Aspectos económicos
En la economía, el panorama es preocupante. La foto actual muestra una actividad que no crece ni genera empleo. El superávit fiscal, celebrado por el mercado, se construye a costa de un ajuste feroz que difícilmente pueda sostenerse en el tiempo: para bajar la inflación, se desmanteló buena parte de la actividad. En paralelo, el ministro de Economía pasó de expresiones de canchero financiero (“si está barato, comprar campeón”) a un tono más clásico de gestión (“el dólar flota, puede subir o bajar”). Sin mejoras en la economía, hasta el estilo y las formas del presidente empiezan a importar más. Nadie imagina un oficialismo ganando con estos números, aunque la rigidez del voto antikirchnerista todavía le deja margen competitivo.
La estrategia económica del gobierno se sostiene cada vez más en gestos y puestas en escena que en resultados concretos. Las “sobreactuaciones” presidenciales apuntan a tranquilizar a los mercados y mantener al dólar bajo control, pero detrás de esa imagen se esconde un programa en creciente fragilidad, que ya no convence como antes. El horizonte financiero se acorta y la idea de que lo que inquieta a los inversores es el “riesgo Kuka” pierde fuerza: la preocupación real es la inviabilidad del propio plan.
En su intento de reafirmar confianza, Milei ha empeñado hasta su palabra final, asegurando que “me van a tener que sacar con los pies para adelante” y amenazando con penas judiciales para legisladores que voten en su contra. Un gesto que no solo tensiona la política, sino que roza el absurdo jurídico y constitucional.
La soberbia del equipo económico se refleja en episodios como el de Pablo Quirno, que respondió con insultos a financistas de Wall Street por señalar incoherencias en la política oficial. Entre esas decisiones, destaca el préstamo al FMI para volcar divisas al Banco Central a cambio de letras intransferibles sin valor real de mercado, mientras la deuda con el Fondo sí puede llevar a la quiebra. En el gabinete económico abundan exdirectivos de JP Morgan: ministro, viceministro y cúpula del Banco Central. Justo después de una suba del dólar del 10%, JP Morgan recomendó volver a la bicicleta financiera, aprovechando el momento de rentabilidad.
Las apuestas del gobierno contra una devaluación en los mercados de futuros le costaron cerca de 500.000 millones de pesos desde mayo. Frente a esto, un diputado socialista propuso un impuesto extraordinario a las ganancias especulativas en ese mercado. A la par, mientras se vetaban aumentos a jubilados, fondos para familias de personas con discapacidad y recursos para el Hospital Garrahan, MercadoLibre —a través de Marcos Galperín— recibió 51 millones de dólares en exenciones impositivas en seis meses, sosteniendo una tendencia anual de 100 millones.
Aspectos políticos
La reciente Cadena Nacional de Javier Milei no solo buscó enviar un mensaje político, sino que expuso un síntoma más profundo: el gobierno empieza a perder el control absoluto de la agenda pública. Lo que hasta hace unos meses se dictaba desde la Casa Rosada como palabra indiscutible, hoy genera menos adhesión y más ruido. El discurso presidencial tuvo un claro objetivo: reordenar y fidelizar a su base electoral —estimada entre un 30% y un 40%, con picos de hasta 44% de imagen positiva personal, frente a un 35% de aprobación de gestión—.
El mensaje central fue la promesa de no retroceder ni negociar con “la casta”, reforzando una narrativa de confrontación directa que recuerda al “chicken game”: dos autos yendo de frente a ver quién se aparta primero. El problema para Milei es que, en política, el que no se corre suele chocar.
En el plano legislativo, el balance es magro: 36 derrotas y apenas una victoria en lo que va del año electoral, y esa única victoria —un DNU— fue para habilitar al ministro Caputo a endeudar nuevamente al país con el FMI de forma irregular. Mientras tanto, los salarios universitarios quedaron congelados durante el primer semestre y, aunque la inflación muestra señales de desaceleración, sigue golpeando. Con sueldos ya recortados por la “motosierra”, la docencia quedó en el umbral de la inanición.
A esto se suma una interna que ya no es rumor —Karina Milei contra Santiago Caputo, o los Menem contra Caputo—, y amenazas presidenciales de sancionar a diputados que no acompañen sus leyes, un disparate jurídico y constitucional.
La retórica de “no negociar” contrasta con la necesidad real de tejer acuerdos. Milei ya dio pasos atrás en Mendoza y Entre Ríos para evitar derrotas electorales locales y podría necesitar más concesiones para que el Congreso funcione y los vetos no caigan.
En la oposición, el desafío es más que discursivo. Si bien las elecciones en la Provincia de Buenos Aires es el centro de gravedad necesario de la etapa, recuperar un peronismo federal se hace necesario. En provincias donde actualmente estamos con techo bajo —Córdoba, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires—, se están dando armados más amplios , con candidatos con identidad local y perfil renovador, sin cargar con la identidad “más dura”. En este contexto, nombres como Natalia de la Sota o los Michel toman relevancia. Como contraparte, no podemos licuar el perfil de lucha, claramente antimileista, ni tampoco armar coaliciones que no tengan peso propio, que no sean significativas, que no propongan alternativas. No hay lugar social para política descafeinada ni activo militante que quiera militar cosas lavadas. La contraparte puede ser agravar el ausentismo en las elecciones de medio término: un electorado desmovilizado que no perciba cambios inmediatos podría inclinar la balanza hacia el oficialismo por pura inercia.
El PRO, por su parte, vive su propio laberinto. Mauricio Macri evitó una foto con Karina Milei, es un gesto que intenta preservar autonomía pero que llega tarde y en un marco humillante. Está regalado. Guelar, otrora un hombre importante del esquema PRO, fue claro: “es un hijo de puta” le regaló por haber destruido el PRO como espacio de derecha democrática según sus parámetros. María Eugenia Vidal, al rechazar el acuerdo con el presidente, es vista como uno de los pocos gestos de “dignidad tardía” dentro del espacio.
Por último, la comunicación oficial sumó un papelón internacional con la entrevista de la excanciller Diana Mondino en Al Jazeera en la que dijo que Milei era corrupto o un pelotudo. Más allá de su impecable inglés, el episodio reflejó falta de táctica y estrategia, con frases que reavivaron su historial de declaraciones polémicas —como aquella en la que afirmó que “los chinos son todos iguales”—. Un error no forzado que erosiona la credibilidad externa del gobierno.
Aspectos sociales
La industria, la construcción y el comercio se mantienen por debajo de los niveles de 2023, e incluso de 2022, rozando los indicadores de 2021 en plena pandemia. Los sectores extractivos crecen, pero generan poco empleo. La inflación en alimentos y bebidas, según LCG, pegó un salto del 2% en apenas una semana, revirtiendo la tendencia a la baja. Los precios de autos, combustibles, productos de limpieza y cuidado personal también se aceleran.
Paradójicamente, el gobierno recurre a lo que prometió eliminar: subsidios y transferencias directas. Sin estos, la indigencia treparía del 6,9% al 11,2% y la pobreza aumentaría dos puntos. En 2024, la proporción de ingresos de los hogares más pobres que proviene del Estado se duplicó, llegando al 31% en el caso de los indigentes.
En la percepción pública, la lectura negativa de la economía supera a la positiva por 10 puntos. Incluso el Financial Times y The Economist advierten que el “experimento” liberal-libertario puede estar entrando en una fase más complicada: el desempleo y la caída del nivel de vida erosionan el apoyo social, y algunas medidas parecen más guiadas por ideología que por sentido común. The Economist se pregunta abiertamente si el peronismo podrá frenar a Milei.
Los mercados ya observan con atención dos fechas clave: las elecciones en la Provincia de Buenos Aires en septiembre y las nacionales en octubre. Una derrota dura en septiembre podría disparar una estampida inversora. Consciente de ello, el gobierno prepara todo su arsenal para la campaña, desde el uso intensivo de la imagen presidencial hasta escenificaciones de pobreza. En un primer momento incluso se evaluó una foto con Marcos Galperín en un centro de distribución de MercadoLibre, que luego fue descartada.
El oficialismo enfrenta un dilema clásico: sostener el relato de intransigencia mientras la realidad lo empuja a negociar. La economía marca límites, el Congreso impone reglas y la agenda deja de ser controlada desde Balcarce 50. En ese cruce de caminos, la Cadena Nacional fue menos una demostración de fuerza que un gesto defensivo para retener lo que todavía queda firme: su núcleo duro.
Aumento de la conflictividad social y la necesidad de ponerse al frente de las luchas populares
La conflictividad social en Argentina atraviesa una curva ascendente que no se detiene. En 2025, los niveles ya superan los de 2024, evidenciando un clima de tensión creciente. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo de la Nación celebró públicamente una supuesta baja en los paros: en junio de este año se registraron 46 conflictos laborales con paro, un 10% menos que en junio de 2024 y un 22% menos que en mayo pasado. También disminuyó la cantidad de huelguistas y de jornadas no trabajadas.
La fotografía cambia si se mira el otro indicador: las protestas sin paro —movilizaciones, cortes, bloqueos, quites de colaboración— subieron a 117 en junio, un 48% más que en el mismo mes del año pasado. El motivo es claro: ante la política represiva y las restricciones impuestas al derecho de huelga, muchas organizaciones optan por métodos alternativos de protesta. El Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos de la UBA registró 390 protestas solo en julio, un nuevo récord. Las zonas más calientes son el AMBA, el centro del país y la Patagonia.
El ajuste salarial y la pérdida del poder adquisitivo están en el corazón del malestar. El salario no alcanza para cubrir alquileres ni la canasta básica, las pensiones mínimas se desplomaron más del 32% desde diciembre de 2023, y los investigadores del CONICET denuncian caídas de más del 40% en sus ingresos. El techo impuesto a las paritarias y la falta de acuerdos alimentan el conflicto.
A esto se suman despidos masivos: en el Estado —INTA, INTI, Vialidad Nacional, Arsat— como parte del plan de ajuste y, en el sector privado, en empresas como Georgalos, Secco, Molinos, Coca-Cola en Córdoba o Shell. Muchos de ellos son “preventivos” o dirigidos contra delegados sindicales y trabajadores que denuncian irregularidades, como en el caso de contaminación ambiental en Shell. Paralelamente, varias empresas buscan avanzar en flexibilización laboral y reducción de beneficios salariales, chocando con la resistencia de trabajadores marítimos, de salud o aeronáuticos.
El desfinanciamiento golpea hospitales como el Garrahan, universidades, el CONICET y organismos técnicos. El veto presidencial a leyes que aumentaban haberes de jubilados, financiaban programas para personas con discapacidad o garantizaban recursos para la educación superior generó una ola de indignación.
Los sectores más activos en la protesta incluyen a trabajadores de la administración pública, docentes y científicos; jubilados y personas con discapacidad; operarios de alimentación, metalúrgicos, petroleros, bancarios, ferroviarios, aeronáuticos, textiles; y trabajadores rurales e informales. También se suman usuarios de servicios públicos afectados por cortes de luz, gas y otras falencias.
La respuesta oficial ha sido la represión y la criminalización de la protesta. Patricia Bullrich ha ordenado desalojos con Policía Federal, carros hidrantes y gas pimienta. Se impulsan restricciones al derecho de huelga, mientras Milei amenaza con sancionar a legisladores que no acompañen sus leyes. La estrategia gubernamental es “aguantar” hasta las elecciones de octubre, usando provocaciones y discursos distractivos para tapar un plan económico que ya fracasó para las mayorías.
El relato oficial niega el impacto real de la crisis, asegurando que la gente llega a fin de mes o que se ha sacado a millones de la pobreza, pese a que los indicadores muestran lo contrario. Sin diálogo con las bases y con cúpulas sindicales en una tregua tácita, muchos trabajadores quedan sin respaldo institucional.
La conflictividad social en Argentina crece y se diversifica. El ajuste dictado por el FMI, los despidos, la precarización y el deterioro del poder adquisitivo están empujando a amplios sectores a la calle. Frente a la represión y la intransigencia oficial, surgen nuevas formas de resistencia y organización popular que podrían marcar el pulso político de lo que resta del año.
