Batacazo electoral del peronismo // 10 sept 2025

Análisis de la victoria electoral

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires marcaron un freno de mano a la gestión nacional y al experimento de ultraderecha que encabeza Javier Milei. El resultado fue, al mismo tiempo, un castigo directo a las políticas de ajuste y violencia social y un reposicionamiento del peronismo como eje articulador de la oposición.

La derrota del oficialismo tuvo múltiples causas. La economía fue el centro: el bolsillo vacío, la pérdida de empleos y la caída de la recaudación en un territorio sacrificial del programa de ajuste hicieron sentir su peso en las urnas. El experimento de “disciplinamiento” financiero, con un dólar planchado a costa de la producción y el consumo, terminó siendo leído como un error estratégico. A ello se sumaron los escándalos de corrupción, en particular el de la agencia de discapacidad, que encendieron la bronca y terminaron de perforar la idea de que el gobierno representaba algo distinto a la vieja política. En paralelo, la sociedad mostró un desgaste profundo: ya no hay fascinación ni curiosidad por la figura presidencial. La propuesta de un país sin educación ni ciencia, extractivista y mercantilizado, chocó contra un rechazo cultural y político extendido.

El resultado electoral también mostró el aislamiento de un gobierno que perdió por más de trece puntos sin registro de lo que estaba sucediendo en la calle. La prensa internacional reflejó ese derrumbe con titulares que hablaron del “derretimiento” del presidente y del desplome de los mercados. La derrota, nacionalizada por el propio Milei, dejó al descubierto la fragilidad de su proyecto y la imposibilidad, al menos por ahora, de consolidar una hegemonía libertaria.

En contraste, el peronismo provincial logró capitalizar el malestar social y el voto castigo. Pese a las expectativas de un alto ausentismo, la elección bonaerense funcionó como canalización institucional del conflicto, lo que da un respiro al sistema político aunque no despeja la posibilidad de choques de alta tensión entre nación y provincia. Ni el centro político ni la izquierda lograron ocupar ese espacio, lo que refuerza la centralidad del justicialismo en el escenario que se abre.

La figura de Axel Kicillof se volvió nítida como rostro de la victoria. Su decisión de desdoblar la elección resultó un movimiento estratégico que lo colocó en una posición privilegiada dentro del debate interno del peronismo. Su triunfo no solo le otorga un lugar central en la discusión sobre el futuro del movimiento nacional y popular, sino que valida su aspiración a convertirse en una alternativa clara frente a la ultraderecha. La realidad heterogénea del actual peronismo y la polémica sobre el liderazgo -incluida la relación con el sector histórico conducido por Cristina Fernández de Kirchner- se vuelve ineludible, y abre la necesidad de construir ámbitos de unidad más amplios, espacios de representación y conducción colectiva que superen la lógica puramente electoral. Necesitamos una nueva síntesis política, no aparateos, política de rosca y mesa chica. No queremos un partido liberal, queremos un movimiento nacional y popular.

El gobernador, respaldado por la CGT, la CTA, intendentes y gobernadores de distintos signos, aparece como mascarón de proa de un frente social y político dispuesto a frenar el avance libertario. Incluso actores que han sido reticentes al peronismo, como Carrió, o gobernadores que hasta hace poco apoyaban el ajuste de Milei, como Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta), así como figuras peronistas como Osvaldo Jaldo (Tucumán), felicitaron a Kicillof y a Fuerza Patria, advirtiendo al gobierno nacional sobre el mensaje de las urnas y la necesidad de «paz social, unidad trabajo y producción». La figura de Axel crece proponiendo unidad del peronismo, ampliación a otros sectores, pluralismo y democracia en la construcción y a su vez definición clara del rumbo a tener.

La derrota, con un blanco claro en la figura presidencial, deja abierto un interrogante decisivo: cómo logrará Milei sostener su gestión, contener la interna feroz en su espacio y enfrentar a un “dios mercado” que ya no le perdona inconsistencias. Aunque prometió una autocrítica, también anunció que no modificará un ápice de su programa económico y que, por el contrario, acelerará las reformas más antipopulares. En este marco, no puede descartarse que lo que hoy se expresa como debilidad electoral se transforme mañana en una crisis institucional sin retorno.

Lo que aparece con fuerza en la coyuntura es una situación de empate hegemónico. Las diversas fuerzas políticas han demostrado su capacidad para bloquear y vetar proyectos, pero ninguna logra imponer de manera duradera el propio. Es una relación de fuerzas estructural que ya hizo naufragar a Mauricio Macri, que paralizó la gestión de Alberto Fernández y que ahora le marca un límite al experimento de Javier Milei.

El triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires muestra un momento de iniciativa del peronismo, pero no despeja la tendencia de una crisis de representatividad que se viene profundizando. El voto no borra la distancia entre las instituciones y las mayorías sociales. De allí que la tarea principal sea sostener la conexión con esa realidad dura, ser escudo y red frente al ajuste, construir esperanza en medio de la adversidad. Ampliar la convocatoria, multiplicar los vínculos con las luchas sociales, mantener la presencia en la calle y, al mismo tiempo, pensar propuestas programáticas capaces de romper este empate hegemónico en beneficio de los sectores nacionales.

La derrota bonaerense del mileísmo resignificó, además, el lugar de las movilizaciones que lo enfrentaron. Aquello que desde el oficialismo se despreciaba como marchas sin impacto terminó siendo parte de la acumulación política que preparó el escenario: jubilados que no aceptaron resignarse, trabajadores del Hospital Garrahan, colectivos de personas con discapacidad, el movimiento universitario, el feminismo y la diversidad. Las calles que parecían sin efecto resultaron ser el suelo firme sobre el cual se desplegó el rechazo electoral. Siempre hemos destacado la presencia personal y política de Axel en todas y cada una de estas movilizaciones.

Mientras tanto, el establishment busca alternativas. No rompe con Milei, pero tantea opciones de recambio: se habla de un “mileísmo con buenos modales” que puede ser Villarruel, gobernadores del interior u otras alternativas. Una ingeniería política que intenta preservar el núcleo duro del ajuste, pero sin el desborde estridente y sin la erosión que genera un liderazgo personalista y errático.

El retroceso electoral fue contundente: la alianza oficialista perdió alrededor de un millón y medio de votos respecto a elecciones anteriores. La caída no se tradujo mecánicamente en un corrimiento hacia otras fuerzas, sino en un salto hacia la abstención. En total, hubo dos millones de personas más que no concurrieron a votar, además de un notable incremento de votos en blanco y anulados, más de 426 mil en comparación con 2021. Este dato refuerza la hipótesis de que el oficialismo perdió su caudal sobre todo hacia la desafección política y el desencanto.

El fenómeno revela, una vez más, la crisis de representación que atraviesa el sistema. El peronismo -no sin dificultades- conserva un hilo de conexión con su base social, mientras que el experimento libertario se desplomó en aquellos sectores populares y de clase media baja que habían visto en Milei una salida a la decadencia. Allí donde antes había expectativa, ahora prevalece desilusión, bronca y distancia con un gobierno que se muestra incapaz de mejorar la vida cotidiana.

La crisis electoral encendió las tensiones en la propia coalición oficialista. La disputa central gira en torno al plan económico y al esquema cambiario. Milei insiste en no mover “un ápice” de su receta, a la que presenta como verdad científica, sin considerar el desgaste social que produce ni el límite de aguante de una población castigada. Caputo, por su parte, advierte que el corset monetario es una cárcel para la gestión. 

En este marco, el gobierno intentó mostrar una respuesta política con la creación de una “mesa política”. Sin embargo, la novedad resultó apenas un reacomodo interno para administrar disputas entre facciones. Karina Milei y Lule Menem por un lado, Santiago Caputo por el otro: la mesa aparece más como mecanismo de contención que como estrategia real, sin referentes cercanos a Caputo, lo que ya desató nuevas tensiones.

Las señales de fractura son múltiples. La presencia de Santiago Caputo en el búnker, a la derecha de Milei, llamó la atención porque terminó ocupando un lugar central en un armado que no le responde. A la vez, fue notoria la ausencia del jefe de Gabinete, atribuida a un problema familiar, pero interpretada como síntoma de descoordinación. Desde el círculo más cercano a Caputo se multiplican las denuncias de traiciones internas, fallas de fiscalización y falta de fondos para la campaña. En paralelo, se recrudece la pregunta que desvela a la militancia libertaria: si no logran penetrar en el voto peronista, ¿qué sentido tiene haber sellado una alianza con la “casta”? Los trolls de Caputo tipo el Gordo Dan creen que de haber sido ellos los candidatos hubiesen tenido mejores números. Tenemos que advertirlos frente a esa tentación. Las causas de esta paliza son estructurales, no cambian demasiado con una u otra cara. Y.. Posiblemente tenían aún menos votos.

Los deslices en redes sociales completan el cuadro. Desde un concejal suplente que ridiculizó a Patricia Bullrich y Karina hasta Bondarenko, el candidato más importante de LL en las elecciones, exponiendo que su propia madre jubilada no llega a fin de mes, las intervenciones virtuales se volvieron munición contra la coalición. La facción de los hermanos Menem también denunció operaciones en su contra, incluyendo un video editado que buscaba mostrar un supuesto desaire presidencial. Pero todo esto ocurre tarde: las listas ya están cerradas y la posibilidad de corregir errores es prácticamente nula.

La elección bonaerense dejó una conclusión difícil de eludir: no se gana con una política de ajuste que castiga a la mayoría. La sociedad, en particular la clase media baja y los asalariados, sintió en carne propia el efecto de un plan económico que no ofreció alivio ni promesas cumplidas. El desencanto con Milei se hizo evidente y las encuestas reflejan que más de la mitad de la población considera que sus medidas no traerán otra cosa que más pobreza.

El rechazo popular se amplificó con la reacción negativa de los mercados. La derrota no solo fue política, también fue económica: el dólar subió y se reabrió la duda sobre la capacidad del gobierno para sostener su esquema cambiario sin pedir ayuda externa. Lo que antes se vendía como un programa con respaldo financiero sólido quedó en cuestión, y con ello se resquebrajó el relato de que la disciplina del ajuste garantizaba estabilidad.

La campaña hacia octubre se presenta cuesta arriba. Con apenas seis semanas por delante, no parece haber margen para revertir la tendencia, aunque no hay por qué cerrar ninguna alternativa en un escenario de tanta incertidumbre y con elecciones tan diferentes entre sí.

Los resultados en los municipios también mostraron los límites del oficialismo. En Tres de Febrero, el candidato del PRO, Diego Valenzuela, no logró aportar votos adicionales a La Libertad Avanza: se quedó en la misma cantidad de sufragios que en 2023. Vicente López fue la única excepción, con Soledad Martínez rozando el 55% de los votos, lo que marcó el mejor desempeño para la alianza, aunque sin capacidad de irradiar hacia el resto del conurbano. El dato más contundente, sin embargo, es que ningún intendente de La Libertad Avanza logró imponerse, confirmando la debilidad territorial de un espacio que se pretendía en ascenso.

Economía en crisis y una caja de herramientas vacía

Las repercusiones del resultado fueron inmediatas: los mercados reaccionaron con un desplome de acciones en Wall Street, un salto del riesgo país por encima de los 1100 puntos y un dólar que llegó al techo de la banda acordada con el FMI. El Banco Central se vio obligado a intervenir con fuerza en el mercado de futuros, acumulando apuestas por casi seis mil millones de dólares, lo que significó pérdidas diarias de magnitud. Todo esto en un contexto de reservas exiguas, que ni la supercosecha ni el blanqueo lograron engrosar: los dólares que entraron se evaporaron en la fuga hacia el atesoramiento privado.

El panorama financiero que se abre tras la derrota es particularmente delicado. Los vencimientos acumulados hasta fin de año, incluyendo compromisos con organismos multilaterales, superan los 2.500 millones de dólares, a los que se suman otros 4.200 millones en enero próximo. En total, la deuda registrada entre letras y bonos asciende a 44.100 millones de dólares antes de que termine 2025, un nivel que luce absolutamente impagable. Aunque se espera que Caputo busque cubrir al menos los vencimientos inmediatos, el año próximo aparece como un horizonte mucho más complejo, con obligaciones que rondan los 26.000 millones de dólares.

La política económica, presentada como una receta científica inapelable, está en crisis. El intento de aplastar el dólar al piso de la banda, las tasas que triplican la inflación, la estatización de hecho del sistema bancario con encajes desmedidos y el desarme mal administrado de las LEFI se convirtieron en un golpe letal al nivel de actividad. El propio oficialismo reconoce que la provincia de Buenos Aires fue usada como territorio sacrificial de este experimento, con la industria, el comercio y el agro resentidos, caída de la recaudación y un ajuste que no trajo beneficios a los sectores asalariados ni a la clase media baja. 

En este marco, las tensiones internas del gobierno se multiplican. Entre el presidente y su ministro de Economía se abren diferencias sobre el manejo cambiario y monetario, al que algunos describen como una cárcel autoinfligida. Caputo aparece debilitado, en parte por decisiones que habrían sido impuestas desde la Casa Rosada y en parte por el desgaste de un programa que no da resultados. La emisión de mensajes contradictorios desde distintos despachos y hasta la utilización de un “bot de Milei” para replicar discursos profundizan la percepción de improvisación.

Frente a este escenario, el gobierno evalúa medidas de emergencia para frenar la pérdida de reservas. Entre ellas, la posibilidad de reinstalar un límite estricto a la compra de dólares para personas físicas, por ejemplo de 500 dólares mensuales. Sin embargo, una medida de este tipo abriría de inmediato una fuerte brecha cambiaria, que podría llegar al 50% con un dólar paralelo cercano a los 2100 pesos, y generaría nuevas tensiones inflacionarias. Más que el impacto en los precios, que se considera atenuado por el actual parate económico, lo que preocupa es el golpe que esto significaría para la actividad productiva, ya castigada por la recesión.

El conflicto social crece, los casos de la semana

De manera paralela, la conflictividad social se viene incrementando, con un escenario atravesado por la posibilidad de nuevos vetos presidenciales y una creciente ola de despidos. Dos leyes aprobadas con amplio respaldo en el Congreso –la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica– colocan al gobierno de Milei ante una disyuntiva que puede abrir un frente de protesta aún más masivo. La primera establece la reapertura de paritarias, un fondo de 10.000 millones de pesos y la garantía de becas y financiamiento, mientras que la segunda apunta al aumento de recursos para hospitales pediátricos como el Garrahan, la recomposición salarial del sector y la derogación de medidas que habían precarizado el sistema de residencias médicas.

El eventual veto presidencial tendría un costo político inmediato: se anticipa un fuerte rechazo social, con una nueva Marcha Universitaria de gran envergadura y la posibilidad de que el Congreso insista en su sanción por mayoría especial. La CONADU ya resolvió convocar a un paro nacional y a una Marcha Federal al día siguiente de un eventual veto, mientras que los decanos de las facultades de la UBA han reclamado públicamente la promulgación de la norma, señalando la crítica situación que atraviesan la universidad y sus trabajadores. Organizaciones estudiantiles y gremiales habían advertido desde semanas atrás que responderían con una movilización de carácter federal. El plazo constitucional para que el Ejecutivo decida vence el 11 de septiembre, y todo indica que la oposición cuenta con los votos necesarios para sostener, al menos, la ley de emergencia pediátrica.

La crisis laboral se profundiza con conflictos que reflejan el impacto directo del ajuste. En Río Tercero, los trabajadores de la petroquímica PR3 mantienen tomada la planta tras casi un año de conflicto y más de 300 despidos. Denuncian un lock out patronal y la liquidación irregular de sus salarios. En Pilar, el cierre repentino de la fábrica Ilva Porcellanato dejó en la calle a 300 empleados que habían aceptado rebajas salariales y participado en la instalación de nuevas líneas de producción. A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, la empresa avanzó con los despidos, enviando telegramas incluso a personal con décadas de antigüedad. Los trabajadores sostienen un acampe frente a la planta a la espera de una audiencia clave.

En conjunto, estos episodios muestran una sociedad en creciente estado de tensión, donde la combinación de recortes, cierres de fábricas y amenazas a derechos básicos como la salud y la educación pública anticipa un ciclo de protesta ascendente. El malestar que ya se expresó en las urnas amenaza con trasladarse a las calles, poniendo a prueba la capacidad del gobierno para sostener su programa de ajuste en un clima de creciente movilización social.