin tapujos preferir a una mafia antes que al Estado y reverenciar a Al Capone como modelo. Esa lógica libertariana, que naturaliza la ilegalidad como forma de organización, se superpone con la “sensibilidad narco” y ofrece un marco cultural donde el delito se vuelve compatible con el discurso del poder. El problema ya no es la corrupción tradicional, sino la fusión entre política y crimen organizado.
La crisis narco tiene también un costado social. El gobierno que se presentaba como la voz de los excluidos hoy es acusado de traicionarlos. La reducción drástica de las becas Progresar, que dejaron a cientos de miles de jóvenes fuera de la escuela, es una entrega de mano de obra barata a los mismos circuitos del narcotráfico que dicen combatir. El contraste es brutal: mientras se sacrifican programas de inclusión, los vínculos entre dirigentes libertarios y redes narco se vuelven cada vez más visibles.
El costo político de la renuncia de Espert es enorme. La caída en las encuestas, que llegó a los catorce puntos en la provincia de Buenos Aires, obligó a reconfigurar las listas con la incorporación de Diego Santili, un dirigente al que Milei había señalado como emblema de la corrupción. El reemplazo implicará, además, la posible reimpresión de boletas a un costo estimado en quince mil millones de pesos, cifra que profundiza el malestar ciudadano en un contexto de ajuste feroz.
La narcopolítica avanza, y con ella se erosiona la narrativa fundacional de La Libertad Avanza. El discurso anticasta pierde credibilidad cuando sus propios referentes aparecen asociados a la corrupción más extrema, aquella que no se limita a favores empresariales o desvíos de fondos públicos, sino que enlaza directamente con las economías criminales que destruyen el tejido social. El escándalo de Espert no es un hecho aislado: es la muestra palpable de una fractura en la legitimidad política y de la fragilidad de un gobierno que ya no puede disimular sus vínculos con las sombras.
Aspectos económicos
Fracaso económico y viaje a Washington para cerrar la entrega
La crisis política que sacude al oficialismo se desarrolla en paralelo a un colapso económico que muestra todas las costuras del experimento libertario. El Banco Central y el Tesoro sangran reservas a un ritmo alarmante, mientras el dólar futuro ya cotiza por fuera de la banda de flotación, lo que implica que los mercados descuentan una devaluación inevitable después de las elecciones. En pocos días el Tesoro quemó más de 1.300 millones de dólares que estaban supuestamente reservados para afrontar vencimientos de deuda en enero. La defensa artificial de la banda cambiaria se ha vuelto un agujero negro por el que se evaporan recursos escasos, sin lograr disipar las expectativas de devaluación.
En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central Santiago Bausili permanecen en Washington desde hace días negociando un salvataje con el Fondo Monetario Internacional y funcionarios del gobierno de Donald Trump. Las autoridades máximas de la economía argentina de forma permanente en Estados Unidos nos muestran el nivel de dependencia al que nos lleva este gobierno cipayo. La falta de información oficial sobre la agenda muestra una negociación trabada, sin resultados, que multiplica los rumores más bizarros. Entre ellos circula la posibilidad de que se anuncie una dolarización de la economía. Sin embargo, esa idea se revela impracticable: dolarizar requeriría al menos 300.000 millones de dólares, una suma inalcanzable para un gobierno que hoy no consigue financiamiento fresco de ninguna fuente.
El costo de sostener el tipo de cambio se vuelve cada vez más alto. En apenas cuatro días el Tesoro perdió casi mil millones de dólares de sus depósitos, sumados a los 1.500 millones ya comprometidos en el esquema de retenciones cero. Los dólares se escurren en la fuga de capitales. Analistas ya advierten que, si la sangría continúa, el gobierno se verá forzado a aplicar un “cepo”, una restricción al acceso a dólares para atesoramiento, aunque por ahora el equipo económico lo niegue.
Las condiciones que impone Estados Unidos para destrabar fondos, aún secretas, se perciben cada vez más duras. Desde Washington diversos actores consideran irresponsable entregar dinero sin un compromiso de devaluación, dado que los traders y los sectores más ricos de la Argentina están “saqueando” las reservas. Además, el apoyo norteamericano está posiblemente condicionado a la anulación del swap con China, lo que obligaría al país a devolver de inmediato los cinco mil millones de dólares ya utilizados, una cifra que no está disponible. Como telón de fondo, persiste la herida estructural de la deuda con el FMI, que acumula vencimientos crecientes y alcanza picos de casi doce mil millones de dólares en 2030. Una montaña de compromisos que convierte la deuda en un horizonte no solo impagable sino infinito.
El deterioro económico golpea de lleno en la vida cotidiana. El salario real del sector público cayó un promedio de diecinueve puntos desde la llegada de Milei, lo que equivale a una pérdida de más de ocho millones de pesos por trabajador. Los jubilados sufrieron un retroceso equivalente a casi cuatro millones, mientras que en el sector privado la caída fue algo menor, aunque igualmente significativa. El empobrecimiento se refleja en un récord de mora en las tarjetas de crédito familiares, que llegó al 6,2%, el nivel más alto en quince años. Con un consumo en retracción, una inflación que sigue corriendo por encima del 2% mensual y una actividad económica en caída libre, el cuadro se acerca a una recesión de magnitud fenomenal. La transferencia de ingresos desde los asalariados hacia sectores concentrados se consolida como el rasgo central de la etapa.
La tormenta económica y social se traduce también en un cambio en el humor del empresariado. Aquellos que en un primer momento apostaron al experimento libertario comienzan a tomar distancia. Eduardo Constantini, uno de los desarrolladores inmobiliarios más influyentes, sorprendió al elogiar públicamente a Axel Kicillof como un dirigente honesto, al tiempo que criticó a Milei por su extremismo ideológico y su deriva hacia una derecha radicalizada. Más significativo aún fue el gesto de Paolo Rocca, cabeza de Techint, que supo ser uno de los pilares del sostén económico junto a Eduardo Eurnekián y Eduardo Elsztain. En una aparición de incógnito en la Facultad de Ingeniería, Rocca defendió la necesidad de una visión de desarrollo industrial, reivindicó a las pequeñas y medianas empresas —15.000 de las cuales cerraron durante la gestión libertaria— y destacó el rol de la universidad pública como fuente de talento. Que un empresario de su envergadura asuma esa posición marca un viraje de fondo en el vínculo entre el capital concentrado y el gobierno.
La crítica recurrente de los grandes empresarios se concentra en la falta de diálogo. El gobierno no logra construir canales estables de comunicación ni generar confianza en los sectores que podrían apuntalar un proyecto productivo. La desconexión con el empresariado, sumada a la descomposición política y a la presión económica, configura un cuadro de creciente aislamiento. En la medida en que las alianzas de poder que sostuvieron a Milei comienzan a resquebrajarse, la sensación de fragilidad se profundiza.
Aspectos sociales
La euforia de Milei y la desconexión de la realidad
Javier Milei construyó su victoria electoral de 2023 sobre un “poder de comunicación” que logró sintonizar con el malestar social. Muchos sentían que, al fin, alguien hablaba su mismo lenguaje. Dos años más tarde, la escena es otra. El presidente canta haciéndose pasar por rockstar en el Movistar Arena, rodeado de su banda, los Benegas Lynch, Lilia Lemoine y otros rotos, en un show concebido como el acto central de campaña. El problema es que ahora no se trata de un outsider que denuncia al poder, sino del jefe de Estado que conduce un gobierno que se derrite en medio de la crisis. La consigna de “terminar con la casta” sonaba fresca cuando otro gobernaba mal, no cuando es toda tuya la responsabilidad.
A la vez, emergen sombras sobre la financiación de los espectáculos oficiales. La denuncia apunta a que el acto en Movistar Arena fue costeado por Kovalivker el dueño de una droguería, de donde provenían retornos para la coima del “3%” manejado por Karina Milei.
El contraste con la situación cotidiana es brutal. Mientras Milei hace gala de vivir en Narnia, la población vive el derrumbe de sus ingresos y derechos. Los obreros de Ilva, fábrica de porcelanatos, acampan en la calle tras el cierre. Magnera y Kenvue, dos plantas de Pilar, bajaron las persianas porque “ya no conviene producir acá”, y lo mismo ocurre en decenas de pequeñas industrias. El resultado es una avalancha de cesantías.
El salario se licúa antes de fin de mes, las familias abandonan prepagas, dejan de comprar remedios, la jubilación se convierte en una miseria. La política presupuestaria, además, tiene consecuencias directas: la reasignación de recursos que debía supervisar José Luis Espert —“el amigo de los narcos”— y que hoy pasó a manos de Bertie Benegas Lynch, privó a las provincias de mejores rutas. No es una cifra abstracta: detrás está el creciente número de accidentes evitables.
La batalla legislativa que viene
La pregunta central que atraviesa al mercado, al establishment y a los propios actores políticos es qué tipo de Argentina emergerá después de las elecciones legislativas. Más allá de los resultados simbólicos que impactan en el clima político y psicológico, lo decisivo es el número de bancas que el oficialismo pueda retener o conquistar en el Congreso. En juego está la posibilidad de avanzar con las reformas que Javier Milei promete desde el inicio de su mandato.
En estas elecciones se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Este último es históricamente un bastión del peronismo, por lo que la mirada está puesta en Diputados, el mayor campo de batalla. Allí, el oficialismo necesita alcanzar dos umbrales clave: el primero es el tercio (86 diputados), que le permitiría defender vetos presidenciales y evitar un eventual juicio político; el segundo es la mayoría simple (129), condición necesaria para sancionar sus reformas.
El politólogo Gonzalo Taboada sintetizó tres posibles escenarios interesante para pensar. En el primero, el más optimista para el oficialismo, La Libertad Avanza obtiene alrededor del 39% de los votos, el peronismo el 33% y Provincias Unidas el 10%. Con esa distribución, LLA llegaría a 71 diputados propios, y sumando los 24 del PRO y algunos gobernadores aliados (Chaco, Entre Ríos y Mendoza), tendría margen suficiente para asegurar el tercio que garantiza la defensa institucional. Sin embargo, incluso en este triunfo, no alcanzaría la mayoría necesaria para reformar, obligando al gobierno a negociar con Provincias Unidas o incluso con sectores de la oposición.
En el segundo escenario, de empate técnico, LLA y el peronismo rondan el 34% cada uno, con Provincias Unidas en torno al 11%. Allí, los números se vuelven más ajustados: el oficialismo alcanzaría los 66 diputados propios y debería depender por completo de la disciplina del PRO y los gobernadores aliados. El tercio para bloquear un juicio político o sostener vetos sería posible, pero mucho más costoso de conseguir en términos de negociación.
El tercer escenario, el de derrota, plantea un panorama crítico. Con el peronismo superando a Milei por cuatro puntos (36% contra 32%), LLA caería a 61 diputados. Incluso sumando al PRO, apenas alcanzaría 90 bancas, lo que significa que la defensa mínima del tercio quedaría sujeta a la volatilidad de las alianzas. El impacto político de una derrota no sería solo aritmético: generaría un debilitamiento inmediato del poder presidencial y el riesgo de que los aliados empiecen a girar hacia el peronismo.
La clave no se juega solo en el promedio nacional, sino en los distritos que concentran representación. La provincia de Buenos Aires es decisiva: un mal resultado allí obliga al oficialismo a compensar en otros territorios. Córdoba aparece como otro tablero en disputa: algunos sondeos muestran al candidato oficialista Gonzalo Roca con diez puntos de ventaja, mientras otros lo ubican empatado con el peronismo de Schiaretti. La particularidad es que compiten por el mismo electorado, de modo que el avance de uno se traduce en la caída directa del otro. En Santa Fe, en tanto, se anticipa una elección competitiva y cerrada.
