Aspectos económicos
La situación económica refuerza la fragilidad política. La suba del riesgo país, la caída de las acciones y la corrida cambiaria reflejan un clima de desconfianza generalizada. Ni siquiera la oferta de tasas elevadas logra contener el giro de los ahorristas hacia el dólar. Los bancos, reticentes a renovar la deuda, se ven obligados a operar bajo encajes extremos que inmovilizan el sistema financiero. La confianza del consumidor también se desplomó, confirmando que la crisis económica es percibida con nitidez por la sociedad. El intento oficial de culpar a la herencia kirchnerista pierde peso frente a la evidencia de decisiones actuales —la no compra de reservas y la liberación de liquidez— que profundizaron la inestabilidad y generaron lo que algunos definen como una verdadera “barbarie monetaria”.
El frágil esquema económico y el punto de quiebre
El gobierno arrancó su gestión con un esquema que vendía como la alternativa “menos peor” frente a la pesada herencia recibida. Con una lógica de corte estrictamente monetarista, apostó a un ajuste fiscal severo –reducción de jubilaciones, salarios, transferencias a provincias y gastos de capital–, acompañado por el corte del financiamiento monetario del déficit y el sostenimiento de los controles de capitales. Ese mix le permitió al Banco Central comprar dólares en la primera etapa, generando la sensación de un programa bajo control.
Sin embargo, la combinación de atraso cambiario e inflación que bajaba con demasiada lentitud fue debilitando el esquema. El verdadero punto de inflexión llegó a mediados de abril, cuando en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional se decidió levantar los controles de capitales a las personas, a pesar de que la Argentina no tenía acceso al crédito externo.
La dinámica tras el fin del cepo a individuos
La medida abrió la puerta a una formación de activos externos masiva: 2.000 millones de dólares en abril, 3.000 millones en mayo y 4.000 millones en junio, en ascenso. La brecha cambiaria desapareció, pero el drenaje de divisas fue inmediato. Cuando la oferta de dólares se redujo y la demanda aumentó, sobre todo en la previa electoral, el gobierno quedó obligado a sostener el tipo de cambio con tasas de interés astronómicas.
Esto derivó en una dinámica contradictoria: expansión de la base monetaria por el programa financiero, seguida por un drenaje de pesos vía encajes cada vez más altos, que golpearon la actividad.
La deuda, la ortodoxia definitiva y sus consecuencias
El problema estructural de fondo es un stock de deuda con vencimientos de muy corto plazo. Quitar el cepo sin crédito agravó esta restricción. El programa, que en su inicio tenía elementos “heterodoxos” –ajuste fiscal con expansión del crédito–, mutó en un esquema de “apretón monetario” clásico y ortodoxo, cuyo único objetivo es contener el dólar. La contracara son mayores costos de financiamiento para el Estado y un mayor deterioro de la actividad productiva.
Presión cambiaria, riesgo país y dudas hacia adelante
Pese a las tasas siderales y el aumento de encajes, la presión sobre el dólar no cede. La desconfianza en la moneda local se traduce en una demanda sostenida de divisas, mientras la oferta se achica. El Banco Central todavía no vendió reservas directamente, pero la situación luce frágil. Paralelamente, el riesgo país escaló hasta pasar los 800 puntos, complicando la posibilidad de refinanciar la deuda del año próximo.
El oficialismo apuesta a que, pasada la elección, se disipe el llamado “riesgo Kuka” y baje el riesgo país, habilitando el acceso a financiamiento externo. Pero la realidad muestra que el esquema actual solo contiene tensiones sin resolverlas. Se sostiene a fuerza de costos crecientes para la economía y con una inestabilidad que tarde o temprano pasará factura. El error estratégico de levantar los controles de capitales sin crédito disponible dejó al programa sin anclas firmes. No existe tal cosa como “riesgo Kuka” sino un programa económico sin proyección, con enormes limitaciones, costos sociales y debilidad política intrínseca.
Aspectos políticos
En el plano político, la pérdida de confianza social es evidente. El índice de confianza de la Universidad Di Tella en el gobierno se derrumbó en agosto a niveles históricamente asociados con derrotas electorales, incluso antes del estallido del escándalo por los audios vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. La relación con los gobernadores está completamente rota tras la decisión de enfrentarlos en todos los frentes, lo que dejó al oficialismo sin capacidad de negociación en el Congreso. A ello se suman tensiones en la cúpula del poder: el choque entre Guillermo Francos y Victoria Villarruel expuso la existencia de un “villarruelismo en las sombras” que marca la interna con señales de ruptura.
El derrumbe de la confianza en el gobierno
En agosto de 2024, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró una caída del 14%, ubicándose en 2,12 puntos. La magnitud del descenso sorprendió incluso a quienes siguen de cerca la coyuntura: fue calificado como un hecho “muy extraño” por su carácter abrupto, y se produjo antes de que estallara públicamente el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.
Según el relevamiento de la Universidad Di Tella, se trata del peor momento de la gestión Milei. El nivel de confianza se ubica 14 puntos por debajo del que tenía el gobierno de Mauricio Macri en la misma etapa de su mandato, justo antes de las elecciones legislativas de medio término de 2017.
Factores que explican la crisis
La baja del índice no se explica únicamente por los episodios de corrupción más recientes. Ya venía gestándose una erosión de confianza a partir de diversos conflictos: los daños políticos ocasionados por el caso del Hospital Garrahan, las tensiones alrededor de las políticas de discapacidad y la falta de respuestas en áreas sociales sensibles. Estos factores habían comenzado a horadar la legitimidad oficial antes de que el caso ANDIS ganara visibilidad.
Se trata de una crisis de confianza integral, que no es solo política, sino también económica. La pérdida de credibilidad en el rumbo del gobierno se traduce en una reacción defensiva de los actores económicos, que buscan refugio en el dólar pese a las tasas de interés extraordinariamente altas que se ofrecen para sostener el peso.
Una sociedad más sensible ante la corrupción
Otro dato clave es el cambio en la sensibilidad de la población respecto de la corrupción. En enero de 2024 apenas el 8% de las consultas registraba preocupación por el tema; en julio esa proporción ya había trepado al 12%. El aumento refleja una mayor inquietud social frente a la falta de transparencia, lo que potencia el impacto de los escándalos políticos.
Impacto regional y electoral
La caída de la confianza golpea con especial dureza en los principales centros urbanos: en la Ciudad de Buenos Aires se desplomó un 28% y en el Gran Buenos Aires un 23,3%. Este dato es decisivo: en la provincia de Buenos Aires reside el 65% del electorado nacional, y el resultado de las elecciones del 7 de septiembre se definirá en gran medida en estas regiones.
El deterioro del ICG acerca al gobierno al umbral que, históricamente, suele anticipar una derrota electoral. El oficialismo enfrenta así no solo un problema de gestión y credibilidad, sino también un serio riesgo de retroceso político inmediato.
La dimensión moral de la crisis
Más allá de la coyuntura económica, la caída en la confianza también expresa una percepción más profunda: la existencia de una crisis moral que atraviesa al propio proyecto oficialista. Esa crisis se manifiesta en políticas que afectan de manera directa a los sectores más vulnerables —como las personas con discapacidad— y en los indicios de corrupción que involucran al círculo más cercano al presidente.
Un escenario de vulnerabilidad
La combinación entre recesión, destrucción del tejido productivo y aumento del desempleo, junto con los escándalos de corrupción y la erosión de la legitimidad política, puede resultar letal para el gobierno. El desplome del ICG refleja que no solo enfrenta un problema de coyuntura, sino un cuadro más amplio de pérdida de confianza, que deja a la gestión en su momento más frágil desde la asunción.
El escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un botón de muestra del modus operandi corrupto del gobierno libertario
El caso que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estalló como uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Javier Milei, dejando al descubierto un entramado de negocios, coimas y favores políticos que afecta directamente a las personas con discapacidad.
Diego Spagnuolo, el hombre clave
La figura central es Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, abogado personal y apoderado de Milei. Según los registros oficiales de visitas, se reunió con el presidente 41 veces en la Quinta de Olivos y 48 en Casa Rosada, más que Karina Milei o Santiago Caputo, lo que evidencia la cercanía entre ambos. En un allanamiento a su casa se encontró incluso un “poder presidencial” que lo autorizaba a disponer de los bienes de Milei como propios, prueba del nivel de confianza.
Spagnuolo fue grabado sin su consentimiento en una serie de audios donde relató irregularidades internas, acusando a dirigentes libertarios de participar en un esquema de coimas y negocios vinculados a la provisión de medicamentos.
El negocio de las droguerías y las coimas para Karina Milei
Los audios de Spagnuolo señalan que existía un sistema de retornos denominado “coimas para Karina”, que pasó del 3% al 8% sobre los contratos con el Estado. La empresa clave era Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker.
Los números confirman la magnitud: la facturación de Suizo Argentina con el Estado saltó de 3.900 millones de pesos a 108.000 millones en un año, un incremento del 2.600% bajo la gestión Milei. Este aumento del gasto público es considerado parte del mecanismo de corrupción, dado que los retornos no salían del bolsillo empresario, sino del erario público.
Además, los Kovalivker son sospechados de haber financiado la campaña de Milei con 2 millones de dólares para la fiscalización del balotaje.
La red de funcionarios involucrados
Los audios y las pruebas judiciales comprometen a varios integrantes del círculo íntimo presidencial:
- Karina Milei, Secretaria General y hermana del presidente, es señalada como destinataria de las coimas. Se hallaron chats en el teléfono de Spagnuolo donde Karina le pedía avanzar con gestiones solicitadas por Eduardo “Lule” Menem. Milei la defendió públicamente, descartando su salida.
- Lule Menem, subsecretario de la Presidencia y mano derecha de Karina, aparece como intermediario. Según Spagnuolo, tuvo al menos tres reuniones con él para coordinar designaciones en la ANDIS, incluyendo a Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud, a quien describía como el que “maneja todos los curros”.
- Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, habría citado a Spagnuolo para indicarle que debía incrementar contratos con Suizo Argentina.
- Sebastián Pareja y Juan Osaba, vinculados a Karina en la provincia de Buenos Aires, fueron denunciados por Viviana Aguirre, ex PAMI La Plata, de quedarse con “del 10% en adelante de todo”, lo que sugiere un esquema de coimas sistemático.
Crueldad contra las personas con discapacidad
El aspecto más indignante del caso es que el esquema de corrupción se montó sobre medicamentos y pensiones destinadas a personas con discapacidad.
- Se denunció que existía un “premio por dar de baja pensiones”: los empleados cobraban más cuanto más personas dejaban sin cobertura.
- Una mujer con trombofilia relató que su pensión de 270.000 pesos fue suspendida sin aviso, dejándola sin medicamentos de 30.000 pesos y estudios de más de 500.000. Lo calificó de un acto de “psicópatas sin empatía”.
- Spagnuolo declaró que advirtió a la ministra Sandra Pettovello sobre las coimas y sobre Lule Menem, y que ella reaccionó quitándose de encima la administración del área, justo en el período en que pacientes murieron por falta de provisión.
La investigación judicial
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi encabezan la causa. Hasta ahora hubo 15 allanamientos, con secuestro de teléfonos, documentos, dinero y pruebas.
- A Spagnuolo se le encontró una máquina de contar billetes.
- A Emanuel Kovalivker lo detuvieron con 26.000 dólares y 7 millones de pesos en sobres, además de su pasaporte, cuando intentaba huir.
- Jonathan Kovalivker ya se había fugado; en su casa se hallaron cajas de seguridad abiertas y bandas elásticas usadas para fajos de dinero.
- La justicia confirmó la autenticidad de los audios y espera más pruebas, incluyendo un video con menciones a Luis Caputo y Patricia Bullrich.
- Los teléfonos de Españolo, Kovalivker y Garbellini contienen conversaciones con Karina Milei que ya están en manos del tribunal.
La derrota legislativa libertaria como bisagra del proceso
Las derrotas legislativas sufridas por el oficialismo marcaron un punto de inflexión en el proceso político del gobierno de Javier Milei. Su peor momento se produjo cuando seis proyectos de ley fueron votados en contra en el Senado de la Nación, hecho que significó la pérdida de “centralidad política” y expuso con crudeza las dificultades del gobierno para avanzar en su agenda legislativa. También su falta de humanidad, siendo que los proyectos eran sobre discapacidad, jubilaciones y otras temáticas sensibles.
Con minorías en ambas cámaras, Milei se apoyó desde el inicio en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y en el veto presidencial como principales herramientas de gobierno. Sin embargo, esta estrategia encontró finalmente límites cuando el Congreso comenzó a articular mayorías para frenar o revertir las iniciativas del Ejecutivo. Tarde. No había porque dejarle pasar ni el DNU 70 ni ningún cambio estructuralmente de nuestro país por simple firma. Pero finalmente se articuló cierta respuesta.
El propio presidente respondió con acusaciones de que el “Congreso está secuestrado por el kirchnerismo”, denunciando a la oposición por intentar “hacernos volar por los aires” con propuestas de mayor gasto público. Su discurso se sostuvo en la idea de blindar políticamente su programa de ajuste.
Los reveses se acumularon: el veto a la Ley de Discapacidad desató una fuerte reacción y llegó a debatirse en el Congreso y la sucesión de votaciones adversas en Diputados y el riesgo de que se “volteen todos los decretos” encendieron las alarmas en la Casa Rosada.
La situación se agravó con la estrategia de confrontación con los gobernadores, impulsada desde la Secretaría General de la Presidencia. Esa lógica de “ganarles en todos lados” terminó generando una crisis política de mayor envergadura, trasladando el conflicto al Congreso y dejando en evidencia la fragilidad del Ejecutivo. Esto muestra una perspectiva unitaria, una visión profundamente antagónica con el federalismo: un presidente que se desentiende de todo lo que corresponde a la Nación en materia de salud, educación, jubilaciones o seguridad.
Aspectos morales
Milei basurea laburantes. Golpea jubilados. Deja tirados a pibitos oncológicos en el Garrahan. Va buscando los sectores más vulnerables. Cada vez más vulnerables. No le alcanza. Tiene que bullyngnear a un pibito autista de 11 años. Después de destruir el área de discapacidad, dejar sin ámparo a miles de personas que necesitan un abrazo, encima chorea. Ahí. Es increíble. Es en el plano moral donde se concentra el núcleo más cruel de la crisis. Los audios de Diego Spagnuolo, abogado cercano al presidente y a Karina Milei, revelan una trama de corrupción estructural en torno a la discapacidad, donde los más vulnerables quedaron a merced de negociados escandalosos. Lejos de tomar distancia, Milei se abrazó a su hermana en público y desestimó las denuncias, cerrando filas con su círculo íntimo. La defensa irrestricta de Karina Milei, junto al intento sistemático de culpar al kirchnerismo incluso en temas donde no tiene vínculo alguno, refuerza la percepción de que el gobierno se victimiza mientras encubre irregularidades propias.
La crisis moral no se agota en este episodio. La trayectoria pública de Milei, marcada por insultos a mujeres, desprecio a la democracia y condescendencia hacia regímenes corruptos, se combina con un discurso cada vez más errático. Un fallido en un discurso —“están molestos porque les estamos afanando los choreos”— dejó al descubierto la sospecha de que el oficialismo no está erradicando la corrupción sino apropiándose de ella. La sombra de José Luis Espert, señalado por su relación con Spagnuolo y su presunto financiamiento electoral con fondos provenientes del narcotráfico, agrava el cuadro y expande la crisis moral hacia otros sectores de La Libertad Avanza.
José Luis Espert, el candidato libertario para la Provincia de Buenos Aires, lo financia el narcotráfico. Sí, Espert. El que presentó a Milei con Spagnuolo.
La relación de José Luis Espert con el narcotráfico constituye un capítulo revelador de la “profunda crisis moral” que atraviesa el proyecto actual. La investigación sobre su campaña presidencial de 2019 señala que el principal financiamiento provino de Federico “Fred” Machado, un narcotraficante que aportó fondos en efectivo, un avión King Air y una camioneta Jeep Cherokee blindada. Machado, arrestado en abril de 2021 en Neuquén por cargos de narcotráfico a gran escala en Estados Unidos, ya estaba bajo seguimiento de Homeland Security debido a sus vínculos con pilotos de narcosets y al uso de naves en operaciones ilegales en Sudamérica y Centroamérica.
El conocimiento de esta vinculación era amplio dentro del ámbito político y libertario: la relación de Machado con Espert era “muy conocida” y también lo sabían Javier Milei y Karina Milei. Mensajes de WhatsApp de la mesa chica de Espert confirmaban que Machado era el principal aportante y que su rol no había sido ocultado por Espert, generando cuestionamientos sobre por qué el presidente elegiría a alguien con estos antecedentes como candidato clave en la provincia de Buenos Aires.
Frente al arresto de Machado, Espert minimizó la relación, describiéndola como un “viaje compartido a Vietnam” y atribuyendo las sospechas a supuestas operaciones de rivales políticos. Sin embargo, nunca ofreció aclaraciones públicas que despejaran la gravedad de la situación, lo que incrementa la percepción de una conducta irregular.
A esto se suma la estrecha relación de Espert con Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, a quien Espert presentó a Milei y a La Libertad Avanza. Esta vinculación, inicialmente negada o minimizada, refuerza los cuestionamientos sobre la ética y la idoneidad de las figuras centrales del oficialismo.
En conjunto, la evidencia indica que Espert recibió financiamiento directo de un narcotraficante, conocimiento que circulaba dentro de su círculo político, y que mantuvo relaciones personales y políticas con figuras implicadas en corrupción. La falta de transparencia y los antecedentes de Espert ponen en discusión los valores y la integridad de los actores clave del gobierno.
